Las peligrosas mafias que se lucran con el paso de venezolanos a Colombia

Desde el cierre de frontera, decretado el pasado 23 de febrero por Nicolás Maduro, el éxodo de venezolanos se ha trasladado a las ramificaciones de caminos destapados, los cuales se extienden en los 479 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela, por el departamento Norte de Santander.

Por estas rutas ilegales, que abarcan entre 30 y 50 metros de longitud y que brotan entre la maleza sin dificultad por el bajo caudal del río Táchira, estaría pasando el mismo flujo diario de 35.000 extranjeros, quienes estaban acostumbrados a moverse por los puentes internacionales con el propósito de conseguir los artículos y servicios que escasean en el vecino país.

►Las trochas, el único nexo entre Venezuela y Colombia por cierre de frontera | FOTOS
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►El despiadado grupo de civiles armados que defiende a Maduro en la frontera

En las últimas semanas, sobre estas arterías se ha visto el rostro más crudo de esta incesante migración: adultos atravesando con sus hombros repletos de maletas; niños uniformados chapoteando el caudal a bordo de canoas improvisadas; mujeres embarazadas apurando su paso para atender sus partos en clínicas colombianas; enfermos en camillas y sillas de ruedas avanzando bajo la inclemencia del sol y con la ayuda de voluntarios; e incluso, hasta procesiones fúnebres con el ataúd arrastrado por sus dolientes a pie.

Pero detrás de este drama hay un negocio criminal que se cierne sobre las 57 trochas identificadas en esta región del país por parte de las autoridades colombianas.

Se trata de un sistema de peaje o cobro ilegal, que oscila entre los 2.000 y los 35.000 pesos sin importar donde nace o donde muere cada nación.

De esa totalidad de caminos ilegales, unos 39 se encuentran en el área metropolitana de Cúcuta, siendo esta capital el lugar donde se concentran 21 pasos, principalmente en los corregimientos Banco de Arena, Palmarito y el barrio El Escobal, cerca al puente internacional Francisco de Paula Santander.

En épocas en que la frontera permanece abierta, estos caminos se convierten en las venas del contrabando a gran escala. En 2018, de los 5.139 procedimiento adelantados por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), 237 se ejecutaron sobre estas vías irregulares, interrumpiendo el ingreso de ganado despostado, calzado, vehículos y combustible.

En lo corrido de este año solo se han desarrollado 84 operaciones de este tipo.

De acuerdo con la información manejada por la Polfa, cada uno de estos ‘agujeros negros’ tienen sus dueños y sus propios límites. Por ejemplo, en las inmediaciones de este paso elevado se extienden las rutas de Los Rastrojos y otro grupo ilegal denominado La Línea, los cuales iniciaron hace poco una disputa para remarcar sus territorios.

Ya hacía el puente internacional Simón Bolívar, entre el municipio de Villa del Rosario y la población venezolana de San Antonio, el panorama delictivo se diversifica un poco más. Por allí haría presencia un puñado de bandas delincuenciales, cuyas estructuras no superan los 10 miembros, y el bastión de la guerrilla del Eln, que estaría asentado en el corregimiento de Juan Frío, según organizaciones defensoras de derechos humanos.

Por medio de imágenes capturadas con drones, la institución ha podido evidenciar que estos trayectos nacen en Venezuela como dos o tres amplios accesos en formas de garganta y empiezan a desvanecer el límite natural de las orillas del río Táchira con bifurcaciones y cruces laberínticos en medio de la poca vegetación. El entramado de rutas se ciñe en delgadas ramificaciones hasta brotar en Colombia con múltiples salidas.

Este mapa delictivo se complementa con el área dominada por el 'clan del Golfo', que se extiende por las orillas del río Grita, en el municipio de Puerto Santander, donde se erige el puente internacional de La Unión.

“Debemos partir diciendo que esta frontera muy porosa y los accesos son muy fáciles (…) Estas rutas son casi vías terciarias, donde cualquier tipo de vehículo entra, e incluso se interconectan”, explicó el coronel Carlos Girón, comandante de la Polfa en Norte de Santander.

Este paso ilegal se ha normalizado a tal punto que sobre el anillo vial de Cúcuta ya se aglomeran los taxis y los carros ‘piratas’, para recoger a los migrantes, quienes usan las trochas cerca al puente internacional de Tienditas para movilizarse hacia el centro de la ciudad fronteriza.

Como al alto oficial, las autoridades militares desde varios niveles han manifestado su preocupación por el jugoso recaudo derivado de este impuesto ilegal de los grupos armados, que estaría engordando su sistema financiero y, por ende, su capacidad delictiva.

Frente a esta situación, el Ejército Nacional mantiene sus operaciones con cerca de 120 uniformados, desplegados a lo largo de esta frontera y combatiendo factores desestabilizadores como la migración ilegal y el tráfico de migrantes.

“Estamos manteniendo un trabajo de control vial, tanto en corredores principales y secundarios, que han dado como resultado la incautación de víveres, combustible y elementos, y estamos en asocio con la Polfa, para garantizar un sistema confiable para Norte de Santander”, aseveró el general Mauricio Moreno, comandante de la Segunda División del Ejército.

Sin embargo, este aparato de seguridad ha fallado en su misión de contener la estela de violencia a lo largo de estas trochas. La semana pasada, una confrontación armada entre hombres de la Línea y una facción de Los Rastrojo, bautizada como los ‘Bota de Caucho’, se registró sobre el paso ilegal La Carbonera, ubicado en Cúcuta, y dejó un muerto y tres más lesionados.

Asimismo, los estudiantes venezolanos, que esta semana asumieron el riesgo de atravesar estas rutas por el sector de La Parada –Villa del Rosario- para asistir a sus de colegios colombianos, fueron interceptados por delincuentes, quienes les exigieron un certificado académico para permitir su ingreso a territorio nacional, según denuncias de padres de familias.

Para organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Fundación Progresar, esta migración ilegal, que se disparó con la decisión de Migración Colombia de sellar pasaportes vencidos y sin el timbre de salida del país vecino, representa un riesgo para la seguridad nacional.

“Desde luego, la bonanza en el negocio de las trochas va a terminar beneficiando a los delincuentes. La necesidad del venezolano y de colombovenezolanos de cruzar la frontera ha disparado el tráfico ilícito de migrantes. Hay unas redes que se han reactivado, que también se benefician con este mercado. Y lo que hace ahí el Gobierno colombiano es legalizar un acto irregular, en ninguna parte se puede ingresar sin el sello, pero acá está pasando lo contrario y termina poniendo en riesgo la seguridad de la región, de la ciudad y de Colombia”, puntualizó Wilfredo Cañizares, director de esta organización no gubernamental.

Fuente: El Tiempo de Colombia/ GDA