Las claves para entender el conflicto entre Milei y las universidades públicas de Argentina

Más de 270.000 personas se congregaron el miércoles ante el Congreso de Argentina y sus alrededores para exigir que el presidente Javier Milei no vete la Ley de Financiamiento Universitario y lograr así una ampliación del presupuesto para el 2025, que contemple el aumento de los salarios de docentes y no docentes de las 54 universidades públicas del país. Sin embargo, pasada la medianoche del jueves, el mandatario terminó vetando la norma, reafirmando así que no va a cambiar su política de recorte del gasto público, una de las piedras angulares de su gestión. ¿Qué sigue ahora?

El Gobierno calificó la protesta como “un espectáculo mediático” montado por la oposición “con el propósito de obstruir el plan económico del presidente”.

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Desde que llegó al poder, Milei ha calificado a las universidades públicas como un reservorio de “comunistas” y ha dicho que los profesores “adoctrinan” a los alumnos con ideas izquierdistas.

Milei gobierna Argentina desde diciembre del 2023. A mediados de setiembre presentó ante el Congreso su primer Presupuesto Nacional para el 2025, bajo la premisa de déficit cero.

El Gobierno ha prometido mantener el equilibrio fiscal que logró en sus primeros nueve meses de mandato.

Según el diario La Nación, un jefe de trabajos prácticos en Argentina cobra 189.000 pesos (195 dólares) con jornada simple, 378.000 pesos (389 dólares) con media jornada y 757.000 pesos (780 dólares) con dedicación exclusiva. Un profesor adjunto percibe 220.000 pesos (226 dólares) con dedicación simple, 440.000 (452 dólares) con dedicación semiexclusiva y 881.000 pesos (907 dólares) con dedicación plena. En el caso de un asociado (el puesto previo a ser titular de cátedra) cobra 1.005.000 pesos (1.034 dólares) si trabaja a tiempo completo. En este punto, cabe resaltar que la canasta básica familiar para no ser pobre en Argentina en julio pasado estaba en 900 dólares.

El pasado 13 de setiembre, Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario con 57 votos a favor y 11 en contra. Esta norma prevé aumentos de salarios de docentes y trabajadores de la universidad pública para contrarrestar el impacto de la inflación, que para agosto era de 236% interanual.

La ley propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario para el año 2024, con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.

La norma implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

La Ley de Financiamiento Universitario también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior y establece nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.

También establece recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1 de diciembre del 2023 y hasta el mes de promulgación de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho período.

Autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) denunciaron durante la manifestación del miércoles que los salarios de docentes y no docentes sufrieron una pérdida del 40% de su poder adquisitivo en lo que va del año y que el funcionamiento de sea casa de estudios se ha resentido por los recortes efectuados por el Gobierno de Milei.

La norma también busca garantizar el financiamiento de las universidades públicas obligando al Gobierno a actualizar las partidas presupuestarias.

Como parte de su plan de recortes, el Gobierno de Milei eliminó el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), mediante el cual el Estado enviaba recursos a los gobiernos provinciales para complementar los sueldos de los docentes. La mayoría de gobiernos provinciales no puede cubrir esos fondos, lo que supone un recorte de facto de los ingresos de maestros.

Además, los fondos para este año son los mismos que en el 2023, pero la inflación del 211% registrada el año pasado redujo su valor a un tercio, poniendo en peligro el funcionamiento de la mayoría de universidades públicas.

Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP),

en los primeros ocho meses del 2024 el gobierno de Milei redujo el gasto público en un 30,1% interanual.

El Gobierno asegura que ha aumentado las partidas que envía a las universidades nacionales. Lo ha hecho en un 150% interanual entre enero y setiembre de este año, pero cuando se le descuenta la inflación los recursos caen un 30%, según un estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto.

En el boletín donde se anunció el veto de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno de Milei argumentó que el Ejecutivo debe “lograr el equilibrio fiscal y mantenerlo a largo plazo”.

Además, sostuvo que la ley “no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos para su financiamiento, acarrea problemas técnicos” y pretende “dañar al gobierno políticamente”.

“El financiamiento debe ser discutido al momento de sancionarse el Presupuesto Nacional para el ejercicio fiscal que corresponda”, afirmó.

El Ejecutivo ha dicho que no está en contra del reclamo, sino de una ley que no indica de dónde sacar el dinero, así como de la “falta de transparencia en el control de gastos y deficiencias en el funcionamiento de la educación universitaria gratuita”.

La Constitución de Argentina habilita al presidente a vetar total o de manera parcial una ley.

En los próximos días el Congreso podría insistir en aprobar la Ley de Financiamiento Universitario. Para ello necesita reunir los dos tercios de los votos tano en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

Pero no será fácil conseguir los votos necesarios. La anterior ley vetada por Milei, que beneficiaba a los jubilados, los diputados no lograron reunir la cantidad necesaria de votos para aprobarla por insistencia.

El jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) en Diputados, Rodrigo de Loredo, advirtió en sus redes sociales que van a “insistir” con la ley que fue iniciativa de su partido, a pesar de compartir la necesidad del equilibrio fiscal.

El jueves, legisladores de la UCR y el bloque Encuentro Federal hicieron pedidos formales para que la Cámara de Diputados convoque a un debate del pleno la próxima semana para someter a ratificación la ley.

Por su perte, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo el jueves que si el Congreso ratifica la ley, el Gobierno no descarta acudir a la justicia.