Brasilia [EFE]. El exministro Sergio Moro declaró ante la Justicia que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quería tener el control de la Policía Federal en Río de Janeiro, según documentos revelados este martes por fuentes judiciales.
“Usted tiene 27 superintendencias de la Policía Federal” en el país y “yo quiero apenas la de Río”, declaró Moro el pasado sábado, en el marco de una investigación que intenta esclarecer una supuesta injerencia ilegal del mandatario en ese organismo autónomo.
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Según Moro, las “presiones” por sustituir al superintendente de la Policía Federal en Río de Janeiro, que finalmente fue cambiado este mismo martes, comenzaron a fines de agosto del 2019 y fueron crecientes hasta hace unas semanas, cuando Bolsonaro le dijo que podría ser destituido si no aceptaba ese cambio.
Esas supuestas “presiones” e “injerencias” de Bolsonaro en la Policía Federal son investigadas por la Fiscalía General, bajo la supervisión de la Corte Suprema, y en caso de ser comprobadas pueden llevar al mandatario a ser sometido a un juicio e incluso al extremo de ser cesado del cargo.
Moro reiteró en su declaración que finalmente optó por renunciar al cargo de ministro de Justicia que ejerció desde que el líder de la ultraderecha llegó al poder el 1 de enero del 2019 cuando éste le comunicó su decisión de sustituir al director general de la Policía Federal, Mauricio Valeixo.
Como sustituto le dijo que nombraría al comisario Alexandre Ramagem, públicamente conocido como amigo de la familia Bolsonaro, a lo que Moro se opuso de forma rotunda y optó por renunciar, lo que se concretó el pasado 24 de abril.
Días después, efectivamente Bolsonaro designó a Ramagem como director de la Policía Federal, pero el nombramiento fue anulado por un juez del Supremo, debido precisamente a la proximidad del agente con la familia del gobernante y, en especial, con dos de sus hijos que son investigados por esa institución.
Bolsonaro nombró entonces este lunes para el cargo a Rolando De Souza, considerado una suerte de “brazo derecho” de Ramagem, quien asumió el puesto apenas una hora después de ser designado.
Este martes, el propio presidente confirmó que el superintendente de la Policía Federal en Río de Janeiro, Carlos Henrique Oliveira, dejará el cargo y pasará a la subdirección nacional del organismo.
Aún así, Bolsonaro sostuvo que esa era una decisión interna de la institución, en la que él no había “interferido”, aunque se negó a responder preguntas sobre el asunto y mando a “callar la boca” a los periodistas que intentaron aclarar el asunto.
Según los documentos revelados por la Justicia, Moro, famoso como juez de la operación anticorrupción Lava Jato, aclaró que él no dijo que Bolsonaro “podría haber cometido algún delito” y que eso “deben determinarlo los investigadores”.
De acuerdo al exjuez, la sospecha sobre posibles delitos partió de la Fiscalía General, cuando pidió a la Corte Suprema investigar las declaraciones que él dio al momento de renunciar al Gobierno.
Según el testimonio de Moro a la Justicia, de las “presiones” que dijo haber sufrido por parte de Bolsonaro fueron testigos algunos ministros e incluso constan en videos grabados por la Presidencia de algunas reuniones de gabinete.
En el marco de la investigación, la Fiscalía ha pedido al Supremo tomar declaración a los ministros de la Presidencia, Walter Braga Netto, de Seguridad Institucional, Augusto Heleno, y la Secretaría de Gobierno, Luiz Eduardo Ramos, entre otras personas del Gobierno y el Parlamento que, según Moro, fueron testigos de esa presión.
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