La investigación oficial sobre la desaparición y presumible masacre de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre pasado, presenta fallas y omisiones, principalmente de diligencias forenses, denunció este jueves la Comisión de Derechos Humanos (Ombudsman) de México.
La investigación de la Procuraduría General (fiscalía) y de autoridades del estado de Guerrero es "incompleta", concluyó el presidente de la Comisión, Luis González, al presentar un informe preliminar del seguimiento que la institución autónoma realiza a las indagatorias en torno a este crimen que escandalizó a México y a la comunidad internacional.
El documento de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), que ha tenido acceso a todo el expediente, señala que se han encontrado "fallas en las averiguaciones, falta de atención y asistencia a las víctimas, y omisiones en la práctica de diligencias ministeriales federales y locales".
La CNDH, que presentará en fecha próxima un informe final, adelantó este jueves 32 observaciones, 26 de ellas para la fiscalía general y entre las que destacan la realización de nuevos interrogatorios a policías y a militares destacados en la zona durante la jornada de los hechos.
El informe señala en particular que las autoridades, a 300 días de los violentos hechos, ni siquiera han integrado "fichas de identificación" de los 43 jóvenes reportados como desaparecidos.
También recomendó rastrear el uso posterior al crimen de dos teléfonos celulares de estudiantes y esclarecer distintas versiones de que algunos de los jóvenes estarían vivos.
Es necesario "que se realicen todas y cada una de las diligencias para tener una investigación de la magnitud de los hechos. Que no queden cabos sueltos (...). No es momento de callar ni de olvidar", pidió González.
- Estudios forenses adicionales -
Varias de las recomendaciones pusieron especial énfasis en la necesidad de realizar mayores estudios forenses a una serie de restos humanos que, según la fiscalía general, corresponderían a los estudiantes, lo que ha desatado serios cuestionamientos, entre ellos de un grupo de forenses argentinos que colabora de manera independiente en la investigación.
La noche del 26 de septiembre, decenas de estudiantes de una escuela rural de magisterio de la comunidad de Ayotzinapa (Guerrero) fueron atacados a tiros en la cercana ciudad de Iguala por policías coludidos con narcotraficantes.
Según la investigación de la fiscalía general, los agentes entregaron después a 43 de los estudiantes a miembros del cártel local Guerreros Unidos, quienes los llevaron a un basurero cercano y los asesinaron, incineraron y arrojaron sus restos a un río, supuestamente por pensar que entre los estudiantes había miembros de un grupo rival.
A pesar de que sólo se han identificado los restos de uno de los jóvenes, la fiscalía concluyó que todos fueron masacrados con base en otras evidencias físicas y los testimonios del centenar de detenidos, entre ellos el alcalde de Iguala.
Los padres de los estudiantes rechazan esta versión y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional creen que las conclusiones de la fiscalía fueron precipitadas.
El Ombudsman subrayó que este crimen debe acabar con la "alianza" entre el crimen organizado y autoridades de México.
"Es preciso que (...) todos podamos contribuir para romper la alianza entre el crimen y el poder, entre la delincuencia y la autoridad. Sin esa ruptura nunca se alcanzarán ni la paz ni la justicia en México", afirmó González
