Ahora Maduro va por las ONG: ¿En qué consiste la ley con la que fiscalizará su funcionamiento en Venezuela?

La rápida proclamación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Maduro como ganador de los comicios provocó que miles de personas salieran a protestar a partir del 29 de julio. El régimen respondió con represión y permitió la acción de los llamados colectivos para acallar las manifestaciones incluso haciendo uso de armas de fuego, como se vio en videos divulgados por medios independientes venezolanos y en redes sociales. La Fiscalía confirmó el lunes que al menos 25 personas murieron en las protestas. Mientras que la ONG de defensa de los derechos humanos Foro Penal contabilizaba hasta el martes 1.393 detenidos, incluidos 117 adolescentes.

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Las ONG son blanco frecuente de ataques por parte del chavismo. El lunes, al anunciar la discusión de la ley, Rodríguez dijo en un acto en el que estaba Maduro que “hay organizaciones como la Cruz Roja que sirven a la gente, pero hay otras que son fachadas para el financiamiento de acciones terroristas”.

En una primera reacción, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió el martes al Gobierno de Venezuela que rechace este proyecto de ley por el impacto negativo que tendría en los derechos humanos y en la democracia en general.

Mientras que Gina Romero, relatora Especial ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, dijo que recibe con preocupación el anuncio de Rodríguez. “Este anuncio es incluso más preocupante por el discurso estigmatizador utilizado, según el cual se asocia la acción de las ONG y otras organizaciones con servir de ‘fachada para el terrorismo’; así como la difusión de ‘expresiones de odio social y ideas fascistas’”.

Romero agregó que la reanudación del estudio del proyecto de ley “se realiza en un contexto de feroz represión pos electoral contra activistas, periodistas, abogados/as, ONG, etc. que ha creando un clima de temor generalizado en Venezuela”.

La primera discusión de la ley contra las ONG se dio en enero del 2023. Su promotor es Diosdado Cabello, considerado como número 2 del chavismo.

Cuando la presentó, Cabello dijo que había 62 ONG operando en Venezuela y que muchas de ellas eran “apéndices del imperialismo” que quieren “desestabilizar al país”.

Durante la discusión, la segunda vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, la diputada chavista María Gabriela Vega, explicó que la propuesta busca controlar y hacer seguimiento a las ONG que financian el terrorismo en el país.

En una conferencia de prensa realizada el lunes, Cabello manifestó que las ONG “son supuestas organizaciones no gubernamentales, supuestas… organizaciones no gubernamentales, que no dependen del Gobierno de Venezuela pero dependen del Gobierno de Estados Unidos”.

El abogado Darrin Gibbs, especialista en Derecho Administrativo y miembro del equipo jurídico de la ONG Defiende Venezuela, analizó el proyecto y manifestó a El Comercio que lejos de promover, fortalecer y mejorar el funcionamiento de las ONG, esta norma busca establecer un riguroso régimen administrativo de control, limitación y sanción a las organizaciones no gubernamentales.

“En Venezuela las ONG se ha constituido entre la sociedad civil como un cuerpo especial que está en contacto con los ciudadanos, lo que ha permitido la promoción, defensa y respeto de los derechos humanos. Es decir, han dado respuesta no solamente al derecho interno sino también en los ámbitos de protección internacional de derechos humanos. Se han convertido en ese espacio de búsqueda de verdad, de justicia e incluso búsqueda de reparación ante la violación de derechos humanos”, dijo Gibbs.

“Ahora este espacio de la sociedad civil está siendo peligrosamente amenazado porque de aprobarse este proyecto, se cerrará. Desde el 29 de julio, cuando se dieron los resultados electorales, hubo una ola de protestes que han sido fuertemente reprimidas. Entonces, el papel que han jugado las ONG ha sido de apoyo a la sociedad y de protección de sus derechos. Ahora esta ley, si se aprueba, funcionará como una espada de Damocles porque el Gobierno podrá cerrar, limitar o cercenar ese espacio donde los ciudadanos encuentran apoyo”.

Según el proyecto, todas las ONG deben inscribirse en un Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales y declarar vías de financiamiento, que son normalmente del extranjero.

Pero obtener la inscripción y mantener su vigencia las ONG deberán cumplir con requisitos como: inventario de bienes al momento de constituirse, actualización anual del inventario de bienes de la asociación con expresa determinación de las fuentes del mismos, balances contables, estados financieros y libros que deban de conformidad con la legislación mantenerse, actas de asambleas ordinarias y extraordinarias, relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes; modificaciones de los estatutos; nombramientos y ceses de los miembros, de los administradores, liquidadores, auditores y secretarios, poderes generales y delegaciones de facultades; apertura y cierre de sedes; inactividad por un tiempo mayor de seis meses; modificación, ampliación o reducción del objeto societal; y modificación, prorroga y extinción de la ONG.

El abogado Gibbs considera que esta carga burocrática es excesiva. “Las ONG no gozarán de personalidad jurídica una vez que se registren, van a tener que esperar a ser reconocidas por el Estado. Esta es una limitación muy seria porque pierden su capacidad actual hasta que el Estado las reconozca y habilite a través de una certificación especial. Eso implica una revisión exhaustiva, una revisión del Estado sobre las ONG en cuanto a sus fuentes de financiamiento, a las personas que las conforman, a sus operaciones y procesos del trabajo, entonces creo que esa carga burocrática va a implicar el cierre de un importante número de ONG en el país”.

