El general retirado del Ejército colombiano, Henry Torres Escalante, mientras habla en la Audiencia de Reconocimiento de Verdad sobre asesinatos y desapariciones forzadas en Yopal, departamento de Casanare, Colombia, el 19 de septiembre de 2023. (Foto de Jurisdicción Especial para la Paz / EFE)
El general retirado del Ejército colombiano, Henry Torres Escalante, mientras habla en la Audiencia de Reconocimiento de Verdad sobre asesinatos y desapariciones forzadas en Yopal, departamento de Casanare, Colombia, el 19 de septiembre de 2023. (Foto de Jurisdicción Especial para la Paz / EFE)
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Agencia EFE

El general colombiano en retiro dijo este martes que los asesinatos de campesinos y colonos, conocidos como “”, que se cometieron en el departamento de se convirtieron “en números, en porcentajes” para lograr mejores resultados y ascender en el Ejército.

La cruda confesión la hizo durante el segundo día de una audiencia de reconocimiento de verdad celebrada por la Justicia Especial para la Paz (JEP) en Yopal, capital de Casanare, en el este de Colombia.

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La constante medición sobre los resultados (que hacían sus superiores) produjo un daño irreparable ya que las muertes se convirtieron en números, en porcentajes”, aseguró Torres frente a familiares de personas que fueron asesinadas y presentadas como guerrilleros o delincuentes muertos en combate.

El oficial retirado fue entre 2005 y 2007, siendo coronel del Ejército, comandante de la Brigada XVI, que tenía bajo su jurisdicción el Casanare.

Torres, el militar de más alto rango en reconocer su culpabilidad en los “falsos positivos”, hace parte de 21 exmilitares y otros exfuncionarios del Estado que reconocieron su participación en el asesinato de 303 personas para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate, crímenes conocidos en Colombia como “falsos positivos”.

Con dichos crímenes, que fueron destapados a finales de 2008, los militares de la época buscaban recompensas tales como permisos y ascensos, entre otros.

Por presiones

Torres explicó que su proceder, en el cual se daba prioridad a las muertes antes que a las capturas de guerrilleros, se debió también a las presiones a las que era sometido por parte de sus superiores y mencionó al entonces comandante del Ejército, el general Mario Montoya.

Las presiones venían desde el comandante del Ejército, general Mario Montoya (...) Esas presiones nos encaminaron a lograr objetivos operacionales a toda costa, despreciando el carácter humano de las víctimas”, acotó.

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En ese sentido dijo que asumía como “máximo responsable” de 196 asesinatos cometidos por militares bajo su mando en Casanare entre 2005 y 2007, y añadió que él también presionaba a la tropa bajo su mando.

Puntualizó que para el general Montoya eran más importantes las bajas en combate. “No puedo negar que la prelación era siempre sobre muertes en combate”.

De los más beneficiados

Torres dijo sin tapujos que de los “resultados” que entregaban los militares bajo su mando él fue uno de los más beneficiados porque permitían lograr ascensos y condecoraciones.

Debo reconocer con vergüenza que de todos estos crímenes que se cometieron bajo mi mando para esa época yo fui uno de los más beneficiados porque posicionaron a la Brigada (XVI) como una de las mejores a nivel nacional”, dijo.

Y agregó: “Por todos esos resultados operacionales, muchos de ellos ilegítimos, que informé al Comando Superior, fui muy bien evaluado y calificado”.

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Torres también aseguró que su actitud como comandante de la Brigada XVI derivó en lo que la JEP llamó una “organización criminal”, porque “me convertí en el líder de esa organización, sin tener en cuenta la protección de los civiles a quienes tenía la responsabilidad de brindar seguridad como garante de sus vidas”.

Según la JEP, las víctimas de los “falsos positivos” eran en su mayoría hombres entre los 18 y los 25 años. Sin embargo, en el caso de Casanare se acopió información sobre el asesinato de nueve mujeres, una de ellas embarazada.

La JEP estableció que por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate en Colombia entre 2002 y 2008, periodo que coincide con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

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