Bolsonaro a un paso de ser inhabilitado por abuso de poder en elecciones 2022 en Brasil

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil pospuso para el viernes el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por supuesto abuso de poder que puede inhabilitar al líder ultraderechista hasta 2030, luego de que tres de sus siete magistrados votaran contra él y sólo uno lo absolviera.

Tras cerca de cuatro horas y media de audiencia este jueves en la que votaron tres de los siete magistrados, el presidente de la máxima autoridad electoral de Brasil, Alexandre de Moraes, decidió suspender la audiencia por falta de tiempo y retomar la votación en la tarde del viernes.

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Hasta ahora tres magistrados consideraron probada la culpabilidad del exjefe de Estado y pidieron que se le condene a un período de inhabilitación política de ocho años, con lo que quedaría inelegible hasta 2030, incluyendo el instructor del proceso, Benedito Gonçalves.

Un voto más en su contra conformaría una mayoría para condenar y despojar de sus derechos políticos al capitán retirado del Ejército.

Tan solo el magistrado Raúl Araújo, el primero de los magistrados en votar este jueves, rechazó la inhabilitación del líder de la ultraderecha brasileña, que gobernó entre 2019 y 2022, cuando fue derrotado en las elecciones por el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

El futuro político del exmandatario será decidido el viernes por los tres magistrados que faltan por votar, entre los que figura Kassio Nunes Marques, cuyo nombramiento como miembro de la Corte Suprema y consecuentemente del Tribunal Electoral fue realizado por Bolsonaro.

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Los cuatro magistrados que votaron hasta ahora absolvieron al general Walter Braga Netto, que era el compañero de fórmula de Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2022 y también es acusado de abuso de poder en la campaña electoral.

Araújo, único magistrado hasta ahora en absolver al exmandatario, alegó que la Justicia tiene que tener una “intervención mínima” en el proceso electoral y citó al argumento usado en un juicio similar por el magistrado Gilmar Mendes, uno de los miembros del Supremo, de que el Tribunal Electoral no fue creado para “despojar mandatos”.

El punto central del juicio es la reunión a la cual Bolsonaro convocó a medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia, el 18 de julio de 2022, para descalificar de manera grave el sistema electoral y sembrar dudas sobre la imparcialidad del Poder Judicial.

“El contenido del discurso, en sus trechos censurables, surtió poco efecto en cuanto a su supuesto intento de deslegitimar las urnas, que es el argumento central de la denuncia”, afirmó Araújo.

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De acuerdo con el magistrado, si el discurso de Bolsonaro hubiese tenido el efecto de generar desconfianza en el proceso electoral, como señala la denuncia, se habría verificado una reducción en el número de votantes en Brasil, algo que no ocurrió.

Por el contrario, el magistrado instructor afirmó que, en su encuentro con los embajadores, el entonces mandatario vertió sospechas infundadas sobre las urnas electrónicas que Brasil usa sin denuncias de fraude desde 1996, en un discurso que fue transmitido ilegalmente por la televisión pública y las redes sociales del capitán de la reserva del Ejército.

Bolsonaro, de 68 años, insiste en su inocencia y asegura que le gustaría presentarse a las presidenciales de 2026, si no es declarado culpable en un juicio que ha tildado de “politiquero” y “malintencionado”.

Este jueves, el exmandatario recordó que, en caso de que sea condenado por la Justicia electoral, el Congreso podría concederle una amnistía.

“La amnistía está prevista en el régimen democrático y es el Parlamento el que la decide”, afirmó a los periodistas.

La posibilidad de presentar un proyecto de ley para amnistiarle fue planteada la víspera por el diputado Ubiratán Sanderson, un legislador del Partido Liberal (PL), la formación liderada por el exgobernante.

El proyecto prevé una amnistía para todos los políticos condenados por crímenes electorales en los comicios de 2022 con excepción de los condenados por terrorismo, tortura, racismo o crímenes hediondos, según adelantó Sanderson.