España: Las contradicciones de Podemos que lo colocan en medio de la polémica

Madrid. Podemos, el partido que nació con el emblema de defender a las clases menos favorecidas de la sociedad española contra lo que denomina “casta política”, se encuentra en el punto de mira por actuaciones que contradicen sus proclamas. Algunas de estas conductas son directamente ilegales, y han pasado por vía judicial. Otras no son punibles jurídicamente, en principio, pero chocan con la filosofía básica de la formación. Una agrupación que, en su momento, parecía que arrebataría el poder central a los partidos tradicionales españoles y que, si bien gobierna solo o en coalición en sendos ayuntamientos y en algunas regiones del país, hoy difícilmente llegaría a un 20% en las preferencias electorales de los españoles según las encuestas.

— El chalé que le puede costar el puesto a Pablo Iglesias —

La última de estas contradicciones es protagonizada por su líder más carismático, Pablo Iglesias, diputado y secretario general de su partido, conjuntamente con Irene Montero, diputada y portavoz en el Congreso de Podemos. Iglesias y Montero son pareja, y esperan el nacimiento de sus mellizos para el próximo octubre. El escándalo se ha desatado porque la prensa ha revelado que la pareja ha adquirido un lujoso chalé en la localidad de Galapagar, a las afueras de Madrid de 268 metros cuadrados y más de 2.000 de terreno adyacente por 600.000 euros. Lo han hecho con préstamo hipotecario y el aval, según Iglesias, de que a él le tocará una herencia de un millón de euros. Herencia que, se entiende, le llegará cuando fallezcan sus padres. Si bien no hay delito aparente, el hecho es que Podemos y el propio Iglesias se hicieron populares enarbolando la bandera de la austeridad, la solidaridad y el alejamiento del dispendio y el lujo.

Las frases que han pronunciado Iglesias y sus correligionarios desde 2015, cuando se constituyó el partido, son abundantes en su abierta contradicción con sus recientes actuaciones. Por ejemplo, la hemeroteca recuerda que Iglesias denostó a aquellos políticos que “se compran casas de 600.000 euros”, nada más y nada menos. Y es que, entre otras cosas, Podemos surgió arropado por miles de personas que perdieron sus casas a costa del desempleo y de hipotecas onerosas. La prensa no se cansa de difundir detalles del famoso chalé, como el hecho de que únicamente su piscina está valorada en unos 100.000 euros, el precio medio de una vivienda en España.

Incluso desde las propias filas de Podemos las críticas arrecian. El alcalde de Cádiz, José María González, es uno de los más duros con la compra Iglesias- Montero. Al respecto, ha dicho: “La gente está dispuesta a perdonarnos que nos equivoquemos con casi todo, pero no que nos equivoquemos de bando”. González señala que él prefiere quedarse en su departamento de “currante” (trabajador) de siempre porque eso supone “el compromiso de vivir como la gente corriente para poder representarla en las instituciones”.

La tormenta mediática y política es tal que Iglesias y Montero han sometido a votación de la militancia del partido su continuidad política. Hasta este domingo los casi 500 mil afiliados podrán responder por Internet a esta pregunta: “¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General de Podemos y de la Portavocía parlamentaria?”. Dirigentes de la formación han anunciado que votarán en contra. Entre ellos se encuentra Claudia Varella, líder de una formación que va en coalición con Podemos en la Comunidad Valenciana, quien ha manifestado que “a efectos de credibilidad política” el propio hecho de hacer la mencionada consulta desautoriza a Iglesias y a Montero “como dirigentes de la nueva política” por ser algo “soberbio y profundamente ególatra”. Para ella, Iglesias y Montero desarrollan “un ejercicio de incoherencia permanente”.

— Sueldo sin trabajar, plusvalías poco sociales y empleados sin beneficios —

El caso de Iglesias es el último y más sonado caso de contradicción en Podemos. Pero no es el único. El “número dos” del partido, Íñigo Errejón, afrontó un serio cuestionamiento en 2014 y 2015 porque se conoció que disfrutaba de un contrato en la Universidad de Málaga (de titularidad pública) por un trabajo que no desarrollaba pues ya era dirigente de Podemos a tiempo completo en Madrid. La universidad abrió expediente sancionador contra Errejón. Otra banderas de Podemos es la lucha contra las llamadas “puertas giratorias” mediante las que los “políticos tradicionales” se han beneficiado con contratos en entidades públicas.

Ramón Espinar, senador y líder de Podemos en Madrid, también afrontó la acusación de actuación contradictoria cuando, en 2016 la prensa difundió que había adquirido una vivienda de protección oficial, subvencionada, y luego la vendió logrando una plusvalía de 20 mil euros. Otro emblema de Podemos es, precisamente, la oposición a las plusvalías, sobre todo las obtenidas gracias a subvenciones.

En mayo de 2017, Pablo Echenique, otro miembro de la cúpula de Podemos, fue multado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social porque su asistente personal trabajaba para él sin contrato y sin gozar de Seguridad Social. Un caso especialmente polémico para Podemos pues una de sus reivindicaciones estrella es el respeto y la ampliación de los derechos de los trabajadores.

— El fundador de Podemos que cobró más de 400.000 euros del chavismo —

Si hay un rostro que define la etapa pletórica de la fundación de Podemos es la de Juan Carlos Monedero. Un dirigente que abandonó la primera línea de la política cuando se supo que fue multado por el fisco español por no haber declarado ingresos por más de 400.000 euros que recibió del Gobierno Venezolano cuando Hugo Chávez era presidente. Monedero habría elaborado informes para la creación de una moneda para la “región Alba” de Latinoamérica que, está claro, no se materializó. Además del fraude fiscal, Monedero fue sancionado por este caso sin empleo y sueldo durante seis meses por “falta muy grave” por la Universidad Complutense de Madrid, donde trabaja como profesor. En febrero de este año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló que la universidad tenía razón al penalizarlo por haber realizado “actividad privada retribuida sin autorización”.