Cómo la crisis por el coronavirus ha agudizado el conflicto en Colombia

Por: Ricardo Del Rosario*

Al igual que la mayoría de los países de Latinoamérica, el Gobierno de Iván Duque adoptó un conjunto de medidas durante la emergencia sanitaria por el avance del coronavirus en Colombia. Sin embargo, a pesar de la cuarentena, las cifras de desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores y los asesinatos de líderes sociales continúan en ascenso debido a la disputa de actores ilegales por el control territorial que tiene lugar en medio de la pandemia que a la fecha ha dejado más de 233 mil casos confirmados y cerca de 8 mil fallecidos en ese país.

A pocos meses del cuarto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz suscrito en el 2016 por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), la violencia se ha reconfigurado con la expansión de otros grupos armados ilegales como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias de las FARC que no se adhirieron al proceso.

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia (UNVMC) presentó recientemente su informe trimestral ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. El documento señala que durante la pandemia han continuado las amenazas y asesinatos contra líderes sociales y hacia los excombatientes de FARC en proceso de reincorporación social, quienes también se han convertido en una población de alta vulnerabilidad.

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Desde la firma del acuerdo, 204 excombatientes han sido asesinados, 31 de ellos solo en el 2020. En lo que va del año la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) reportó 32 homicidios de líderes sociales y otros 47 casos en proceso de verificación. Según la organización civil Somos Defensores, al menos 437 líderes fueron asesinados desde el histórico acuerdo.

Durante la cuarentena, la Defensoría del Pueblo denunció que los grupos armados ilegales están restringiendo el acceso de las misiones médicas que son esenciales en los territorios más vulnerables a la pandemia y también alertó sobre el aumento del reclutamiento de menores de edad.

Escenario estratégico para los grupos armados

El cierre de las escuelas como medida de protección ante el Covid-19 ha facilitado el incremento de un 113% de menores reclutados respecto al 2019, siendo Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander los departamentos más afectados. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reportó que en estas mismas zonas solo en lo que va del 2020 se han presentado 43 casos de desplazamientos internos masivos de más de 13 mil personas.

La crisis sanitaria se ha convertido en un escenario estratégico para los grupos armados ilegales en su disputa por el control de los territorios y de las economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, pero también para ganar legitimidad en los lugares más olvidados del país.

A esto, se suma el reciente escándalo en el Ejército Nacional de Colombia, debido a que siete soldados aceptaron que abusaron sexualmente de una niña indígena Emberá-Chamí de 11 años en una comunidad rural en el límite de Risaralda y Chocó.

Este delito provocó de inmediato un conjunto de protestas a nivel nacional en contra del Gobierno de Iván Duque. El mandatario condenó la violación y poco antes el Congreso colombiano había aprobado una histórica reforma constitucional que permite la cadena perpetua para quienes asesinen y violen menores de edad.

Esta pandemia plantea desafíos complejos y de largo aliento a nivel global. Sin embargo, para Colombia el virus está significando además una reconfiguración de los actores del conflicto que, lejos de deponer las afectaciones hacia la población civil, continúan operando para lograr una ventaja militar. Hoy más que nunca Colombia necesita oxígeno de paz y una nueva normalidad sin guerra.

* Ricardo Del Rosario (Comunicación para el Desarrollo por la Universidad de Lima) es especialista en asuntos políticos internacionales. Ha trabajado en misiones políticas de paz con Naciones Unidas y la OEA en Colombia. Además, ha coordinado proyectos de derechos humanos y resolución de conflictos en el Perú.

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