Soldados mexicanos revisan documentos en un puesto de control en la aldea Ermita de los Correa, en Jerez de García Salinas, estado de Zacatecas, México, el 14 de marzo de 2022. (Foto de Pedro PARDO / AFP)
Soldados mexicanos revisan documentos en un puesto de control en la aldea Ermita de los Correa, en Jerez de García Salinas, estado de Zacatecas, México, el 14 de marzo de 2022. (Foto de Pedro PARDO / AFP)
/ PEDRO PARDO
Agencia EFE

La Cámara de Diputados de aprobó este miércoles una reforma constitucional que permite la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2029.

El documento, avalado con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención, contempla reformar el artículo quinto transitorio del decreto por el que se creó la Guardia Nacional en 2019 para que las Fuerzas Armadas estén en labores de seguridad pública hasta 2029 y no hasta 2024, como originalmente se aprobó.

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La iniciativa, que ahora pasa al Senado, también crearía una comisión bicameral conformada por diputados y senadores, y obligaría al secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a presentar un informe cada inicio de sesiones sobre el avance y capacitación de cuerpos de seguridad civil.

Los legisladores del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), apoyaron la propuesta presentada por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En tanto, diputados del Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) se manifestaron en contra.

La reforma había sido aprobada el martes por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, situación que celebró el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

”Yo creo que están actuando, la mayoría de los legisladores, de forma responsable, los felicito”, dijo el mandatario este miércoles en su rueda de prensa diaria.

”Se trata de garantizar la paz y tranquilidad en el país, es enfrentar el problema de la inseguridad pública utilizando todos los elementos buenos con los que cuenta el Estado”, justificó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participa durante una rueda de prensa matutina en Palacio Nacional de Ciudad de México (México), el 13 de septiembre de 2022. (Foto: EFE/José Méndez)
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participa durante una rueda de prensa matutina en Palacio Nacional de Ciudad de México (México), el 13 de septiembre de 2022. (Foto: EFE/José Méndez)

Opiniones encontradas

El diputado priista Carlos Iriarte Mercado argumentó que ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas permitirá actuar con antelación ante la crisis de inseguridad que vive el país y garantizar el respeto a los derechos humanos.

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Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó que hay gobernadores del PAN y de MC que necesitan al Ejército para mantener la seguridad.

En contraparte, la panista Kathia Bolio Pinelo denunció que desde la creación de la Guardia Nacional en 2019, a propuesta de López Obrador, “no se ha visto ninguna mejoría en lo que respecta a la seguridad del país”, por lo que no se justifica mantener a las Fuerzas Armadas en las calles.

René Bolio, presidente de la asociación civil Comisión Mexicana de Derechos Humanos, advirtió en un comunicado que la militarización de la Guardia Nacional es inconstitucional, antidemocrática, ilegal y pone en riesgo los derechos humanos.

El pasado 6 de septiembre, López Obrador planteó realizar una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y evaluar a la Guardia Nacional cuando pase a control militar.

Además, el mandatario respaldó la propuesta del PRI de mantener al Ejército en las calles hasta 2029, aunque la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional en 2019 establece que los militares deben volver a los cuarteles en 2024.

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La actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ha causado polémica en México por afrontar acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y uso desproporcionado de la fuerza.

Apenas a principios de mes, una niña de 4 años, Heidi Mariana, murió a causa de una bala perdida del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera norte de México, según denuncias de su familia.

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