¿Qué es la Corte Penal Internacional y por qué podría emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y sus ministros?

Israel ha alertado de la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) emita órdenes de arresto contra altos funcionarios del país por supuestos crímenes de guerra en Gaza, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien el martes dijo que si eso sucede sería un “escándalo a escala histórica”. ¿Es posible ese escenario ante una nación que no ha firmado el Estatuto de Roma y, por lo tanto, no reconoce la jurisdicción de esa corte?

“La CPI no tiene autoridad sobre el Estado de Israel. La posibilidad de que emita órdenes de arresto por crímenes de guerra contra comandantes de las Fuerzas Armadas y líderes estatales es un escándalo a escala histórica”, dijo Netanyahu en un discurso grabado.

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Si bien Israel no ha el firmado el Estatuto de Roma para ser considerado parte de la CPI, ello no le exime de ser pasible de acciones legales por parte de ese tribunal por razones que explicaremos más adelante.

De acuerdo con el diario israelí Haaretz, además de Netanyahu la Fiscalía de la CPI también emitiría órdenes de arresto contra el ministro de Defensa, Yoav Gallant; y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzl Halevi. No se verían afectados funcionarios de rango inferior.

Haaretz informó que tanto el ministerio de Justicia de Israel, como los abogados del Ejército, están tratando de evitar que el fiscal Karim Khan emita las órdenes de arresto, algo en lo que también estarían trabajando países amigos del Estado hebreo, con Estados Unidos a la cabeza.

El diario estadounidense The New York Times informó que la CPI también pretende inculpar a dirigentes de Hamás.

En febrero, el Foro de Familias Desaparecidas y Rehenes pidió a la CPI a procesar a los líderes de Hamás.

El miércoles, durante un encuentro en Tel Aviv con el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken, el presidente de Israel, Isaac Herzog dijo que “intentar usar la Corte Penal Internacional contra Israel, que combate el terrorismo, representa un peligro claro e inmediato para las democracias y las naciones libres y amantes de la paz que respetan las reglas del derecho internacional”.

“Llamo a nuestros aliados y amigos a oponerse y a rechazar tales tejemanejes”, siguió. “Israel dispone de un sistema judicial muy eficaz que ha perseguido a las más altas autoridades de este país como a cualquier ciudadano. Estamos orgullosos de ello”, agregó.

Desde el pasado 7 de octubre, cuando Israel declaró la guerra a Hamás luego de que el grupo islamista asesinara a más de 1.200 personas en su territorio, el número oficial de muertos en Gaza supera los 34.500, el 75 % mujeres y niños.

Además, en marzo la ONU ya acusó a Israel de estar cometiendo un crimen de guerra en el enclave palestino al privar a la población civil de alimentos.

Mientras que organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que en varios ataques Israel ha bombardeado de forma “indiscriminada” a la población civil.

La CPI nunca ha emitido órdenes de arresto contra funcionarios israelíes.

Sí lo ha hecho en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. En marzo del 2023, emitió una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin como parte de una investigación sobre posibles crímenes de guerra y su presunta participación en el secuestro de niños ucranianos que fueron llevados a Rusia.

Como resultado de esa orden, Putin no puede visitar países donde cree que podría ser arrestado, como los 124 que forman parte de la CPI.

En esta nota, te explicamos cómo funciona la Corte Penal Internacional y por qué Estados que no forman parte de ella pueden ser alcanzados.

La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Su tratado, el Estatuto de Roma, fue adoptado en julio de 1998. La corte empezó a funcionar en el 2003 y sucedió a los tribunales ad hoc formados en la década de 1990 para abordar crímenes atroces cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda.

Un total de 124 Estados pertenecen a la CPI, todos han ratificado el Estatuto de Roma.

Entre los países que no firmaron el Estatuto de Roma y no aceptan la jurisdicción del tribunal figuran Israel, Estados Unidos, Rusia y China.

De acuerdo con una explicación de la agencia AP, la CPI se involucra cuando los países no son capaces o no están dispuestos a enjuiciar los crímenes antes mencionados en su territorio.

La AP recuerda que en el 2020, el entonces presidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones económicas y restricciones de viaje a la fiscal de la CPI y a otro funcionario de la fiscalía del tribunal. Ello porque la CPI investigaba a fuerzas y funcionarios de inteligencia de Estados Unidos y de sus países aliados por posibles crímenes de guerra en Afganistán, un Estado miembro de la corte.

El sucesor de Trump, el Joe Biden, retiró las sanciones en el 2021.

La CPI tiene 17 investigaciones en curso, ha emitido un total de 42 órdenes de arresto y ha detenido a 21 sospechosos. Sus jueces han condenado a 10 de los acusados y absuelto a cuatro.

Además de África, la CPI tiene investigaciones abiertas en Asia, Europa, Medio Oriente y Latinoamérica.

