¿Cuál debería ser el perfil del próximo presidente del Congreso?

“Quien presida la nueva Mesa Directiva debe entender el valor de ser contrapeso de un gobierno débil”.

Coaliciones convenientes, berrinches ideológicos y una profunda desconexión con la realidad son algunos de los grises en la antesala de una nueva elección de la Mesa Directiva que solo demuestran que el Congreso no representa a nadie más que a sus propios intereses.

Podría escribir sobre lo que todos esperamos: un escenario optimista y sensato, pero cuando ‘Niños’ y ‘mochasueldos’ negocian la gobernabilidad, toca escribir sobre alerta, advirtiendo el riesgo de que no prime el bien para el país.

En principio, políticamente, quien presida la nueva Mesa Directiva del Congreso debe entender el valor de ser contrapeso de un gobierno débil que hasta hoy encontró varias veces complicidad en el silencio y en la precariedad de la dinámica parlamentaria.

Ser un contrapeso responsable supone fiscalizar y fiscalizarse con sentido crítico, lejos de generar una confrontación que nos coloque en un escenario de mayor inestabilidad política.

Entendiéndose esto, se espera un liderazgo que sincere la agenda. Un informe del periodista Martín Hidalgo sobre la calidad legislativa muestra una cifra de espanto: 1.100 proyectos declarativos en dos años; en otras palabras, se ha legislado a ciegas ante lo urgente, perdiendo tiempo y recursos, desnudando la inexperiencia técnico-parlamentaria y, sobre todo, sin impacto en las necesidades básicas de todos los peruanos.

En esa línea, tenemos ya una ‘emergencia de leyes declarativas’ frente a la presencia de un fenómeno de El Niño global a la vuelta de la esquina que no espera y que, más que un llamado de atención al gobierno central, necesita acción inmediata con gestión, prevención y un intento por reducir al máximo el impacto del mismo en las zonas en las que la representación parece inexistente.

El reto del presidente de esta nueva Mesa Directiva es demostrarle al país que tiene como objetivo la calidad: “menos, pero bien hecho, siempre será más” y necesita ir adecuadamente acompañado. No olvidemos que no solo se trata de designar a una Presidencia del Congreso como tal; de por medio está el manejo administrativo a cargo de las vicepresidencias y basta con revisar las designaciones en algunas oficinas del Congreso, convertidas en agencia de empleos de los partidos de turno.

Es un deber moral marcar un antes y un después en la agenda de viajes, alfombras, billeteras y bonos de la gestión del saliente José Williams que se despide con un gasto de más de S/63 millones.

Los gestos en política sí que importan. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene un mandato asignado por nosotros, los ciudadanos que buscamos que nuestras demandas sean atendidas.

Disculparse con ese 91% de desaprobación ciudadana sería un gran primer paso, sumado a lo mencionado líneas arriba, para así, medianamente, lograr ese nexo entre gobernabilidad y transparencia.

“Minimizar o estigmatizar las protestas solo servirá para aumentar la frustración hacia el Legislativo”.

La desconfianza ciudadana hacia los Parlamentos en la mayoría de los países latinoamericanos es un tema latente que debe ser abordado con seriedad y responsabilidad. El caso del Perú, con una desaprobación tan abrumadora que supera el 90% hacia los legisladores, nos invita a explorar sobre las razones detrás de este fenómeno.

En primer lugar, es crucial destacar que el rechazo mayoritario de la ciudadanía hacia los parlamentarios no es un fenómeno aislado. Los elevados niveles de rechazo también alcanzan a la presidenta Dina Boluarte, que tiene un 80% de desaprobación y que después de siete meses de gestión no logra revertir tendencias negativas.

El rechazo es una muestra del descontento hacia la clase política. Esto se debe, en parte, a una percepción de corrupción, incompetencia, falta de diálogo y casi nula construcción de consensos con otros sectores políticos y sociales. Cuando los ciudadanos perciben que sus representantes actúan en beneficio propio y no en el interés del país, la confianza en las instituciones democráticas se resquebraja.

En el caso del Perú, el clamor político desde la opinión pública es por adelantar las elecciones generales, porque la gente no se siente representada. Y la falta de respuesta al adelanto de elecciones puede profundizar aún más el descontento ciudadano que deja la puerta abierta a un estallido social.

Minimizar o estigmatizar las protestas ciudadanas solo servirá para aumentar la frustración y el desapego hacia las instituciones como el Legislativo. La democracia se enriquece cuando se promueve un diálogo respetuoso y constructivo entre los ciudadanos y sus representantes, permitiendo que las voces sean escuchadas y los problemas sean abordados. Si el problema es político, la respuesta también debe ser política.

Es fundamental recordar que el activismo político y la participación ciudadana son esenciales para una democracia saludable. Cuando se limita el derecho de los ciudadanos a expresar sus preocupaciones y desacuerdos, se corre el riesgo de ahondar la brecha entre gobernantes y gobernados. Las protestas no deben ser vistas como una amenaza, sino como una oportunidad para mejorar y fortalecer la democracia. ¿Lo comprenderán el Gobierno Central y los parlamentarios?

Por otro lado, es cierto que en países en los que gran parte de la población no depende directamente del Estado puede existir una apatía política comprensible. Las preocupaciones cotidianas como el trabajo, la alimentación y la vivienda son prioritarias para muchos ciudadanos. Sin embargo, esto no significa que debamos ignorar la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a toda la sociedad.

En los próximos días, habrá una nueva conformación de la Mesa Directiva del Congreso. No obstante, los Parlamentos deben ser espacios inclusivos en los que se debe promover la participación de todos los colores ideológicos, independientemente de su condición política. De lo contrario, serán percibidos como espacios de no representación y diálogo, en los que no se buscan soluciones para los problemas que afectan a la ciudadanía.