El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes una orden ejecutiva de efecto inmediato que permite al Gobierno cerrar la frontera con México a los inmigrantes que solicitan asilo cuando los cruces irregulares superen los 2.500 diarios. Esta medida se da a solo cinco meses de las elecciones presidenciales de noviembre, en cuya campaña el tema migratorio es uno de los principales motivos de debate entre demócratas y republicanos.
Se trata de la medida más drástica adoptada por el Gobierno de Biden en la frontera sur de Estados Unidos. Los analistas consideran que es un intento del mandatario de ganar protagonismo en materia de inmigración, a pocas semanas del primer debate presidencial del próximo 27 de junio contra su rival Donald Trump.
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“He venido hoy aquí para hacer lo que los republicanos en el Congreso se niegan a hacer, tomar las medidas necesarias para asegurar nuestra frontera (...) arreglemos el problema y dejemos de pelearnos por él”, afirmó Biden en la Casa Blanca.
“Esta acción ayudará a ganar el control de nuestra frontera y restablecer el orden en el proceso”, siguió el presidente.
“Vamos a seguir trabajando con nuestros vecinos mexicanos, en lugar de atacarlos, y construiremos una relación fuerte”, afirmó el mandatario.
Biden ha utilizando la misma autoridad a la que apeló Trump cuando estaba en el poder para regular la inmigración por la frontera. Se trata de la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 que otorga al presidente la autoridad de prohibir la entrada a ciertos migrantes mediante decreto si se considera que su ingreso sería “perjudicial” para el interés nacional.
Como candidato, Biden criticó al Gobierno de Trump por ser “inhumano” en la frontera, recordó CNN. Sin embargo, un funcionario gubernamental defendió las medidas este martes y dijo que eran distintas y separadas de las de Trump, al tiempo que reconoció que están preparados para los desafíos legales que se vienen, “desde ambos lados del espectro político”.
La agencia AP precisó que el presidente ha estado sopesando durante meses la posibilidad de actuar por su cuenta, después de que una iniciativa bipartidista en el Congreso para restringir el asilo en la frontera fracasó debido a que los republicanos se retractaron del acuerdo a pedido de Trump.
Más de 2,4 millones de migrantes
cruzaron la frontera sur de Estados Unidos en el año 2023. La mayor parte proviene de Centroamérica y Venezuela.
Estas son las claves de la orden de Biden:
Lo que dice la orden
Bajo la orden ejecutiva, la frontera con México se cerrará para los migrantes que solicitan asilo tras cruzar fuera de los puertos de entrada si las llegadas diarias promedio en los últimos siete días superen 2.500. Se reabrirá cuando desciendan a 1.500 en el promedio de siete días.
La medida tiene efecto inmediato, pues el promedio semanal de cruces diarios actualmente supera la cifra de 2.500, explicaron funcionarios de la Administración Biden a periodistas estadounidenses.
Actualmente, los cruces irregulares en la frontera sur rondan los 4.000 por día en el promedio semanal, según datos del del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citados por Telemundo.
El umbral mínimo de 1.500 solicitudes para que la frontera se vuelva a abrir podría ser difícil de alcanzar, pues la última vez que se registró esa cifra fue en julio del 2020, en medio de la pandemia de covid-19, remarcó Telemundo.
Por Haim Vásquez,
Abogado de inmigración, miembro de la barra de abogados de Texas
Esta es una decisión política, pues estamos en año de elecciones en Estados Unidos. Pero en lugar de resolver la situación que tenemos en la frontera, provocará que las personas que posiblemente tienen un caso legal de asilo, con un miedo creíble a persecución o muerte, no podrán presentar su solicitud.
Hay que recordar que cuando el presidente Biden tomó posesión de su cargo, la Casa Blanca habló sobre ciertas medidas que el Gobierno iba a implementar, como ubicar en la frontera a jueces de inmigración que pudieran resolver las solicitudes de asilo de forma rápida y expedita, para así preservar los derechos de las personas, que están protegidas por la ley en Estados Unidos. Al mismo tiempo, esa rapidez iba a permitir que el sistema no colapse, como ocurre ahora.
Al mismo tiempo, Biden también dijo que iban a mover a oficiales de inmigración a la frontera procesar los casos de una forma más rápida. Nada de eso pasó.
Ahora, a tres años de estos anuncios, tomar una medida como esta es tapar el sol con las manos, porque no va a cambiar la situación en la frontera. Lo que va a pasar es una situación en la que habrá personas que van a tratar de presentarse lo más temprano posible en el día, creando muchísimo más caos para entrar antes de que se supere el umbral de las 2.500 personas.
