Dos meses atrás escribí una columna en la que enfaticé la urgencia que tiene este gobierno por impulsar el proceso de reactivación y cambio.
Fue por esa urgencia que solicitamos al Congreso facultades para legislar, para llevar adelante los cambios que considerábamos indispensables para atender las necesidades más apremiantes de nuestros ciudadanos y construir un país moderno, más seguro y con más oportunidades. Y con esa misma urgencia rendimos cuentas al país sobre nuestros avances de los primeros 100 días de gobierno.
Pasado este tiempo, seguimos trabajando con el mismo apremio para reactivar la economía con medidas concretas y tangibles, pues solo si somos capaces de echar a andar nuestra economía de forma sostenida podremos dar una respuesta adecuada a las demandas de nuestra ciudadanía en materia de seguridad, salud y servicios públicos esenciales.
La reactivación de nuestra economía demanda impulsar la inversión en el país y el consumo en nuestros hogares.
El impulso de la inversión ha requerido como instancia previa el destrabe de proyectos de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y ferroviaria, por nombrar algunos. Destrabar estos grandes proyectos, varios de ellos detenidos desde muchos meses atrás, requiere de tenacidad, oficio, buena voluntad y sentido de urgencia. Enfocados en esa tarea hemos priorizado el destrabe de 12 proyectos de inversión que suman casi 19 mil millones de dólares. De ellos, ya hemos logrado destrabar cuatro: la Red Vial 6, el Terminal Portuario San Martín, la Autopista del Sol y el aeropuerto internacional Jorge Chávez, y los otros ocho están en camino. La rueda ya empezó a girar.
Reactivar la inversión en infraestructura requiere también un sistema amigable que la impulse en lugar de paralizarla. El paso del tiempo puede transformar iniciativas valiosas en obsoletas. El SNIP, por ejemplo, cumplió un papel en el pasado, pero los tiempos han cambiado y hoy se ha convertido más en un sistema que aletarga la formulación y aprobación de proyectos que en un mecanismo que asegure la calidad de los mismos. Es por eso que estamos trabajando en su reformulación integral para que el Estado pueda hacer las obras que los ciudadanos necesitan con mayor eficiencia y celeridad. A la par, estamos poniendo énfasis en dar mayor agilidad y estructura a las asociaciones público-privadas y a potenciar Pro Inversión. Todos ellos son elementos centrales para construir la infraestructura que requiere nuestro país para crecer y ser más competitivo. En conjunto, estas medidas contribuirán a darle un nuevo aire a nuestra economía.
Todo lo anterior es importante, pero no suficiente. Es indispensable también impulsar el consumo en los hogares. La mayor inversión privada y pública, apuntalada por el destrabe de proyectos, tendrán un efecto en ello, pues permitirán promover el empleo formal, lo que ayudará, a su vez, a incrementar el ingreso disponible para las familias. Acompañaremos este proceso con la simplificación del régimen tributario de las pequeñas empresas, con programas de entrenamiento y reconversión laboral, con la facilitación del acceso al mercado laboral y con una Sunat moderna enfocada en el mediano y largo plazo que acompaña el crecimiento de las empresas y no solo sanciona. El crecimiento de las pymes se convertirá así en otro mecanismo para mejorar el empleo y los ingresos de las familias. Para ellas, principalmente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha eliminado la obligación de presentar copia de los contratos de trabajo, de los convenios y de los planes de capacitación laboral al ministerio.
Dos meses atrás anunciamos muchas de las medidas que hemos cumplido con ejecutar en estos días. Anunciamos que daríamos más agua a los peruanos, y venimos cumpliendo: en 100 días hemos logrado destrabar la inversión de 170 obras de agua y saneamiento que beneficiarán directamente a un millón de peruanos. También anunciamos que atacaríamos la inseguridad y hemos capturado ya a 65 de los delincuentes más buscados en el país y desarticulado 16 peligrosas bandas criminales. Ello, gracias a megaoperativos de la policía, al programa de recompensas y a la creación de una organización especializada en investigaciones contra el crimen organizado. Además, hemos implementado el programa Barrio Seguro en cuatro distritos, y en los próximos meses seguiremos haciéndolo.
Anuncié que eliminaríamos y simplificaríamos aquellos trámites que padecen a diario nuestros ciudadanos y hemos cumplido: esta semana presentamos el primer Paquete Simplificador, con un conjunto de medidas muy concretas destinadas a hacer menos engorrosa la relación de los ciudadanos con el Estado. Un Estado que pone trabas a sus ciudadanos es también un Estado que los aleja. Y por ello hemos eliminado del complejo entramado de trámites legales requisitos absurdos como la entrega obligatoria de la fotocopia del DNI o el pago por la constancia de una denuncia policial. A un ciudadano que ha sido víctima de un delito el Estado no puede cobrarle para tener una copia de la denuncia que presenta ante el mismo Estado que no pudo protegerlo. De la misma manera, el Estado no puede exigir a sus ciudadanos que acrediten ser quienes son cuando esa misma información está en sus propias manos. Acercar el Estado al ciudadano es un mandato de este gobierno. Y ya hemos empezado.
Han pasado 100 días de trabajo intenso. Y sabemos que los días que tenemos por delante requerirán incluso de mayor esfuerzo. Nuestra determinación sigue siendo firme. Es impostergable encender los motores de nuestra economía y recuperar esa velocidad que nos permitirá crecer y construir un país próspero y moderno. Este es el compromiso del presidente y de este gobierno para con nuestros ciudadanos.