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Perfil del policía acusado de descuartizar joven en Comas: anterior víctima revela las atrocidades que cometió
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) ofrece una recompensa de 2 millones de pesos (unos 107.700 dólares) a quien proporcione información que lleve a la captura de la mujer que el martes de la semana pasada se llevó a la niña Fátima de su escuela.
De acuerdo con imágenes obtenidas por la dependencia investigadora, la mujer subió a la menor a un vehículo blanco.
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Esa mujer fue identificada por vecinos y madres de familia de la escuela Primaria Enrique Rébsamen —donde Fátima estudiaba en el turno vespertino— como “la señora que vendía papitas” afuera del plantel, explicando incluso que por eso la menor la conocía y no opuso resistencia. Aparentemente, le dijo que la llevaría a su casa, pues nadie la recogió una vez que terminaron las clases.
La fiscalía local cuenta con imágenes precisas de la sospechosa, retratos hablados y “datos adicionales”, así como la dirección de dos domicilios que ya fueron cateados por agentes de la Policía de Investigación.
Uno de ellos, según la indagatoria, fue el último lugar en el que estuvo Fátima, pero de momento no han encontrado indicios de que en ese lugar le hayan quitado la vida.
Por este hecho hay cinco personas detenidas en calidad de testigos; en este sentido, se dio a conocer que los entrevistados son hombres y mujeres cercanos a la víctima, tanto de su familia como del plantel educativo en el que estudiaba la menor. En la escuela refirieron, incluso, que la niña sufría el abandono de sus padres.
Por otra parte, debido a que se activó el protocolo de feminicidio en este caso, autoridades no dieron detalles de la necropsia practicada a la víctima; sin embargo, en conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, negó las versiones que se dieron a conocer en redes sociales, en las que se aseguraba que a la niña le habían quitado los órganos.
Godoy Ramos dio a conocer que de momento hay dos líneas de investigación respecto al caso de Fátima: la primera es por feminicidio y la otra para determinar si hubo omisión o responsabilidad alguna de los funcionarios de la dependencia, que aparentemente, no atendieron en tiempo y forma la denuncia de desaparición de la menor.
De ser así, aseguró la funcionaria, se castigará con todo el peso de la ley a los funcionarios omisos.
