El líder opositor Luis Fernando Camacho está encarcelado desde el 30 de diciembre del 2022 en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en la puna de los Andes bolivianos. Desde ahí, quien es considerado el principal rival político del presidente Luis Arce gobierna Santa Cruz, la región más poblada y locomotora económica de Bolivia.
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Camacho, un empresario de 44 años, se encuentra en detención preventiva tras haber sido acusado de promover un supuesto golpe de Estado contra el exmandatario izquierdista Evo Morales, padrino político de Arce, en el 2019. La acusación se enmarca en las violentas protestas que explotaron a fines de ese año, cuando la oposición de derecha salió a las calles a denunciar un presunto fraude de Morales en las elecciones realizadas en octubre.
Desde fines del año pasado Camacho ha permanecido preso, pero gobernando Santa Cruz con ayuda de su vicegobernador. En abril, un juez ordenó ampliar de cuatro a ocho meses la detención preventiva en su contra, en respuesta a solicitudes del Ministerio de Gobierno, la Fiscalía y la gubernamental Procuraduría General.
Según el Gobierno, las protestas luego de los frustrados comicios del 2019 fueron un “golpe de Estado” contra Morales y la justicia ha acusado a Camacho de terrorismo y otros delitos por su relación en ese caso.
Rafael Archondo, periodista y analista político boliviano, señala que el calvario de Camacho comenzó de forma sorpresiva, cuando fue detenido en medio de un periodo de fiestas para el país.
“Ocurrió cuando nadie estaba muy pendiente de nada. En ese momento lo que se hace es trasladarlo a la ciudad de La Paz, es decir, alejarlo del lugar donde Camacho tiene respaldo y un partido político que lo apoya. De alguna manera es una especie de confinamiento porque se está alejando al preso del lugar donde está su familia y su vida habitual. Ese es el momento más duro para él”, dice a El Comercio.
Una figura que aún tiene peso
Para la oposición boliviana es claro que tras la detención de Camacho hay una motivación política. Su arresto ocurrió justo después de que él encabezara como gobernador un movimiento de descontento de más de 30 días, con el que el departamento de Santa Cruz le exigió al gobierno la realización de un censo de población y vivienda, algo que finalmente logró.
Archondo explica que el propósito de Santa Cruz era que el censo se terminara de resolver antes de las elecciones del 2025, con el fin de utilizar los datos y la información estadística para redactar la convocatoria a las elecciones. “Un censo implica eventualmente una redistribución de escaños y una serie de modificaciones en la distribución de los ingresos y de las transferencias del Estado central hacia las regiones. Fue una victoria de Santa Cruz que de alguna manera fue encabezada por Camacho”, dice el analista.
A este punto, Camacho sigue teniendo el respaldo del departamento de Santa Cruz. Mantiene, según las encuestas, los niveles de aceptación. Archondo apunta que la región tiene una identidad relativamente cohesionada y que, desde que en Bolivia se empezó a elegir a estas autoridades, todos los gobernadores de Santa Cruz han sido candidatos fuertes que han ganado por un amplio margen de votos y han sido respaldados por las organizaciones cívicas, sociales, sindicales y vecinales.
“Camacho en este momento es una especie de heredero de toda esa tradición”, dice el experto, que añade que, aunque se encuentre en prisión preventiva, el político “es una autoridad electa, un gobernador elegido por una amplia mayoría de votos.
“Él tiene un mandato. Estamos ante un caso en que se lo acusa de terrorismo, de haber participado en un supuesto golpe de Estado y mientras el caso no avance en su procesamiento, pues su situación se convierte en una prisión indefinida mientras su mandato sigue avanzando y los deberes y obligaciones que tiene como autoridad tienen que ser cumplidos desde la cárcel”, agrega.
De hecho, la región de Santa Cruz exige su liberación y dio un plazo a Arce para que apruebe una ley de amnistía, y que, si no se da, entonces impulsarán la revocación de su mandato.
Pero la prolongada detención de Camacho va dejando consecuencias que ya son visibles. La primera es de carácter político y es el debate que se ha abierto en Santa Cruz sobre si él debe seguir gobernando desde la cárcel o si es momento de designar a un sucesor.
“Inevitablemente esta situación anómala por la que una autoridad gobierna desde la prisión y desde un departamento que no es el suyo genera problemas internos en el manejo administrativo, pero también en el manejo partidario. Hay sectores en Santa Cruz que dicen que es hora de renovar el liderazgo. El vicegobernador cumple las funciones de Camacho, pero ha surgido la idea de reemplazar a Camacho. Es una primera consecuencia política que ha sido un efecto buscado por el gobierno central porque finalmente se trata de una organización opositora”, considera Archondo.
Temor por su salud
La situación en la que está Camacho volvió al debate esta semana cuando su abogado Martín Camacho afirmó que un informe médico privado estableció que la vida de su defendido “está en riesgo”.
El jurista señaló que cuatro especialistas, que participaron en una junta médica junto a varios doctores del régimen penitenciario, indicaron que el gobernador de Santa Cruz se encuentra en un lugar sin condiciones de “salubridad”, lo que ha agravado las enfermedades de base que “afectan a su sistema inmunológico”.
La agencia EFE recuerda que Camacho padece del síndrome de Churg-Strauss, un mal que ocasiona la inflamación de los vasos sanguíneos y que puede generar daños permanentes en los órganos, por lo que necesita una medicación especial y valoraciones médicas constantes, y también sufre de hipertensión arterial.
Según la defensa, también resulta perjudicial que Camacho esté a más de 4.000 metros de altitud, y se recomienda su “internación” en un centro de salud “para que se le realicen exámenes médicos”.
Archondo añade que, además de su situación clínica, Camacho está sometido a régimen de aislamiento en la prisión y a condiciones climáticas y topográficas ajenas a su biografía pues proviene del llano.
“Es un hecho que cualquier situación que derive en una lesión permanente e incluso en la muerte de Camacho significaría un serio golpe a la región, pero sobre todo a la unidad nacional de Bolivia porque implicará el reproche de que se ha matado a una autoridad o de que se la está orillando hacia la muerte”, dice Archondo.
Recuerda que en Bolivia existe una fuerte brecha entre el oriente y el occidente del país, la cual está en uno de sus momentos más álgidos desde el siglo pasado y ha aumentado desde el auge y el apogeo de Santa Cruz.
“Y si, además, el censo llega a demostrar que Santa Cruz es el departamento más poblado de Bolivia, entonces estamos hablando de un reforzamiento de esa brecha regional que es el problema central de Bolivia y que tiene obviamente tintes políticos”, concluye el experto.