¿Hubo un golpe de Estado en Bolivia?, por Farid Kahhat

Comencemos por desfacer algunos entuertos. Primero, para establecer si hubo un golpe es irrelevante la naturaleza del gobierno depuesto: pueden producirse golpes de Estado tanto contra gobiernos democráticos como contra gobiernos autoritarios.

Segundo, que el derrocamiento inconstitucional del gobernante no sea sucedido por la formación de un gobierno militar no implica que no se haya producido un golpe. Por ejemplo, el golpe de Estado de Honduras en 2009 dio lugar a un gobierno civil.

Tercero, si bien existen casos de golpes que dieron lugar a transiciones democráticas (como el de Venezuela en 1957 o el de Paraguay en 1989), ello no implica que el cambio inicial de gobierno no se produjera a través de un golpe de Estado.

Hechas esas aclaraciones, creo que en Bolivia se perpetró un golpe de Estado.

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Apelar a que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas establece que, “ante situaciones conflictivas, internas y externas”, es atribución del Alto Mando Militar “sugerir a quien corresponda las soluciones apropiadas” como justificación, no resiste mayor análisis.

Primero porque, aún si aceptásemos la insólita interpretación según la cual dicha norma autoriza a los militares a determinar quién debe ser presidente, en un Estado de derecho la Constitución (que no autoriza tal cosa), debiera prevalecer sobre una ley.

En segundo lugar, la propia ley establece que se trata de una sugerencia “a quien corresponda”, y que es esa la autoridad que debería tomar la decisión: aquí la “sugerencia” no sólo fue hecha en fatiga militar por televisión, sino que, además, acto seguido, el Alto Mando dejó de obedecer al presidente (prerrogativa que no está ni en la Ley Orgánica ni en la Constitución).

Tampoco es verosímil el argumento según el cual las fuerzas del orden sólo buscaban evitar ser instrumentalizadas en un conflicto político (evitando así juicios ulteriores, como ocurriera con las masacres de 2003 tras la renuncia a la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada).

De un lado, fueron militares en actividad quienes colocaron la banda presidencial a Jeanine Áñez (sin mediar una sola votación con quórum del Congreso, sea para aceptar la renuncia del presidente Evo Morales, declarar la vacancia del cargo o determinar la línea de sucesión). De otro lado, porque las mismas fuerzas del orden que permitieron a manifestantes opositores amenazar a dirigentes del MAS o saquear sus viviendas (incluyendo la del propio presidente), tan solo horas después usaban armas letales para dispersar manifestaciones en favor de Morales.

¿Cabría sostener que, aun admitiendo que fue un golpe de Estado, podría justificarse en tanto se perpetró contra un gobierno que violó en forma reiterada la Constitución y había fraguado una elección que, según la Misión de la OEA, adolecía de graves irregularidades? En mi opinión, no.

Primero, porque Morales ya había aceptado la propuesta de la Misión de la OEA, según la cual debía convocarse a nuevas elecciones bajo una nueva autoridad electoral que fuera genuinamente independiente (dejando abierta la posibilidad de no ser candidato).

Segundo, porque la conducta de Áñez en el gobierno viene siendo inconstitucional y autoritaria. Por ejemplo, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (también un organismo de la OEA), criticó el “uso desproporcionado de la fuerza” tras una masacre contra manifestantes, su respuesta fue cambiar la ley para eximir a las fuerzas del orden de responsabilidad penal en casos como ese.