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Washington, DPA
La organización de derechos humanos Human Rights Watch pidió hoy a los estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que pongan fin a su silencio ante los abusos de derechos humanos que se están cometiendo en Venezuela.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, envió una carta a los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay en la que les pide que exhorten al gobierno de Nicolás Maduro para que aborde "inmediatamente la grave situación de los derechos humanos en el país".
"Mientras que diversos organismos internacionales, entre ellos relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, han expresado su preocupación ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela, Unasur todavía no ha condenado los gravísimos abusos cometidos por agentes estatales venezolanos", recordó el activista chileno en su misiva.
HRW envió esta carta a los ministros de Relaciones Exteriores Héctor Timerman de Argentina, Luiz Alberto Figueiredo Machado de Brasil, Heraldo Muñoz de Chile, María Ángela Holguín de Colombia, Ricardo Patiño de Ecuador, Gonzalo Gutiérrez Reinel de Perú y Luis Almagro de Uruguay.
Unasur se ofreció a promover el diálogo entre el Gobierno Venezolano y la oposición, desde que el 12 de febrero se iniciaron protestas masivas en el país. La violencia que se desencadenó en Venezuela a raíz de estas protestas ha dejado, de momento, 42 muertos y más de 800 heridos.
Aunque Vivanco consideró "una buena iniciativa" el rol de mediador de Unasur, lamentó que su intervención no haya redundado "en resultados concretos para mejorar la situación de los derechos humanos en el país".
Human Rights Watch aseguró en su carta que, según las investigaciones que han realizado sobre el terreno, las fuerzas de seguridad venezolanas han llevado a cabo "abusos sistemáticos" contra los manifestantes de la oposición.
Esta organización denuncia que "miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y fuerzas policiales de los estados han aplicado rutinariamente la fuerza ilegítima contra manifestantes que no estaban armados e incluso contra transeúntes".
Los abusos han incluido, según HRW, "violentas golpizas; disparar armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud; y disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas y ya se encontraban bajo custodia de las autoridades".
Human Rights Watch considera que "no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos actores insubordinados". Al contrario, según esta organización, "forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa el más grave que hemos observado en Venezuela en años".
"Ante la inexistencia de un poder judicial independiente en Venezuela que pueda frenar los abusos del gobierno, resulta aun más importante que Unasur exhorte a la administración de Maduro a que proteja los derechos de los manifestantes", pidió Vivanco a los ministros de Exteriores de Unasur.
Human Rights Watch instó a Unasur a "exigir al presidente Maduro y otras autoridades competentes que desistan del uso ilegítimo de la fuerza durante operativos de seguridad pública y se abstengan de emplear cualquier retórica por la cual se fomente la violencia contra manifestantes y periodistas".
Según esta organización de defensa de los derechos humanos, las autoridades venezolanas deberían llevar a cabo "investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, disponer la liberación inmediata e incondicional de personas que hayan sido detenidas de manera ilegítima por ejercer sus derechos fundamentales, y adoptar medidas tendientes a restablecer la independencia del poder judicial".
