Ciudad de Panamá [AFP]. La justicia de Panamá congeló las acciones y cuentas bancarias del principal diario del país, La Prensa, a petición del expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), que se querelló hace años contra el periódico por publicaciones sobre presuntos actos de corrupción y blanqueo de capitales cometidos por él.
“Las cuentas bancarias de Corporación La Prensa han sido secuestradas, lo que quiere decir que no podemos hacer uso de esos fondos”, dijo a la AFP el presidente de este conglomerado mediático, Diego Quijano.
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Con este secuestro “no podemos girar pagos de ningún tipo en estos momentos a proveedores ni pagar planilla ni cumplir contratos”, agregó Quijano.
Corporación La Prensa es la editora del diario La Prensa, fundado en 1980 en pleno régimen militar, al que se opuso radicalmente. De carácter liberal, es el periódico más influyente en la política del país.
Actualmente tiene 1.600 accionistas, de los que nadie tiene más de un 1% del control accionarial. Desde 2003, esta corporación también edita “Mi Diario”, un tabloide de carácter popular.
Según La Prensa, el secuestro, de hasta 1,13 millones de dólares, fue decretado recientemente por la jueza Lina Castro De León por una demanda civil, aún sin resolver, presentada en 2012 por Pérez Balladares.
El exmandatario reclama 5,5 millones de dólares por notas periodísticas que señalaban que, en 2009, el exgobernante “podría ser objeto de una segunda investigación penal” por presunto blanqueo de capitales, a través de una empresa que obtuvo una concesión bajo su mandato para operar 500 máquinas tragamonedas.
El secuestro pone en "riesgo" la difusión del diario, aunque en las próximas semanas "encontraremos alguna salida práctica" para "poder continuar operando financieramente", señaló Quijano.
“El sistema judicial en Panamá es uno de los más cuestionados en el planeta en cuanto a independencia y es muy lento en dictar fallos y sentencias” por lo que este caso puede quedar “dormido” sin que exista “una esperanza o claridad de cuando pudiéramos liberar esos dineros”, agregó.
Sin embargo, Pérez Balladares expresó que la medida busca “garantizar las acciones legales” por “la difusión de información falsa” que el diario “no tuvo disposición” de rectificar.
Esta medida “no coarta de ninguna manera el ejercicio de la libre actividad periodística a la que tiene derecho el mencionado medio y mucho menos a la libertad de prensa en el país”, dijo Pérez Balladares.
El presidente de la Cámara de Comercio panameña, Jean-Pierre Leignadier, señaló en un comunicado que el secuestro de La Prensa es “un duro golpe” a la libertad de expresión.
La juez del caso “atenta directamente contra la libertad de expresión y la democracia”, afirmó en Twitter el director ejecutivo para América de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
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