De qué se acusa al expresidente de Colombia Álvaro Uribe y cuál es la pena que podría recibir

Por primera vez en la historia de Colombia un expresidente ha sido llamado a juicio. El martes, la Fiscalía General formuló una acusación contra Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, en un caso que tiene su origen en el 2012 con una querella contra el senador de izquierda Iván Cepeda y que años después se volvió en contra del líder político de la derecha colombiana.

La acusación fue presentada por el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia Gilberto Villarreal, quien asumió el caso el pasado 16 de enero.

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“A partir de la evidencia física y los elementos probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Una las pruebas contra Uribe, según la oficina de comunicaciones de la Fiscalía General, es el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha dicho en varias ocasiones que Diego Cadena, exabogado de Uribe, lo contactó para cambiar su testimonio sobre presuntos vínculos del exmandatario con grupos paramilitares de extrema derecha.

La Fiscalía remarcó que la decisión fue adoptada luego de varios pedidos de preclusión de fiscales diferentes que fueron desestimados por la justicia penal.

La decisión de la Fiscalía General de Colombia representa un cambio de rumbo en el proceso penal desde la llegada de la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, en marzo de este año, pues bajo la gestión anterior de Francisco Barbosa se pidió cerrar el caso.

Camargo fue elegida por la Corte Suprema entre una terna enviada por el presidente Gustavo Petro, viejo adversario político de Uribe.

Todo empezó en el 2012, cuando Uribe presentó una denuncia ante la Corte Suprema contra el congresista de izquierda Iván Cepeda, al que acusó de un supuesto complot urdido con testigos falsos para vincularlo a él y a su hermano Santiago Uribe con grupos paramilitares de ultraderecha, responsables de atroces violaciones a los derechos humanos en su guerra clandestina contra las guerrillas.

Pero la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que comenzó a investigar al expresidente en el 2018. La justicia sospechó que fue Uribe quien en realidad trató de manipular testigos y no su opositor.

Este miércoles, Uribe se pronunció sobre la decisión de la Fiscalía General y dijo que el juicio al que será llamado tiene motivaciones políticas y carece de pruebas en su contra.

“Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganza políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia”, dijo Uribe en un video que fue divulgado en sus redes sociales.

Uribe negó que conozca o haya tenido contactos con varios delincuentes citados en el proceso, algunos de ellos presos, a los que el abogado Cadena supuestamente contactó para que declaran en contra de Cepeda.

“Siempre pedí la verdad, nunca pedí a mentir ni callar”, aseguró Uribe, líder del partido Centro Democrático. “Jamás he involucrado a personas a delinquir, menos a personas de la edad de mis hijos”, agregó.

No se ha informado cuándo se iniciará el juicio contra Uribe.

De acuerdo con el diario El Colombiano, que entrevistó a abogados penalistas, los delitos por los que acusan a Uribe, fraude procesal y soborno a testigos, tienen cada uno penas de seis a doce años de cárcel.

Además de la privación de libertad, quienes son hallados culpables de estos delitos enfrentan multas significativas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un período considerable.

En cuanto a la prescripción del caso, de manera oficial la investigación a Uribe se inició el 8 de octubre del 2019; a partir de ahí se cuenta un plazo de seis años, lo que quiere decir que si no hay condena el caso se cerraría el 8 de octubre del 2025.

Para El Colombiano, es altamente probable que esto ocurra, no solo por las demoras propias de los juicios en el país, sino porque el caso debe pasar por al menos dos instancias para conseguir una sentencia firme.

El 7 de setiembre del 2012, el senador Iván Cepeda realizó un debate sobre el paramilitarismo en el departamento de Antioquia. El político presentó dos testimonios que señalaban al expresidente Uribe y a su hermano Santiago Uribe de fundar el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Tras ello, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema por el delito de manipulación de testigos y presentó algunas entrevistas que se hicieron a varios presos.

Seis años después, el 16 de febrero del 2018, el caso dio un vuelco. La Sala Penal de la Corte Suprema hizo público un auto en el que cerró la investigación contra Cepeda y ordenó que Uribe, entonces senador, sea investigado por “manipulación de testigos”.

Entre el 21 y el 23 de febrero del 2018, el abogado Diego Cadena, ante una posible apertura de investigación en contra de su entonces defendido Álvaro Uribe, y el excongresista Álvaro Hernán Prada, habrían programado visitas a una prisión para entrevistarse con Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar.

Durante sus visitas, le habrían pedido a Monsalve que cambiara su versión. La idea, al parecer, era que este se rectificara e indicara que había sido manipulado por Cepeda para declarar en contra de Uribe.

El Colombiano sostiene que Monsalve es clave en este caso, pues es hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, propiedad de los Uribe Vélez. Este testigo ha insistido en que el expresidente, junto a otros paramilitares, fundó el Bloque Metro de las AUC.

El 24 de julio del 2018, la Corte Suprema abrió una investigación formal contra Uribe. El caso empezó por el supuesto intento del expresidente y de Prada de influir y presionar a Juan Guillermo Monsalve.

El 15 de setiembre del 2018 se reveló que la Corte Suprema interceptó por error el teléfono de Uribe. Según la justicia, la interceptación se hizo sobre el teléfono que aparecía en un expediente a nombre del excongresista Nilton Córdoba Manyoma, pero el número resultó ser el del expresidente.

Nilton Córdoba negó que hubiera entregado ese teléfono como suyo. El hecho llevó a que la Comisión de Acusaciones iniciara una investigación contra el entonces magistrado José Luis Barceló, quien llevaba el caso.

En las llamadas, aparentemente, Uribe manifestaba tener conocimiento del plan de montaje que sus colaboradores preparaban contra Cepeda.

El 18 de febrero del 2019, la Sala Especial de Instrucción rechazó una solicitud de Uribe para anular la investigación en su contra. El expresidente había pedido cerrar el proceso argumentando que su teléfono había sido interceptado de manera ilegal.

Finalmente, el 8 de octubre del 2019 Uribe quedó vinculado a proceso de manera formal por los delitos de soborno y fraude procesal.

Casi un año después, el 4 de agosto del 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó prisión domiciliaria contra Uribe.

El 18 de agosto del 2020, Uribe anunció su renuncia como senador. Esta decisión causó que la Corte Suprema perdiera competencia sobre su caso y este pasó a la Fiscalía General, entonces dirigida por Francisco Barbosa.

Tras estar Uribe 66 días en prisión domiciliaria, el 10 de octubre de 2020 se le revocó dicha medida.

El 5 de marzo del 2021, el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, solicitó la primera preclusión del proceso contra Uribe porque, argumentó, no había suficientes pruebas para enjuiciar al exmandatario.

Pero 6 de abril del 2022, la justicia negó la preclusión y ordenó continuar con la investigación.

En caso pasó al fiscal Javier Contreras, quien también pidió la preclusión.

El 23 de mayo del 2023, la jueza Laura Barrera decidió no precluir el caso. Sostuvo que la Fiscalía no argumentó bien la solicitud que pretendía cerrar la investigación.

El 6 de octubre del 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó por tercera vez la solicitud de la Fiscalía de precluir el caso; había insistido en que no hay pruebas para llevar a juicio al exmandatario.