¿Cómo Bolivia y México lograron encabezar la lista de los países con más mujeres en el Parlamento?

Por qué en la mayor democracia de América Latina las mujeres tienen el lugar más marginal en la política

Y si se tiene en cuenta la reciente llegada de Elvia Barrios a la presidencia del Poder Judicial, podría dar la impresión de que el Perú se dirige a una realidad sin precedentes en la historia.

Pero se trata, por ahora, de un camino en el que aún falta mucho.

Al hablar de paridad y de cuotas de género, hay que tener en cuenta que hay puestos que son designados a dedo (como el de los ministerios) y otros de elección popular (los parlamentos), y en este último es donde el Perú se ubica en un tímido puesto 55.

Lo superan, entre otros países, Angola, Trinidad y Tobago, Nepal, Uzbekistán, El Salvador, México y los vecinos Ecuador, Argentina, y Bolivia.

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Hubo un caso peor: Brasil. “BBC” le ha dedicado un artículo para reflexionar sobre la pobrísima participación femenina en los puestos de poder político. El gigante sudamericano fue el peor de los latinoamericanos, al ubicarse en ambas listas en los puestos 154 y 140.

Según el artículo, si bien Brasil tiene cuotas de género (así como muchas naciones en la región, como el pionero Argentina y Perú), necesita continuar con las reformas y adaptarlas mejor a su realidad.

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“Los expertos señalan que muchos partidos brasileños han buscado eludir las cuotas, por ejemplo, con el uso de candidaturas artificiales de mujeres que nunca llegan a ser electas”, se lee en el artículo.

Prácticas de este tipo no son ajenas a otras realidades de la región. En el artículo “Mujeres y política en las elecciones regionales y municipales, 2002-2014”, de Paula Muñoz y Yamilé Guibert, ellas anotan que para cumplir con la cuota de género y de edad los partidos y movimientos políticos peruanos los combinan.

“Las cuotas funcionan únicamente como mecanismo para fomentar la candidatura de mujeres, mas no garantizar que [...] sean electas. Esto se debe a que otros factores, tales como las prácticas internas de los partidos políticos pueden estar afectando la elección final de las candidatas”, se lee en la investigación.

Si las mujeres son puestas al final de las listas, ¿cómo se espera que salgan elegidas? Y, en todo caso, la elección de una mujer en un cargo político, ¿asegura que esta se preocupará por elevar la participación femenina?

Dicho esto, valdría observar los casos latinoamericano en los que sí se observa una participación femenina sustantiva, lo que podría ser resultado de sus políticas de paridad ad hoc a sus realidades.

BOLIVIA

Según el informe “Mujeres en la política: 2020” de la ONU, Bolivia ocupa el tercer puesto (segundo, si se cuestionan las elecciones en Cuba) de la lista de los países con más mujeres en el parlamento. Y la política parece haber funcionado porque en las recientes elecciones de octubre, más del 50% de legisladores electos fueron mujeres.

El año pasado, el portal RT entrevistó a Lucila Julia Choque, del Observatorio de Paridad Democrática dependiente del Órgano Plurinacional Electoral. Ella apuntó que, en el 2009, se publicó una nueva Constitución que trataba de incluir a aquellos que tradicionalmente no habína sido parte de la vida pública.

Para llegar a ese punto se tuvo que dar una serie de eventos. A inicios del siglo XXI aparecieron grupos de “postergados (indígenas, sectores informales urbanos y mujeres)” que se opusieron a la privatización del agua y gas. Más adelante las mujeres campesinas y cocaleras también cobraron fuerza.

Entonces, una vez que Evo Morales llegó al poder, tuvo que hacer cambios estructurales.

Así, Bolivia decidió que su gobierno democrático sería participativo, representativo y comunitario, “con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”, y cuyas elecciones de asambleas “garantizarán la igual participación de hombres y mujeres”.

Luego, se dispuso que las listas que luchaban por un puesto debían respetar la paridad y la alternancia de género entre mujeres y hombres”.

RT destaca que también ha sido vital la incorporación de una ley contra la violencia política, que se aprobó en el 2012.

“Y es que, a pesar de los avances, identifican desigualdades de género estructurales que se traducen en obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos políticos. Por eso, por ejemplo, cuando se recibe la renuncia de alguna mujer que ocupaba un cargo público, se abre una investigación específica para chequear que no sea producto de violencia política”, anota el medio.

MÉXICO

En julio del 2018, ONU Mujeres destacó el “avance histórico en materia de paridad de género en el Congreso de México”. Entonces, la secretaria adjunta Phumzile Mlambo-Ngcuka hizo énfasis en los logros sin precedentes.

“Estos resultados se dan tras la histórica reforma constitucional del 2014 que establece que los partidos políticos deben asegurar la paridad de género en sus candidaturas”, dijo.

También agregó: “[Estos] fueron posibles gracias al apoyo normativo y al firme compromiso de las instituciones del Estado, los organismos internacionales y las organizaciones y redes de mujeres que han abogado de forma colectiva y decisivamente por la participación política de las mujeres y la paridad de género”.

Y en el informe del “Mujeres en la política: 2020”, México ocupó el quinto puesto por tener entre 40% y 49% de mujeres en el Parlamento.

Pero la ampliación de los derechos políticos de la mujer no fue un camino sencillo.

Según Blanca Olivia Peña, autora de “La constitucionalización de la paridad en México: un camino sin retorno”, capítulo del documento “La democracia paritaria en América Latina”, durante 40 años (1952 a 1992), las mujeres “en el Congreso de la Unión estuvieron subrepresentadas”, en tanto no se superó el “umbral de 12 por ciento del total de curules”.

Con esa información, en los noventa se empezaron a llevar a cabo reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para “asegurar un número más equilibrado de candidaturas entre hombres y mujeres por parte de los partidos políticos”.

Fue recién en el 2013 cuando se empieza a discutir las reformas constitucionales. El 5 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó el artículo 41:

“Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales”.

Peña entiende ese artículo de esta manera: “Su principal objetivo fue garantizar el derecho a la igualdad de trato, oportunidades y resultados a través de la exigencia de postulación paritaria 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres”.

En las elecciones del 2014-2015, el Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones “vigiló que los partidos no postularán, mayoritariamente, mujeres en distritos perdedores, procurando mantener un equilibrio razonable de distribución de candidaturas”.

Así como en Bolivia, en México también se discutió la violencia política contra las mujeres. Según Peña, en las elecciones del 2015, se registraron 38 denuncias de este tipo, mientras que, al año siguiente, aumentaron a 103. De ellas, solo hubo dos sentencias condenatorias.

“En México, la violencia política contra las mujeres no se encuentra aún tipificada como un delito en el ámbito federal, pese a que se han presentado varias iniciativas en el Senado, incluyendo su inclusión como tipo penal. Sin embargo, se aprecian algunos avances”, sentencia Peña.

Y, recientemente, se han aplicado reformas para aplicar la paridad en otros ámbitos de la vida en sociedad.

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