El aborto vuelve a ser noticia en Estados Unidos. El Tribunal Supremo está escuchando desde este lunes los argumentos del Gobierno del presidente Joe Biden y de clínicas abortivas sobre la presunta inconstitucionalidad de la ley en Texas que prácticamente prohíbe el aborto en dicho estado.
Lo primero que el analista Octavio Pescador, profesor de la Universidad de California (UCLA) en Los Ángeles, señala es que la sentencia de Roe vs. Wade -que despenalizó el aborto en Estados Unidos en 1973-, se va a mantener vigente.
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Según él, no debería importar lo mucho que se hable de los intentos por recortar el ‘pro choice’ -eufemismo que hace referencia a la capacidad de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos- o si la cobertura noticiosa hace pensar que el derecho tiembla en las cortes de Texas.
No hay que perder de vista que, en Estados Unidos, cuenta Pescador, “la interpretación de las leyes se da, en buena medida, según lo que siente la sociedad y a lo que se expresa en los sondeos”. Y que la mayoría está a favor.
Con eso en mente, es muy poco probable que la Corte Suprema de EE.UU. anule el derecho que se estableció a nivel federal hace casi 50 años.
Incluso, agrega el especialista, no se puede señalar a todos los republicanos como opositores al derecho en cuestión. “Esa forma de pensar no representa el sentir de todos los conservadores”, dice.
“Hay quienes son conservadores en lo económico y liberales en lo social. También hay republicanos gays, lo que evidencia que en el partido republicano hay bastante laxitud y diferentes opiniones”.
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¿QUÉ SUCEDE CON TEXAS?
A inicios de setiembre de este año en Texas se hizo efectiva la ley SB8, que “prohíbe los abortos después de que se [pueda] detectar el latido del corazón en el útero, lo que normalmente sucede alrededor de las seis semanas”.
Con esta ley aprobada por las cámaras legislativas locales, el papel de las autoridades federales pasaba a un segundo plano y, por el contrario, incentivaba a que los ciudadanos demandaran “a mujeres, médicos o a quien auxilie en la interrupción de un embarazo”.
“Si la demanda tiene éxito, el denunciante puede recibir 10.000 dólares para cubrir sus daños legales. Los acusados no reciben este apoyo monetario si ganan en los tribunales”, explica “El País”.
Es decir, la SB8 no prohíbe el aborto, sino que crea las condiciones para dificultarlo, un recurso que se usa con mucha frecuencia.
Planned Parenthood anota que, en lo que va del 2021, “se han registrado cerca de 600 restricciones al aborto en más de 45 Estados. Unas 90 han sido aprobadas”.
Es entonces que las organizaciones que están a favor del ‘pro choice’ (las clínicas que ofrecen servicios de aborto y otras asociaciones) y el gobierno de Joe Biden pusieron el grito en el cielo y tomaron acciones legales.
Desde este lunes 1 el Tribunal Constitucional revisa dos reclamos (‘two challenges’, que no tienen que ver con el aborto, sino que se enfocan en las cuestiones legales):
1. Whole Woman’s Health vs. Jackson
La Corte Suprema deberá decidir si los tribunales federales tienen “el poder de revisar la prohibición del aborto en Texas”. Esto porque, según Whole Woman’s Health, la ley SB8 “viola flagrantemente” los derechos constitucionales de los texanos.
Y allí no acaba el caso.
Pescador anota: “Los que están en contra de esta ley están pidiendo demandar a los jueces que la aprobaron”.
Lo confirma el Center for Reproductive Rights:
“Entre los acusados en la demanda están todos los jueces y secretarios de los tribunales estatales en Texas, la Junta Médica de Texas, la Junta de Enfermería de Texas, la Junta de Farmacia de Texas, el fiscal general y Mark Lee Dickson, director de Derecho a la Vida del Este de Texas, [y] un individuo que ha amenazado con demandar bajo la nueva ley”.
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La explicación de este recurso, explica Pescador, es que los mencionados (a excepción del último) deberían ser imparciales. “Será la Corte Suprema la que diga si es correcto demandarlos”.
2. United States vs State of Texas
La postura del gobierno federal es que la ley en cuestión configura un “ataque descarado a la supremacía de la ley federal”.
“The Washington Post” recoge uno los argumentos que se escucharon hoy en la corte. La procuradora general de la nación, Elizabeth B. Prelogar, dijo que, si esta ley sigue adelante, “ningún derecho constitucional es seguro”.
Ella sostuvo:
“La posición de Texas es que nadie puede demandar, ni las mujeres cuyos derechos se ven afectados más directamente ni los proveedores ... y ni los Estados Unidos”
“Nuestras garantías constitucionales no pueden ser tan frágiles y la supremacía de la ley federal no puede ser tan fácil de manipular”.
EL INTERÉS DE JOE BIDEN
Pescador anota que, con esta polémica, el presidente de Estados Unidos se la juega entera.
“Ahora que le fue mal en Afganistán, que todavía no se aprueba su plan de infraestructura y que se viene otra polémica sobre el endeudamiento y el techo de la deuda, esta es una bandera para decir que está peleando por el pueblo, que defiende el derecho de las mujeres”.
En efecto, el mandatario se ha venido pronunciando sobre este tema. Joe Biden ha dicho:
“La ley de Texas perjudicará significativamente el acceso de las mujeres a la salud, particularmente en las comunidades de color y pobres”.
“De forma atroz, delega a los ciudadanos la responsabilidad de denunciar a quienes crean que han auxiliado a otra persona a abortar, lo que puede incluir familiares, trabajadores de salud, secretarias o empleados en las clínicas o extraños sin relación al individuo”.
Pero, tal como sugiere Pescador, sería ingenuo pensar que las palabras del mandatario no responden a un interés político.
“Este asunto es una de las piezas fundamentales de la plataforma política del Partido Demócrata. La idea contemporánea que se tiene del partido va ligada al derecho al aborto, así como el apoyo a la clase trabajadora, etc.”
“Con todo esto, él gana políticamente, sin importar de cual sea el resultado. Él demuestra ser congruente”.
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