Un bosque de oportunidades, por Juan Manuel Benites

El Perú es el segundo país de Sudamérica con mayor superficie de bosques naturales y es la novena nación del mundo con el mayor potencial forestal. Sin embargo, no hemos sido capaces de aprovechar adecuadamente estos recursos y hemos estado relegados en los ránkings de producción forestal y, consecuentemente, nuestras exportaciones de ese rubro apenas superan los US$100 millones anuales.

Es paradójico que poseamos tantos recursos forestales sin explotar de manera responsable y sostenible por falta de condiciones adecuadas para la inversión privada. Lamentablemente, la desidia que hubo en este sector derivó en que en los últimos años se instalara en nuestros bosques malas prácticas que, burlando los controles de la ley, han deforestado miles de hectáreas en desmedro de nuestro medio ambiente en perjuicio de los peruanos.

Recientemente, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) presentó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), con el cual se busca impulsar la nueva política nacional forestal y de fauna silvestre para modernizar la industria forestal y mejorar la calidad de vida de millones de peruanos. Sin duda, es un desafío enorme, pues no solo implica crear un nuevo marco normativo que desburocratice la maraña de procesos irracionales que exigía el Estado en este sector, sino que, además, tiene como tema prioritario la erradicación de la tala ilegal en el país.

Un aprovechamiento adecuado de los recursos forestales permitiría que hacia el año 2021 se cuente con US$1.500 millones anuales en producción de madera de bosque sostenible bajo el esquema de concesiones forestales. Asimismo, la inversión privada para producir madera en plantaciones forestales ascendería a US$3.000 millones anuales, lo que representaría un punto del PBI proyectado para ese año. Además, el impacto en el empleo sería impresionante, pues se crearían 100 mil puestos de trabajo directos por año.

No obstante, para alcanzar dichas metas es fundamental que todos los agentes de la cadena productiva forestal funcionen en condiciones óptimas.

El Estado debe promover la actividad forestal teniendo como objetivo la producción sostenible, la que debe ser transformada a través de una industria que emplee alta tecnología generadora de valor agregado a partir de la calidad de los productos. Para ello, las entidades estatales involucradas deben utilizar todas sus herramientas en el logro de un entorno adecuado y sin grandes riesgos que permitan mayor inversión. 

Lamentablemente, ello no ha venido sucediendo donde, en algunos casos, los gobiernos regionales que han eludido sus responsabilidades y no han velado por el uso adecuado de los recursos. Como parte del proceso de descentralización, las competencias y funciones en el sector forestal fueron transferidas a las regiones. Sin embargo, la inacción de estas autoridades ha permitido que la tala ilegal avance de manera alarmante en el país.

Por ello, es muy pertinente evaluar la posibilidad de retirar, aunque sea temporalmente, las competencias sectoriales transferidas a los gobiernos regionales, especialmente en materia de titulación de tierras, entrega de derechos de concesiones y lucha frontal contra la tala ilegal. 

Estamos comprometidos con el manejo sostenible de nuestros recursos forestales. Sin embargo, de nada vale que se optimicen procesos en la industria si las instancias que deben velar por el correcto cumplimiento de las normas no se comprometen con el sector y, por el contrario, generan forados peligrosos para que actividades ilegales avancen sin control alguno.