“El problema más grave está en los posgrados porque hay una amplia oferta de muy baja calidad”.
En las últimas semanas, la institución universitaria ha estado en el ojo de la tormenta y en la lengua del escándalo. Se han conocido los plagios y la irrelevancia académica de la tesis del presidente Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes; se ha revelado el enorme y rentable mercado ilegal de tesis; se ha confirmado que no hay correlación entre el descomunal número de tesis de una institución y sus publicaciones académicas en revistas indexadas.
Hay que reconocer que la Ley Universitaria y la Sunedu han generado cambios positivos, pero insuficientes, pues todavía el sistema universitario peruano posee enormes diferencias de calidad, problemas de acceso y cobertura, y está permeado, en parte, por malas prácticas individuales e institucionales.
Inmediatamente después del proceso de licenciamiento, seguía la acreditación de los programas de licenciatura, maestría y doctorado. Sin embargo, por la reorganización y debilidad del Sineace, este proceso marcha lento. El problema más grave está en los posgrados porque hay una muy alta demanda de ellos, como una vía hacia mejoras laborales, y una amplia oferta de muy baja calidad, pero que ha garantizado por décadas el grado de magíster y de doctor, rápido y sin mayor esfuerzo. No es amor al conocimiento, sino al cartón.
El proceso de acreditación de los posgrados es urgente y debe considerar principalmente la originalidad y relevancia de la investigación que generan. Así, los que no cumplan con estos estándares deben desaparecer. Otra posibilidad es que, de acuerdo con el ranking de Sunedu, solamente se permita que el tercio superior de universidades ofrezca doctorados; el segundo tercio, maestrías; y el último tercio, solo licenciaturas.
Por otra parte, este Gobierno populista apuesta por la masificación y la guerra contra el mérito mediante el ingreso libre. Así, las universidades públicas van a tener que realizar el filtro selectivo en sus primeros ciclos, con los costos económicos y académicos que esto acarrea. Sin duda, puede ampliarse el acceso, pero no con medidas antitécnicas, sino con gratuidad y calidad entrelazadas, con un programa de becas masivas focalizadas en carreras estratégicas. Hoy, Beca 18 no cumple con esa tarea.
Otros problemas centrales son la distribución territorial asimétrica de la universidad, una sobreoferta de carreras de Derecho, Administración y Educación y un escaso interés entre los jóvenes por carreras clave para el desarrollo científico y tecnológico del país. No tenemos suficientes profesores-investigadores ni universidades con características específicas para las urgentes demandas de las regiones. En el Perú, los egresados de universidades ingresan al mundo laboral en condiciones de subempleo invisible (25,7%) e informalidad (40,4%). Y más del 15% está desempleado (III Informe Bianual, Sunedu, 2022).
En síntesis, hay que volver a pensar el diseño de la universidad en un mundo global donde el conocimiento circula digitalmente y la inteligencia artificial está cambiando dramáticamente el mundo laboral actual. Por eso, hay que enfrentar la contrarreforma universitaria iniciada en el Congreso, que solo garantiza informalidad y oprobio.
“¿Se requieren mejoras en la Sunedu? Sí, pero estas mejoras distan mucho de los cambios aprobados por el Congreso”.
Veinte años atrás, un grupo de académicos como Krücken, Ramírez y Levy señalaron que la universidad como institución se estaba transformando en un actor organizacional en una industria caracterizada por la heterogeneidad y la rivalidad (por cuotas de mercado). Un actor que, por su propia naturaleza, cuenta con dos atributos importantes: ofrece un servicio (bien) de confianza, cuya calidad y utilidad es difícil de medir por su usuario o beneficiario, y es altamente especializado, condición que demanda que sea gobernado y gestionado por un cuerpo profesional altamente calificado en la materia.
Por ello, la educación universitaria requiere con urgencia de una entidad reguladora de calidad, por el bien del sector, los estudiantes, sus familias y nuestro país. Una entidad que responda a dos criterios fundamentales: ser independiente de los intereses de los regulados y ser altamente especializada, a cargo de académicos y científicos de primer nivel nacional e internacional.
¿Se requieren mejoras en la Sunedu para ello? Sí, por supuesto. Pero estas mejoras distan mucho de los cambios aprobados por el Congreso, sea cual fuera el pretexto usado para ellos.
Necesitamos fortalecer la gobernanza y gestión de la Sunedu y, para ello, podemos mejorar el proceso de elección de sus directores; estos deben demostrar capacidades académicas, científicas y profesionales de primer nivel, y ser independientes de las autoridades y patrocinadores de las universidades. El concurso de méritos debe mantenerse y adoptar estándares de evaluación internacionales. Estamos aún muy por debajo del desarrollo alcanzado por países vecinos de referencia; por ello, necesitamos evitar las prácticas endogámicas e intereses no académicos que dañan la calidad de la docencia y la investigación en el país.
Además, en cuanto a los procesos de licenciamiento y acreditación, estos necesitan actualizarse y adecuarse a las necesidades del sector. La Sunedu requiere concentrar sus esfuerzos en la mejora de los procesos de licenciamiento de universidades, facultades y programas, y de supervisión de la rigurosidad académica de los grados otorgados. Lograr una adecuada articulación con el sistema de acreditación nacional, casi inexistente, es necesario. El Sineace, o la instancia que corresponda, debe asumir la acreditación institucional; ya que, si esta funcionara, no sería necesario el proceso de relicenciamiento, salvo que no se logre la acreditación. ¿Alguien se está preocupando por la acreditación?
Finalmente, la coyuntura plantea la necesidad de discutir con evidencia académica y científica, lejos de intereses de los promotores, cuál es la mejor manera de adecuar los estudios universitarios a los nuevos tiempos: ¿Deben ser cinco años? ¿200 créditos lectivos? ¿Cómo asegurar que los grados otorgados son realmente resultado de competencias logradas y no negocios credencialistas? ¿Los programas virtuales son equivalentes a los presenciales? ¿Cómo incorporar mejores docentes extraordinarios para los programas que los requieren? Los llamados a discutir estos temas deben estar exentos de intereses comerciales y políticos. Corresponde a las comunidades académicas liderar los debates y plantear las propuestas.