Basados en el colapso que tenemos actualmente, en la ley de inmigración y en la falta de acción para cambiarla y hacerla más eficaz, los casos de asilo pueden demorar entre cuatro y ocho años en resolverse. Ello crea el problema que tenemos hoy, donde hay casos de 8 años el los que ya es imposible poder probar que de verdad el solicitante está sufriendo algún tipo de miedo creíble. Así, las cortes de inmigración tienen al día de hoy millones de casos sin poder tomar acción.
¿Qué pasará con los migrantes una vez que se supere el límite?
Según los funcionarios que hablaron con los periodistas, quienes lleguen a la frontera una vez que se supere el umbral de 2.500 estarán sujetos a “un estándar significativamente más alto” para calificar para asilo.
Así, los migrantes deberán demostrar que existe una “posibilidad razonable” de que están en riesgo de sufrir torturas o ser perseguidos si son devueltos a su país de origen, explicó la agencia EFE.
Los funcionarios remarcaron que Estados Unidos se adherirá a las obligaciones de la convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíbe expulsar a alguien a un país donde puede ser torturado.
Pero si los migrantes no son capaces de demostrar que califican para el asilo bajo este estándar más elevado, serán deportados en cuestión de “horas” o “días”, según indicaron los funcionarios.
En ese caso, la situación variará dependiendo de la nacionalidad del migrante o solicitante de asilo. Aquellos que sean mexicanos o nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, serán devueltos directamente a México en virtud de acuerdos previos de EE.UU. con las autoridades mexicanas.
Los que lleguen a la frontera desde otras partes tanto dentro como fuera del continente americano, como Colombia o Ecuador, serán expulsados en vuelos de deportación, indicó EFE.
Las excepciones
La orden tiene excepciones: no alcanza a los niños no acompañados, a las víctimas de una forma grave de trata de personas, a quienes presenten una urgencia médica aguda o una amenaza inminente y extrema para la vida y la seguridad, entre otros.
Tampoco se se aplicará a los solicitantes de asilo que lleguen con una cita agendada en la app CBP One (unos 1.250 al día) o mediante otra vía legal.
“El Gobierno de Trump atacó casi todas las facetas del sistema de inmigración, y lo hizo de una manera vergonzosa e inhumana”, dijo el martes un funcionario de la Casa Blanca a la prensa. “La acción no prohibirá a las personas en función de su religión, no separará a los niños de sus madres, también hay estrechas excepciones humanitarias a la prohibición de asilo, incluso para aquellos que enfrentan una emergencia médica aguda o una amenaza inminente y extrema para la vida o la seguridad. Las acciones del Gobierno de Trump no incluyeron estas excepciones”, agregó.
¿Qué ocurrirá con el comercio?
El tráfico comercial en la frontera con México continuará abierto y los extranjeros con visas de turista o migratoria o con green card podrán seguir ingresando a través de los puertos de entrada.
Desafíos legales
Mediante un comunicado, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) informó que buscará tumbar en los tribunales la orden ejecutiva de Biden.
“Tenemos la intención de impugnar esta orden ante los tribunales. Era ilegal cuando Trump lo hizo, y no es menos ilegal ahora”, dijo Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, uno de los abogados que ha liderado varias batallas legales contra el Ejecutivo estadounidense y logró que se revocara las medidas del gobierno republicano.
Por su parte, Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho de inmigración en la Facultad de Derecho de Cornell y coautor de una importante serie de 22 volúmenes sobre derecho de inmigración, le dijo a Univisión que el presidente Biden utiliza una sección de la ley de inmigración estadounidense conocida como 212(f) como autoridad para la restricciones. Recordó que Trump “también intentó utilizar el artículo 212(f) para restringir la entrada a los Estados Unidos, pero fue impugnado ante los tribunales”.
“Los tribunales han dicho que todos los presidentes tienen amplia autoridad en materia de inmigración, porque la inmigración afecta las relaciones exteriores y la soberanía. Pero ese poder no es absoluto”, advirtió Yale-Loehr.
El especialista anticipó que “los defensores de los derechos de los inmigrantes demandarán inmediatamente al presidente Biden para intentar impedir que su acción ejecutiva entre en vigor. En última instancia, es posible que la Corte Suprema tenga que decidir cuándo un presidente va demasiado lejos en materia de inmigración”.
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