La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020), en prisión desde 2021, pidió a la Justicia autorizar su salida temporal por “razones humanitarias”, para poder asistir al funeral de su madre, Eligia Chávez Cabrera, quien falleció este miércoles en la ciudad de Santa Cruz.
“Mi amada madre, Eligia Chávez Cabrera vda. de Añez, acaba de fallecer rodeada del amor de la hermosa familia que formó. Queda entre nosotros para siempre su vida de Luz, su vida de prodigarnos valores y brindar sus enseñanzas. La amo hasta la Eternidad, madre mía”, publicó Áñez en sus redes sociales.
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La madre de Áñez, de 95 años, sufría desde hace algunos meses un “rápido deterioro de su estado general” y la semana pasada tuvo un paro cardiorrespiratorio.
El abogado Luis Guillén, quien representa a la exmandataria, dijo a EFE que se presentó ante la Justicia la solicitud de una salida temporal para que Áñez pueda asistir a los funerales de su madre.
“Estamos esperando los pronunciamientos de las autoridades judiciales para ver si es que se da curso o no a esta salida judicial”, añadió.
Como antecedente, en abril de 2021 la Justicia otorgó un permiso especial al exministro Rodrigo Guzmán, que en ese momento cumplía detención preventiva por los hechos de la crisis en 2019, para asistir al entierro de su padre en la ciudad de Trinidad.
El abogado afirmó que no habría impedimento para ese permiso a favor de Áñez en los procesos por los que está en detención preventiva, mientras que en el caso por el que fue sentenciada a 10 años de prisión quien debe pronunciarse es un juez de ejecución.
Según Guillén, la Justicia debe otorgar ese permiso “por humanidad”.
Por su parte, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) mencionó en la red social X que la madre de Áñez “fue gravemente afectada por el encarcelamiento ilegal y arbitrario de su hija” y que en orden al derecho humanitario el Gobierno de Luis Arce debe permitirle asistir al sepelio para que pueda “darle su último adiós”.
Jeanine Áñez asumió el 12 de noviembre de 2019 el mando interino del país como segunda vicepresidenta del Senado, dos días después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) y de todos los funcionarios en línea de sucesión presidencial.
El pasado 13 de marzo, Áñez cumplió tres años detenida por los hechos que desencadenaron la crisis política y social en Bolivia en 2019.
A mediados de 2022, fue condenada a 10 años de prisión en el caso ‘golpe de Estado II’, por resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes por situarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial.
Además, afronta otros procesos judiciales por la crisis de 2019 y por diversas acciones que tomó durante su Administración interina, entre estos, un juicio por la muerte de una veintena de civiles, el cual se desarrolla por la vía ordinaria.
La exmandataria siempre ha reclamado un juicio especial de responsabilidades en el Parlamento por su condición de expresidenta y ha cuestionado que siete procesos en su contra se desarrollen por la vía ordinaria.
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