CIDH condena la violencia en el Perú y llama a “un diálogo amplio e inclusivo, con perspectiva intercultural”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron este lunes la violencia registrada en las recientes manifestaciones en el Perú y pidieron al Estado y a los manifestantes “a sostener un diálogo serio, amplio e inclusivo, con perspectiva intercultural, crucial para la gobernabilidad, la preservación de la institucionalidad democrática y la garantía de los derechos humanos”.

“Desde el 9 de diciembre, se ha registrado en todo el país el incremento de la violencia en las manifestaciones que buscan el cierre del Congreso, nuevas elecciones generales, la reforma constitucional y protestar contra la detención de Pedro Castillo”, dice la CIDH.

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“Las acciones violentas han resultado en el fallecimiento de David Atequipa Quispe, de 15 años; de Beckhan R. Quispe Garfias, de 18 y de una tercera persona cuya identidad se encuentra pendiente de verificación. Según datos de la Defensoría del Pueblo, también han resultado más de 30 personas heridas, entre manifestantes, periodistas y policías; y 11 personas habrían sido detenidas, de las cuales 5 aún permanecerían bajo arresto. Por su parte, la sociedad civil reporta que Lima, Andahuaylas y Huacho son las ciudades con mayor desarrollo de conflictividad; alegando el uso indiscriminado de gases lacrimógenos e, inclusive, el uso de perdigones de metal en contra de manifestantes”, agrega.

En su comunicado, la CIDH también da cuenta de las agresiones contra la prensa que cubren las protestas. “Se habrían registrado al menos 11 episodios de ataques que incluyen agresiones verbales y físicas, hostigamientos e impedimento de cobertura, un total de 21 periodistas habrían sido víctimas en un escenario de intensos discursos estigmatizantes contra el periodismo. Si bien la información disponible señala que la mayoría de las agresiones serian atribuibles a personas manifestantes, se tiene conocimiento de que al menos 2 periodistas habrían sido agredidos por agentes policiales”.

“Además, urgen a que se proteja la labor de las personas periodistas, pues la falta de garantías a la prensa perjudica la vigencia de un diálogo social amplio, toda vez que obstaculiza que la ciudadanía en general acceda a informaciones y opiniones sobre las demandas de las personas manifestantes; conozca sobre el actuar del Estado de Derecho y limita la denuncia sobre posibles violaciones de derechos humanos”, siguió.

La CIDH también se refirió al bloqueo de carreteras y el cierre de aeropuertos por parte de los manifestantes y recordó al Estado que “su deber de asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza basado en los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad con miras a reducir la letalidad policial; al tiempo de resaltar que la limitación del derecho a la protesta con base en un presunto carácter no pacífico debe estar dirigida específicamente a personas que cometan actos de violencia”.

En cuanto a la situación del Pedro Castillo, su detención y las investigaciones preliminares que adelanta el Ministerio Público, la CIDH llamó al “Estado a asegurar, de forma oportuna, las garantías del debido proceso y toda la asistencia especializada requerida. Al mismo tiempo, se toma nota de los mensajes emitidos por la presidenta, Dina Boluarte, haciendo un llamado fraterno a la calma, a la tranquilidad y la paz social, así como un anuncio a la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales para el mes de abril de 2024″.

Por último, la Comisión Interamericana y su RELE llaman a que “las personas que ejercen funciones públicas, el periodismo y los liderazgos políticos -incluyendo a quienes convocan a las protestas- participen en el debate democrático con base en hechos verificables, constatándolos razonablemente y asegurando que sus expresiones no inciten a la violencia, la intolerancia o la discriminación. Además, instan al Estado a promover diálogos amplios, serios e inclusivos que apunten a generar espacios de consenso y preservar el fortalecimiento democrático e institucional, en la justicia y el respeto por los derechos humanos. Para eso, se coloca a disposición del Estado para brindar todo tipo de cooperación y asistencia técnica”.