La disolución del Congreso vista desde fuera, por Farid Kahhat

El alegato sobre la presunta naturaleza autoritaria del gobierno de Vizcarra no comenzó con la disolución del Congreso. Alan García se refugió en la embajada del Uruguay y solicitó asilo, alegando que en el Perú no existían condiciones para un juicio justo porque era víctima de persecución política. César Hinostroza hizo un alegato similar, tras fugar hacia España. En el primer caso el gobierno uruguayo desestimó ese alegato al denegar el pedido de asilo de García. Lo mismo hizo el juzgado español que ordenó la extradición de Hinostroza por delitos de corrupción. Es decir, aquellos actores a quienes los propios implicados eligieron para juzgar su caso negaron que fueran perseguidos políticos.

►Arabia Saudita: el misterioso robo de un preciado diamante azul que provocó una cadena de asesinatos y una crisis diplomática

►Las “escalofriantes” grabaciones secretas del asesinato del periodista Jamal Khashoggi

►Un año después de su asesinato y descuartizamiento el caso de Jamal Khashoggi sigue impune

La mayoría del Congreso disuelto apeló a la Comisión de Venecia para que estableciera la presunta infracción constitucional en que incurría el gobierno de Vizcarra al pedir el adelanto de las elecciones generales. En un principio incluso planteó la posibilidad de condicionar su decisión sobre la materia al tenor del reporte que habría de emitir esa entidad. Sólo cuando la propia Comisión de Venecia aclaró que ni se pronunciarían sobre la constitucionalidad de la propuesta ni plantearía escenarios probables a futuro, la mayoría parlamentaria decidió archivar el proyecto en la Comisión de Constitución.

Como decíamos en la columna de la semana pasada, el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana faculta tanto a los Estados signatarios como al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a pedir la convocatoria del Consejo Permanente de esa entidad para que decida sobre una probable “alteración del orden constitucional”.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien propició en forma decidida la activación de la Carta Democrática Interamericana en los casos de Nicaragua y Venezuela, no hizo lo mismo en el caso peruano. Su pronunciamiento sobre la materia considera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, y añade textualmente que “Es un paso constructivo que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación”.

De hecho, ningún Estado miembro de la OEA ha insinuado siquiera la posibilidad de pedir una reunión de su Consejo Permanente. Recordemos que no forman parte de la OEA las dictaduras de Cuba y Venezuela y que sí lo hacen Brasil y los Estados Unidos. Como es sabido, el primero es un país gobernado por Jair Bolsonaro, un presidente de derecha radical que amenazó con retirar a su gobierno del Mercosur si los argentinos volvían a elegir a un gobierno peronista. Y el segundo es un país gobernado por Donald Trump, un presidente de derecha radical que amenazó con una intervención militar al régimen chavista de Venezuela. En otras palabras, si realmente lo que ha surgido en el Perú es una “dictadura chavista”, como alegan algunos ex congresistas, es de suponer que ambos mandatarios habrían dicho algo al respecto.

Si, por ventura, el lector tiene dudas sobre la pertinencia de ese último calificativo, le sugiero un experimento: pregúntele a los hermanos venezolanos que viven en nuestro país si consideran que lo que tenemos en el Perú es una “dictadura chavista”. No se ofenda si, por toda respuesta, se ríen de su pregunta.