La incorporación de la castración química como parte del castigo para los perpetradores de violación sexual pareciera estar más acorde con la necesidad del presidente Pedro Castillo de mejorar su popularidad antes que con la urgencia de erradicar un crimen tan espantoso en el que las víctimas suelen ser niños, niñas, adolescentes y mujeres, así como personas con discapacidad.
La castración química no es una propuesta novedosa y encaja más en el ojo por ojo, diente por diente, y el hecho de que se aplique en solo siete países del mundo tampoco la hace recomendable, pues su efectividad no ha sido probada. Con medidas como esta, el mayor riesgo es que se posterguen iniciativas mucho más efectivas que ya han sido propuestas, pues estudios como “Agresores Sexuales. Antecedentes y trayectorias sexuales de adultos mayores recluidos por delitos sexuales” del Ministerio de Justicia dan cuenta de algunas acciones que valdría la pena implementar para dejar de enfocarnos solo en la persecución del delito y pasar a centrarnos en las víctimas y, en especial, en la prevención, pues la violación sexual es algo que nadie debería sufrir.
La propuesta de castración química ya tuvo su lugar en el Congreso en el 2018, lo que motivó que el Instituto Nacional de Salud hiciera dos revisiones de estudios sobre el tema, concluyendo que la evidencia era escasa y de baja calidad, y que, de recomendarse, esta medida solo tendría que remitirse a algunos casos de parafilia severa que incluyeran riesgo de agresión sexual, cuya afectación solo corresponde a una proporción muy baja de perpetradores, pues no todas las personas que sufren de parafilia son agresores sexuales, ni viceversa.
A diferencia de lo que algunos creen, el caso de la niña agredida sexualmente en Chiclayo forma parte de una pequeña proporción de casos, pues en la mayoría de las situaciones no hay uso de fuerza física ni tampoco ataques abruptos; no se trata de un impulso sexual que se impone sobre la voluntad del agresor; son, más bien, actos de sometimiento progresivo, que se van dando de forma premeditada, en donde el abusador elige serlo.
En tal sentido, se sustentan los argumentos de expertos que señalan que los fármacos usados para la castración química, más que para el castigo, deberían ser usados para el tratamiento, y que tiene que haber una voluntariedad, pues esto funcionará solo si el agresor así lo quiere, pues en caso contrario los tratamientos harán muy poco, más aun si el perpetrador tiene como propósito la dominación y la humillación de sus víctimas, situaciones que, además, pueden estar exacerbadas por el consumo de drogas o alcohol (Fundación Víctor Grifols 2009).
En conclusión, aplicar la castración química como respuesta no solo será ineficaz, sino que será un distractor más que se suma a otras propuestas que solo buscan el respaldo de la población. Frente a la violencia sexual, cualquier distracción es una frivolidad.