“Después de dos asesinatos en una semana, los periodistas en Tijuana pensamos que tenemos una bala dirigida a la cabeza”

El silencio en el velorio de la periodista mexicana Lourdes Maldonado en Tijuana era solo roto por el sonido de las cámaras fotográficas de quienes acudieron a despedirla y, a la vez, cubrían la noticia como colegas de profesión.

El gremio periodístico de esta ciudad fronteriza con Estados Unidos aún se estaba recuperando del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez el 17 de enero cuando Maldonado era disparada en su auto frente a su vivienda el pasado domingo.

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No había pasado ni una semana. Demasiado incluso para una ciudad casi acostumbrada a sufrir altos niveles de violencia y para los reporteros que, de ser testigos de cinco homicidios diarios como promedio el año pasado, han pasado en 2022 a ser víctimas de ellos.

“Lourdes decía: ‘A Margarito lo cazaron en su casa’, sin saber que unas horas después la iban a matar igual a ella”, le dijo a BBC Mundo aguantando el llanto frente a la funeraria Rocío Galván, periodista de Radio Fórmula.

Quien fuera su colega durante años como reporteras en Televisa recordaba a Maldonado como una mujer “valiente, sin filtros y visceral”.

La periodista logró la atención de todo el país cuando en 2019 se plantó en una conferencia ante el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para decirle que temía por su vida a raíz de un conflicto laboral que mantenía con su antigua empresa, propiedad del exgobernador estatal Jaime Bonilla, quien negó tener ninguna vinculación con el asesinato.

“Pero aquello no le garantizó nada”, lamentaba Galván.

López Obrador pidió no adelantar juicios ni “hacer politiquería” y aseguró que el caso no quedará impune tras una investigación “a fondo”.

Pero muchos de los periodistas de esta ciudad no confían en las promesas. Se sienten solos y tienen miedo ante la nula protección que reciben para ejercer su trabajo destapando casos de corrupción o narcotráfico a cambio de unas precarias condiciones económicas.

Y a ellos se dirigió en el velorio uno de los hermanos de Lourdes, Hugo Maldonado.

“Es una desgracia, no solo para mi familia, sino para ustedes. Les digo que se cuiden, que en cualquier momento puede sucederles algo así”, dijo visiblemente afectado quien habló en nombre de la familia para afirmar que perdonaban a los asesinos de su hermana.

“Si vas a cubrir la guerra [como periodista], compras ese riesgo. El problema es que aquí en Tijuana te atacan cobardemente”, destacaba Galván.

Protección ineficaz

Pero el grado de indefensión de estos profesionales quedó aún en mayor evidencia tras conocerse que Maldonado formaba parte de un Sistema Estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que no pudo salvarle la vida.

Accedió a él después de que dispararan contra su vehículo en marzo del año pasado. Entre sus medidas, contaba con un botón del pánico dentro de casa para contactar con la central de policía en caso de emergencia, rondas de los agentes y vigilancia permanente en horario nocturno.

“Está claro que el sistema no está salvando vidas ni nos está quitando riesgo”, critica con firmeza Sonia de Anda, periodista y consejera del programa de protección, al que asegura que entró a formar parte “para criticarlo y exponerlo en público desde dentro”.

Vecina del sur de la ciudad de San Diego, en California, Tijuana es un municipio que convive con las ventajas e inconvenientes de compartir frontera con Estados Unidos.

Al incesante intercambio comercial se suma la fusión cultural que hace que escuchar inglés en sus calles sea de lo más habitual, igual que ver grandes zonas comerciales o drive-thru para degustar comida chatarra sin bajarse del auto en los que se refugian los conductores entre el tráfico desordenado.

Frente a ello, su ubicación estratégica la condena a ser campo de batalla para los carteles de droga que quieren controlar la zona. En una ciudad de menos de dos millones de habitantes, el año pasado se registraron 1.932 asesinatos. Los vecinos explican que cuando se limpia el canal por el que pasa el río Tijuana, que atraviesa la ciudad, a veces aparecen cuerpos.

Pero el gremio de periodistas tijuanenses había logrado esquivar más o menos esta monstruosa violencia, dice De Anda. El último homicidio allí de un comunicador por causas relacionadas con su trabajo se remonta a 2004: el de Francisco Ortiz Franco, editor del legendario Semanario Zeta especializado en temas de narcotráfico.

“Pero, después de estos dos asesinatos, los periodistas en Tijuana pensamos que tenemos una bala dirigida a la cabeza, que el foco está centrado en nosotros. Es como si fuéramos su blanco”, le dice a BBC Mundo justo tras finalizar su programa de televisión, en el que habló de sus colegas asesinados y de la falta de protección.

De Anda afirma que se sienten indefensos, en tensión y poco valorados al tener que trabajar “en muchos casos, por 8.000 pesos mensuales (US$385) y sin prestaciones laborales. Peor que un trabajador de maquila”, denuncia.

