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El estado de caos y violencia desatados en Ecuador ha llevado al presidente Daniel Noboa a declarar a la nación en “conflicto armado interno”. “Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas”, dijo este miércoles 10 el joven mandatario en referencia a la gravísima crisis de seguridad que ha activado las alarmas en los países vecinos de la región.
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Desde el lunes 8, las bandas criminales lanzaron una dura ofensiva como represalia contra las medidas del gobierno para combatir al crimen. El estallido de violencia ha dejado, por ahora, diez muertos, más de 130 guardias penitenciarios secuestrados, fugas de capos e impactantes escenas de periodistas amenazados con armas en un canal de televisión.
El Comercio conversó con Andrea Suárez Velásquez, directora de Asuntos Públicos y Crisis de Llorente y Cuenca (LLYC) Quito, sobre el alcance de las medidas del gobierno contra esta compleja situación.
—¿Qué impacto puede tener la declaración de conflicto armado interno? ¿Era una medida necesaria ante la gravedad de la crisis?
En términos jurídicos y políticos es una decisión necesaria que, además, se ha tomado a tiempo. La escalada de violencia que hemos tenido en las últimas 48 horas ha cimentado una mayor recepción desde la ciudadanía para recibir con agrado esta decisión del presidente Noboa. Considero que es una medida adecuada debido a que en los últimos dos años, que es el tiempo en que la crisis ha ido escalando a distintos niveles, esta es la primera decisión frontal y tangible para contrarrestar a los grupos de la delincuencia organizada.
—Además, ahora son llamados terroristas ...
Exacto, incluso se les ha dado la categoría de terroristas, lo que en términos jurídicos supone un tratamiento distinto para las personas que sean capturadas cometiendo este tipo de delitos. Considero que ha sido una decisión correcta con el objetivo de poder retomar el control, da señales claras de una voluntad política para enfrentar el problema.
Las fuerzas de seguridad de Ecuador patrullan la estación de metro El Labrador en Quito el 10 de enero de 2024. (Foto de STRINGER / AFP).
/ STRINGER—¿Cree que el gobierno de Noboa va a poder salir de este caos? ¿Cómo podría hacerlo?
Esa es la segunda parte de este problema y es que, si bien la decisión me ha parecido adecuada y tomada a tiempo, el éxito de esta medida, la efectividad de lo que se está aplicando, va a depender no solo de esta voluntad, sino de otros factores vinculados a la operatividad de las acciones que se tomen en el marco del decreto e incluso a la disponibilidad de recursos.
—¿Qué es necesario para que la medida funcione?
En primer lugar, la decisión que ha adoptado el gobierno supone que ahora mismo la seguridad nacional está liderada y conducida por los militares. Es decir, la policía nacional apoya los planes de los militares. La forma en la que va a funcionar esa dinámica de trabajo es algo que se está empezando a trabajar a nivel interno, pero me parece que es uno de los factores que va a determinar el éxito o no de la medida, incluso por la disponibilidad de recursos de inteligencia que los militares vayan a tener para poner en marcha los operativos. El segundo factor importante es la disponibilidad de recursos. Existe la voluntad, pero la siguiente pregunta será de qué recursos vamos a dotar a las fuerzas del orden para hacer frente a este contexto de conflicto armado no internacional.
El presidente Daniel Noboa tomó la inédita decisión de declarar la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador. (Foto: AFP)
—El Perú ha declarado en emergencia toda la frontera norte del país. ¿Cuáles son los riesgos para los países vecinos?
La lógica nos dice que si hay un contexto de mayor control y represión en Ecuador, estos delincuentes, estos grupos terroristas, van a buscar replegarse y el destino lógico serían los países más cercanos como Colombia y Perú.
—Noboa ha dicho que Ecuador está en un estado de guerra. ¿La magnitud de la situación amerita esa afirmación?
En Quito hemos visto algunas circunstancias y hechos de violencia que han sido inéditos, que han generado miedo. No es la misma realidad que se ha vivido en zonas de mayor conflicto como Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, El Oro, en su mayoría provincias de la costa donde el escenario ha sido distinto. No creo que estemos en un estado de guerra como tal, pero sí hay una circunstancia de violencia extrema en varias zonas del país. Incluso cuando tuvimos el conflicto del Cenepa el alcance del estado de guerra estuvo acotado a las provincias fronterizas. Quizá la decisión del gobierno habría podido matizarse incorporando circunscripciones específicas donde la situación es más dramática.