Israel no forma parte de la CPI. Los dirigentes de este país suelen criticar a organismos internacionales, a los que acusan de tener un sesgo en su contra.

El Estado de Palestina es parte del Estatuto de Roma de la CPI desde el 1 de abril de 2015, por lo que esta tiene jurisdicción para investigar los crímenes de su competencia ocurridos en el territorio del Estado palestino o los cometidos por sus nacionales.

En el 2021, la entonces fiscal de la CPI Fatou Bensouda anunció una investigación sobre posibles crímenes de guerra israelíes en territorio palestino. Netanyahu calificó la decisión de hipócrita y antisemita.

El fiscal actual de la CPI, Karim Khan, visitó Ramala e Israel en diciembre pasado, y se reunió con funcionarios palestinos y con familiares de israelíes que fueron asesinados o capturados por islamistas de Hamás durante el ataque del 7 de octubre, recordó AP.

Khan señaló que las acciones de Hamás fueron “algunos de los crímenes internacionales más graves que conmocionaron la consciencia de la humanidad, crímenes por los que la CPI fue creada para abordarlos”, e hizo un llamado para la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes.

Khan añadió que “las leyes humanitarias internacionales aún deben aplicarse” en la guerra entre Israel y Hamás.

Michelle Reyes Milk, abogada Senior de la División Justicia Internacional de Human Rights Watch, conversó con El Comercio sobre las competencias de la corte y cómo funciona en los casos donde hay involucrado un Estado que no ha firmado el Estatuto de Roma.

“La jurisdicción de la CPI se activa por dos vías: por el enlace del territorio, es decir, cuando un crimen es cometido en el territorio de un Estado parte, no importa quién sea el autor; o por la nacionalidad del perpetrador, no importa dónde se lleve a cabo el crimen”, explica Reyes.

“Por eso tenemos casos en la CPI contra nacionales de Estados que no son parte. El ejemplo más notorio en este momento es la orden de arresto contra Vladimir Putin, cuyo país no es Estado parte. Pero Ucrania sí ha reconocido la competencia de la corte. En la investigación en Ucrania hay órdenes de detención contra nacionales rusos”, agrega.

¿Cómo se procesa una orden de detención? Michelle Reyes Milk indica que la orden de arresto la solicita el fiscal de la Corte Penal Internacional. Dicha orden tiene que ser aprobada por los jueces de la CPI. Y una vez aprobada, todos los Estados parte tienen la obligación de hacerla cumplir.

“¿Qué pasa si esa orden va contra un nacional de un Estado parte que no desea cooperar, ahí hay que esperar a que esa persona sea detenida por otro Estado parte quizá en alguno de sus viajes. Por ejemplo, a Putin se le van acortando los espacios. A fines del año pasado tenía una cumbre de los BRICS en Sudáfrica, pero no viajó porque este país es Estado parte y tenía la obligación de arrestarlo y entregarlo a la CPI en La Haya”, recuerda la abogada.

“La CPI no puede juzgar en ausencia al acusado, se requiere su presencia. Por eso es que la cooperación es tan importante. Se necesita que los Estados apoyen a la CPI en la ejecución de esa acción”, enfatiza.

La primera persona a la que la CPI juzgó con éxito fue Thomas Lubanga Dylio, expresidente de la República Democrática del Congo. En marzo de 2012 fue declarado culpable de crímenes de guerra y de alistar y reclutar a niños menores de 15 años para la guerra.

La CPI también ha acusado al dictador sudanés Omar al-Bashir por genocidio en la región de Darfur. Fue entregado por Sudán en agosto del 2021.

En su momento, la CPI ordenó el arresto del presidente de Libia Muamar Gadafi por cargos relacionados con la represión de protestas antigubernamentales en su país en 2011. Ese mismo año fue ejecutado por milicianos opositores.

En el 2019, el ex-presidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo y el líder de la juventud Charles Blé Goudé, fueron absueltos de los crímenes de lesa humanidad cometidos tras las elecciones presidenciales del 2010. Su juicio ante la CPI había comenzado en enero del 2016.

En el 2016, ex vicepresidente congolés y líder militar Jean-Pierre Bemba y cuatro asociados fueron declarados culpables por cometer ofensas contra la administración de justicia bajo el artículo 70 del Estatuto de Roma. Las penas de prisión ya fueron cumplidas.

En el 2015, Dominic Ongwen se convirtió en el primer sospechoso del Ejército de Resistencia del Señor (ERS) de Uganda en ser transferido a la CPI luego de entregarse a las tropas de Estados Unidos en la República Centroafricana. Ongwen fue acusado de 70 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

En noviembre del 2019, el líder militar congolés Bosco Ntaganda fue sentenciado por la CPI a 30 años por crímenes de guerra y lesa humanidad en Ituri, República Democrática del Congo.