Caso Ayotzinapa: Por qué la mitad de los sospechosos han sido liberados

Tras cinco años, México sigue sin conocer qué le sucedió a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes desaparecieron en el municipio de Iguala, estado de Guerrero. Pese a las marchas protagonizadas por los familiares de los desaparecidos y los innumerables anuncios de investigaciones en curso, lo cierto es que el caso ha caído en un punto en el que no solo ha dejado de avanzar sino que parece emprender marcha atrás.

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Con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se denunció irregularidades durante las pesquisas realizadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, su predecesor. En esas investigaciones se determinó que la policía local detuvo a los jóvenes, los entregó a grupos criminales vinculados con cárteles del narcotráfico que los asesinaron, desintegraron sus restos en ácido e incendiaron el bus que los transportaba.

Investigaciones paralelas llevadas a cabo por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes determinó que no existían pruebas que sostuvieran esa versión.

La llegada de AMLO también significó la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, con la que la investigación vuelve a un punto cero. Esta tuvo un gran poder simbólico porque por primera vez se escuchaba a las familias, pero no ha comenzado a moverse hasta hace poco, con el nombramiento de un fiscal especial para el caso y la iniciación de labores de búsqueda.

"Hay que esperar la nueva investigación, que no nos digan que nuestros hijos fueron quemados. Este gobierno dijo que nos va a ayudar, esperamos que sea cierto, ya son cinco años y no sabemos dónde están”, dijo a AFP Francisco Lauro Villegas, un campesino de 52 años, padre de Magdaleno, uno de los desaparecidos que tenía 19 años en el 2014.

La molestia de Villegas se replica uno a uno en el resto de familiares, lo que quedó en evidencia con las declaraciones del abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, quien denunció que la Procuraduría General de la República (Fiscalía) durante el gobierno de Peña Nieto había “falseado” los hechos.

Debido a ello, a inicios de setiembre la justicia mexicana dejó en libertad a 24 personas investigadas por el caso, lo que elevó a 77 el número de liberados de un grupo total de 142 detenidos.

En el caso de uno de los últimos liberados, Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, la justicia desestimó 81 pruebas presentadas en su contra por haber sido obtenidas de manera ilícita, según el portal español ABC.

En total, según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa a los familiares de las víctimas, se cometieron 158 irregularidades sobre 83 detenidos entre octubre y diciembre del 2014.

Según la prensa mexicana, que pudo recoger el informe, las irregularidades más frecuentes fueron: detención ilegal por falsa flagrancia (48 ocasiones), tortura (27 casos) y exceso de los efectos jurídicos de una orden de presentación (26).

“La cuarta irregularidad, con 22 incidentes, fue la detención ilegal por ordenarla de modo retroactivo”, precisa un artículo de El Siglo de Durando, mientras que la quinta “con 15 incidentes, fue la presentación no voluntaria de los sospechosos antes el Ministerio Público”.

Las detenciones estuvieron a cargo de la Policía Federal de la Fiscalía (53 casos), la Policía Ministerial de Guerrero (22), mientras que las restantes se repartieron entre la Secretaría de Marina y Policía Federal.

Además, según el Centro, solo existen pruebas válidas contra 35 de los detenidos investigados por participación directa en el crimen de los 43.