Las mujeres afganas sufren un veto a la educación, el trabajo y otras esferas públicas que constituyen un “apartheid de género” cada vez más intenso desde el retorno de los talibanes al poder en agosto de 2021, subrayó hoy el relator de la ONU para los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett.
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En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que actualizó su análisis de la situación en el país desde su anterior comparecencia en septiembre, Bennett subrayó que en los últimos meses ha habido graves retrocesos en la situación de mujeres y niñas.
En diciembre, por ejemplo, los talibanes prohibieron a las afganas trabajar en organizaciones no gubernamentales, lo que dificultó las labores humanitarias en los meses más duros de invierno, recordó Bennett, quien pidió al régimen islamista que levante ese veto.
“Los efectos de las restricciones a mujeres y niñas han tenido un impacto devastador y a largo plazo en toda la población de Afganistán”, subrayó el relator, quien indicó que el número de personas que viven bajo el umbral de la pobreza ha aumentado a 28 millones, entre ellos seis millones al borde de la hambruna.
En su intervención, Bennett indicó que la política sistemática de negar derechos a mujeres y niñas, intentando su completa ausencia de la vida pública, podía ser constitutiva de crímenes de lesa humanidad bajo el derecho internacional.
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