¿Qué pasará si una ONG declara que recibe financiamiento del extranjero? ”Bueno, ahí está un serio problema, porque el Gobierno ha señalado que las ONG están financiadas por gobiernos injerencistas o incluso por organizaciones terroristas. El Gobierno ha hecho juicios de valor y ha estigmatizado a algunos Estados como injerencistas o pro terroristas. Sabemos que hay muchos gobiernos, como el de Estados Unidos, varios de Europa e incluso Canadá que son promotores del financiamiento para el funcionamiento de las ONG en esta parte de América. Entonces, la consideración o el juicio de valor que tenga la administración pública una vez que se apruebe esta ley hará muy peligroso, muy delicado que una ONG reciba financiamiento de un Estado que tenga esas calificaciones por parte del gobierno nacional”, enfatizó Gibbs.

Sobre las actividades de las ONG, el proyecto dice que deberán estar orientadas “a los fines benéficos, sociales, o de interés general, relacionados con la preservación del medio ambiente, la salud, desarrollos científicos, tecnológicos, de derechos humanos, artísticos, literarios, religiosos, educativos u otros ámbitos de utilidad general”. Sin embargo, se disponen dos limitaciones: que “su objeto no suponga ánimo de lucro” y “no sean gobernadas, dirigidas u operadas, directa o indirectamente, por organismos del poder público de un Estado”.

“Estas exclusiones resultan indeterminadas y su interpretación quedará sujeta a lo que las autoridades públicas puedan arbitrariamente suponer de los hechos y aplicar sanciones”, refirió el abogado Gibbs.

El abogado estimó que la pérdida de este espacio para la sociedad civil va a crear una mayor crisis de derechos humanos en Venezuela y una mayor vulneración de la que ya se da.

Gibbs dijo que el proyecto de ley de Venezuela se parece al vigente en Nicaragua. “Aunque creo que es un régimen menos sancionatorio como el que se quiere aprobar en Venezuela, pero de igual impacto negativo en Nicaragua en la protección de los derechos humanos”.

Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, dedicada a la documentación y acompañamiento de casos de censura, violación al derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información oficial, le dijo a El Comercio que si se aprueba esta ley las asociaciones civiles y ONG van a tener que registrarse de nuevo, pues no se reconoce la personalidad jurídica de las organizaciones ya existentes, y se incrementa el número de requisitos para hacerlo desde cero.

Correa coincide en que los requisitos actúan como una espada de Damocles para las ONG, pues si una organización no es de la simpatía del Gobierno correrá el riesgo de que no le revaliden el registro.

“El Gobierno tendrá como potestad definir cuáles son las asociaciones que serán admitidas y cuáles no, y eso violenta el derecho a la libre asociación”, denunció Correa.

¿Pero por qué le molesta tanto al chavismo el trabajo de las ONG? Correa indicó que en Venezuela hay asociaciones civiles que se dedican al trabajo educativo, otras hacen deportivo, etc., “pero también están las asociaciones civiles enfocadas en la promoción y defensa de los derechos humanos. Entonces, estas últimas son las que resultan incómodas, fastidiosas para el gobierno nacional”.

“Ellos dicen que de alguna manera varias de estas asociaciones han sido utilizadas para el financiamiento de la política o de los partidos políticos. Pero nunca han mostrado pruebas. Simplemente les molesta por un lado que haya otros actores sociales que estén haciendo trabajo de beneficencia, y les molesta que las organizaciones puedan estar haciendo monitoreo de la situación de derechos humanos en el país. Entonces, ese tipo de instituciones incomodan al parecer al gobierno nacional”, insistió Correa.

En cuanto a la acusación de que hay ONG que financian el terrorismo, Correa sostuvo que si ello es cierto, no hay necesidad de que se promueva una nueva ley porque en Venezuela ya existe legislación antiterrorista que se puede aplicar.

Consultada por El Comercio, la ONG Provea, que apoya jurídicamente a sectores vulnerables víctimas o potenciales víctimas de violaciones de derechos humanos y hace seguimiento a casos de abusos de poder, nos remitió al comunicado que emitió este año el Foro por la Vida, la coalición venezolana de organizaciones defensoras de los DD.HH. fundada en 1998.

El Foro por la Vida calificó el proyecto de ley como una amenaza directa a los principios y obligaciones esenciales de la democracia y contra los derechos humanos.

“Los ataques, actos de hostigamiento, criminalización y represalias contra ONG y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela no son aislados, sino que configuran una política de Estado. Desde el año 2000 se desarrolla una jurisprudencia restrictiva del Tribunal Supremo de Justicia, legislación regresiva e inconstitucional dictada por la Asamblea Nacional, providencias administrativas del Poder Ejecutivo y campañas sistemáticas de descrédito contra personas defensoras y ONG, como parte de los ataques por su accionar independiente y principalmente por ser usuarias de los sistemas de protección internacional, entre ellos, los órganos convencionales y extra convencionales de la ONU relativos al país”, sostuvo el Foro por la Vida.

También precisó que las ONG ya están sujetas al cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico vigente en Venezuela.

“Este Proyecto de ley es inasumible porque es una afrenta contra la Constitución y, de ser aprobado, configura el cierre definitivo del espacio cívico en Venezuela”, dijo el Foro por la Vida.