Un grupo de familias de víctimas de la matanza ocurrida en 2018 en un instituto de enseñanza media de Parkland (Florida) llegó a un acuerdo con las autoridades de las escuelas públicas de la zona por el que recibirán 25 millones de dólares, según informaron sus abogados.
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El acuerdo abarca a 52 familias y establece que las que perdieron a alguno de sus miembros en la matanza recibirán más que los familiares de los heridos, según dijo a medios locales el abogado David Brill sin dar más datos sobre la distribución del dinero.
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De esta manera se cierra una demanda por negligencia presentada contra el Distrito Escolar del condado Broward (sureste de Florida) por esas familias.
Diecisiete personas, 14 de ellas alumnos y tres trabajadores del instituto Marjorie Stoneman Douglas (MSD), murieron el 14 de febrero de 2018 a causa de los disparos hechos con un rifle semiautomático en el centro, un hecho del que está acusado el joven Nikolas Cruz, hoy de 23 años de edad
Una veintena de personas resultaron heridas en el tiroteo indiscriminado.
Cruz, que fue detenido el mismo día y confesó haber sido el autor de los disparos, comparecerá mañana miércoles ante la jueza Elizabeth Scherer para declararse culpable de 17 asesinatos y otros tantos intentos de asesinato con el fin de evitar ser condenado a la pena de muerte, lo que ha provocado reacciones encontradas entre los familiares de las víctimas y heridos.
La Fiscalía ya anunció que seguirá pidiendo la pena capital para este joven, que cuando ocurrió la matanza ya no era alumno del centro Marjorie Stoneman Douglas, del que fue expulsado por mala conducta, y que tenía un arsenal en la casa donde vivía con una familia de acogida tras la muerte de su madre adoptiva.
“No existe una cantidad de dinero capaz de compensar a las numerosas víctimas de manera adecuada, pero dadas las circunstancias de este caso en particular y el hecho de que la junta escolar es una entidad inmune soberana, este es un acuerdo justo y notable”, dijo Brill.
Todavía hay otras demandas contra las autoridades escolares por resolver.
Los demandantes de la ya resuelta alegaron que la negligencia de las autoridades favoreció que el autor de la matanza pudiera entrar al centro y abrir fuego contra el personal y los alumnos.
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