Este jueves 15 el Senado mexicano aprobó el denominado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Una opción planteada a inicios de mes luego de que viese frustradas sus intenciones de llevar adelante una reforma constitucional al no conseguir consenso con la oposición.
Este Plan B, que propone reducir el presupuesto y estructura del órgano electoral mexicano, genera diversas críticas tanto de opositores como analistas por cómo debilitaría gravemente al Instituto Nacional Electoral (INE), por el intento de imponerlo desde el oficialismo junto a sus aliados sin buscar un consenso con la oposición y por la proximidad del inicio de la campaña presidencial para las elecciones del 2024.
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La propuesta de reforma, ahora a las leyes, una salida que le encontró el gobierno de AMLO ante la imposibilidad de modificar la Constitución, ha seguido un largo camino en el que se ha visto ampliamente modificada desde su versión original y cuya última edición ahora espera ser aprobada por la Cámara de Diputados antes de llegar al presidente.
Fiel a su estilo, sin embargo, el mandatario lanzó el jueves 15 la advertencia de que podría vetar esta última versión luego de las modificaciones parlamentarias.
“Sí. Si lo considero, lo puedo vetar”, dijo durante una conferencia matutina al ser consultado sobre una clausula dentro de la reforma referida a la preservación de partidos pequeños y los votos que les serían transferidos de organizaciones aliadas para evitar su desaparición.
Lo que el mandatario olvidó mencionar es que esta propuesta partió desde su misma base partidaria. “Está la disposición para que los partidos pequeños aliados con uno grande, si tienen un convenio electoral, pueden recibir los votos que le hagan falta para conservar su registro electoral y así tener tanto financiamiento público como diputados y senadores a su nombre. Pero esta propuesta fue incluida por Morena, buscando los votos de sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo”, explica a El Comercio Raúl Trejo, investigador en el Instituto de Investigaciones sociales de la UNAM y columnista en el diario “Crónica”.
Varias idas y vueltas
El 13 de octubre, AMLO envió su iniciativa a la Cámara de Diputados, en la cual buscaba modificar 18 artículos de la Constitución y, principalmente, convertir al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), modificando tanto su estructura organizacional como los procesos de nombramientos.
Algunos de los cambios presentados por AMLO para la reforma contemplaban:
- Reducir de 11 a 7 consejeros electorales, quienes serían propuestos por los tres poderes del Estado y electos por voto popular.
- Eliminación de 200 diputados federales y 32 senadores conocidos como plurinominales.
- Desaparición de los Organismos Públicos Locales (oficinas electoral descentralizadas).
- Reducir del 40% al 33% la participación necesaria para que el resultado de una consulta de revocación de mandato sea vinculante para las autoridades.
- Reducción a financiamiento público para los partidos.
- Implementación del voto electrónico en el país.
Según AMLO estas medidas representarían un ahorro de 15 mil millones de pesos (unos US$755′461.950 aproximadamente) para el Estado.
Para ser aprobada, la reforma constitucional requería de dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados. Entre los votos de Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, no alcanzaban dicha cifra, por lo que AMLO aseguraba que la oposición, con la que nunca negoció, quería que se vote el paquete lo antes posible para enterrarlo.
El 13 de noviembre, sin embargo , se produjo un evento inédito en México. Cientos de miles de ciudadanos se movilizaron en la capital y en más de una treintena de ciudades en defensa del INE y en contra de la reforma.
“En México hemos tenido un sistema electoral con la capacidad de convocar a elecciones libres e independientes porque está organizado a partir del INE, que es autónomo respecto del Gobierno. Tiene su propio presupuesto, lo maneja según sus funciones, organiza su propia estructura. Siempre al margen del gobierno. Esto es muy importante porque por más de 70 años tuvimos en México que el partido que gobernaba organizaba las elecciones y decidía los resultados. Las elecciones democráticas se realizan en México gracias al acuerdo entre diferentes fuerzas políticas hace 25 años para crear a este organismo electoral independiente”, explica Trejo.
La respuesta de AMLO fue convocar a una manifestación dos semanas más tarde, organizada desde el Gobierno, en defensa de su propuesta.
La reforma terminó siendo rechazada en la Cámara de Diputados la mañana del 7 de noviembre, pero horas más tarde la Secretaría de Gobierno ya presentaba el famoso Plan B, el mismo que fue aprobado en ‘fast-track’ por el oficialismo, sin consulta ni consenso con la oposición.
Al tratarse de una reforma a leyes solo hacía falta una mayoría simple para que progrese.
El polémico Plan B
Al no ser una reforma constitucional, la nueva propuesta del oficialismo tuvo que evitar varias de sus propuestas originales. Esta versión, podríamos llamarla de emergencia, planteaba ahora los siguientes puntos principales:
- Reformar las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial.
- Reducir las oficinas distritales del INE de 300 a 264 y eliminar la carrera electoral profesional.
- El INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya no podrán establecer criterios para anular candidaturas.
“Hay dos grandes temas cuestionables aquí. Uno es la desaparición de la estructura nacional y local del INE. En México la organización electoral implica muchas cosas, entre ellas la elaboración del padrón y la credencial electoral, reclutamiento de ciudadanos para los comicios, todo esto lo hace la estructura local del INE que ahora quedaría desarticulada con la reforma. La estructura nacional también quedará desarticulada, el funcionario más importante, que es el secretario general del INE, quedará cesado con esta nueva ley. Es decir, al INE lo golpean en su estructura interna”, alerta Trejo.
“La columna vertebral del INE es el servicio profesional de carrera de sus miembros, que han seguido concursos para ser admitidos y llevan más de 20 años en ese trabajo. Son independientes de los partidos y organizan las encuestas, las elecciones, etc. Esto quedará desarticulado por la reforma, el INE tendrá que despedir a 2 mil profesionales y quedará muy limitado para poder organizar comicios”, advierte el experto.
Estos cuestionamientos en torno a la propuesta de reforma se vieron reflejados incluso entre las filas del propio AMLO. El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, votó en contra del Plan B durante la sesión del jueves 15 y posteriormente aseguró que esto se debió a que busca “defender la Constitución”.
Al ser consultado sobre esta postura, AMLO aseguró que no habría “nada de purgas” dentro de su partido, pero le advirtió a Monreal que “el pueblo está muy politizado” y serán ellos quienes “juzguen la conducta del legislador”.
La advertencia de López Obrador se produce en un momento en el que la sociedad mexicana parece dirigirse a la polarización política que ya hemos apreciado en otros países, incluido el Perú. Las alertas suenan más fuerte si tomamos en cuenta que esta reforma podría opacar los eventos electorales más cercanos, a realizarse en el 2023 y 2024.
“En 2023 tenemos elecciones en los estados de Coahuila y el Estado de México. La elección presidencial, además, será en junio del 2024, pero la campaña empieza a mediados del próximo año. En México solemos tener reformas electorales de forma frecuente, pero en todos los casos han sido propuestas o consensadas por la oposición. Es la primera vez en casi 40 años que tenemos una reforma impuesta desde el Gobierno y contra la oposición. Además, la forma en la que desarticula al INE es un golpe fuerte a la transparencia y legitimidad del instituto”, alerta Trejo.
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