“Esto nos ha puesto en una situación de riesgo que ya no sabemos ni cómo protegernos, si confiar o no en las instituciones, o cómo hacerlo. Así estamos trabajando”.

Peligrosa profesión

El hartazgo de los periodistas de Tijuana es realmente extensible a todo el país. Por eso, decenas de ciudades acogieron el martes protestas en repulsa a la violencia que sufre el sector y que no dudó en movilizarse.

México es, de hecho, el país más peligroso del mundo para la prensa, según Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que en 2021 contabilizaron entre siete y nueve profesionales asesinados, respectivamente.

En menos de un mes en lo que va de año, son ya tres las víctimas en el país, donde más del 90% de crimenes contra periodistas queda impune.

“Si permites que los delitos queden impunes mucho tiempo, creas un incentivo muy grande para la gente que quiere callar a la prensa”, criticó Jan-Albert Hoosten, representante del CPJ en México.

Asimismo, destacó la connivencia que existe entre funcionarios públicos, policía, políticos y delincuencia organizada; e hizo un llamado a que “el Estado mexicano empiece a asumir la responsabilidad de que está muy claro que no puede, o no quiere, proteger a los periodistas”.

El miércoles, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, nombró a un fiscal especial para investigar los asesinatos de los periodistas y dijo que se trabajará en un proyecto para reclasificar este tipo de crimenes con penas más duras.

BBC Mundo solicitó una entrevista con la Fiscalía Estatal de Baja California, pero hasta la pulicación de este artículo no obtuvo respuesta.

Hoosten, del CPJ, hizo estas declaraciones para BBC Mundo en el cementerio donde este jueves se ofició el entierro de Lourdes Maldonado entre familiares y amigos. “¡Vuela alto, tía!”, exclamó emocionada una de sus sobrinas cuando se liberó un grupo de palomas blancas.

Vivir con escolta

Muy cerca, el periodista tijuanense Antonio Maya seguía la ceremonia para reportarlo en uno de los medios para los que trabaja. También muy cerca, un escolta seguía discretamente los movimientos del reportero.

Maya se adhirió al sistema de protección estatal después de recibir amenazas por haber defendido a una colega en un enfrentamiento y descubrir, asegura, a una pareja de estadounidenses apostados en una furgoneta frente a su casa vigilándole.

Por este motivo, la Fiscalía estatal le recomendó tener esta protección. BBC Mundo pasó varias horas con el joven comunicador para comprobar cómo el acompañamiento de un escolta durante buena parte del día desde hace menos de una semana cambió por completo su rutina.

“Ya no ando tanto en la calle, nada más redacto, me quedo en el carro y luego regreso a casa. Una vez que llego, ya no salgo por si hay alguien afuera esperándonos”, reconoce junto al Palacio Municipal de Tijuana, mientras espera recibir algún aviso para acudir a cubrir alguna noticia o suceso del día.

Dice que sí se siente más seguro, pero acepta con sorprendente resignación que su destino puede estar escrito, cuente o no con protección.

“Soy muy consciente de que la persona que te va a matar, lo va a hacer porque está decidido y es su trabajo, por mucha escolta que tengas. Eso es parte de la realidad”, le cuenta a BBC Mundo sentado en el Monumento a la Madre, empapelado con fotos de decenas de desaparecidos en la ciudad.

Ese clima de violencia, admite, está de algún modo siempre presente en sus vidas. “Aquí tenemos ya tan normalizada la violencia que damos por hecho que cada día habrá una nota de muertos en los medios”.

No sabe cuánto tiempo tendrá que seguir llevando escolta, pero hay algo que sí tiene claro: esto no le hará dejar su profesión. “Aunque mi padre me decía que esto era peligroso, creo que dedicarme a ello es de las mejores decisiones que he tomado. Me gusta hacer periodismo, tenga las implicaciones que tenga”.

La periodista De Anda coincide en convicción. “Los crímenes de periodistas en Tijuana nunca han limitado a los compañeros en su trabajo. Y aunque nos amenacen, algunos decimos que no nos vamos a ir. Y si vienes por mí, aquí estoy”, asegura.

Mientras la vida continúa en la vibrante Tijuana, el tiempo permanece detenido para siempre en la vivienda de Lourdes Maldonado.

Las casetas de sus tres gatos y su perro Chato están ya vacías, después de que las dolorosas fotografías de su pitbull apostado frente a la casa a la espera de su dueña al día siguiente de su asesinato dieran la vuelta al mundo.

Cuatro días después, aún podían verse en el suelo los vidrios de su auto destrozados por las balas en una imagen desoladora que hacía inevitable acordarse de la soledad y abandono que denuncian sufrir los periodistas de esta ciudad tan llena de gente.

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