En el estado de Georgia, una nueva ley prohíbe dar agua a quien hace fila para votar. En Florida buscan prohibir los buzones especiales para sufragar en ausencia. Y en Wisconsin proponen requisitos que afectarían a votantes discapacitados.
Legisladores del Partido Republicano del expresidente Donald Trump buscan a lo largo de Estados Unidos cambiar reglas de votación luego de perder las presidenciales de noviembre, con una oleada de iniciativas que en la práctica limitarían el acceso a las urnas.
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Un total de 361 proyectos de ley con “disposiciones restrictivas” fueron presentados en 47 de los 50 estados del país hasta el 24 de marzo, de acuerdo al Centro Brennan por la Justicia, un instituto apartidista de política y derecho en Nueva York.
La lista aumentó en 108 proyectos en apenas cinco semanas y algunas medidas ya comenzaron a ser aprobadas.
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Con el presidente Joe Biden, su bancada demócrata y activistas resueltos a contener la acometida republicana, esta ya es considerada una nueva batalla por el derecho al voto en el país.
Algunos advierten que está en juego la calidad de la democracia en EE.UU., ya manchada tras la negativa de Trump a aceptar su derrota en noviembre y el asalto mortal al Capitolio por parte de sus seguidores en enero.
La pugna también es crucial para definir qué partido gobernará la mayor potencia mundial en el futuro próximo.
“A fin de cuentas, se trata de ganar las elecciones y cómo se puede definir quién vota, para tener más posibilidades”, dice Rachael Cobb, catedrática del departamento de ciencia política y estudios legales en la Universidad de Suffolk, a BBC Mundo.
Primer capítulo
Como EE.UU. carece de una entidad independiente que regule las elecciones en todo el país, la tarea suele recaer en políticos y legislaturas de cada estado.
Así, Georgia se ha vuelto el mayor símbolo de este nuevo pulso por el voto.
Ese fue uno de los estados que Biden le arrebató a los republicanos para ganar la Casa Blanca, pero por muy poco: logró apenas 11.779 votos más que Trump, entre cinco millones de sufragios emitidos.
Trump, alegando sin pruebas que hubo fraude, presionó al secretario de Estado de Georgia para revertir los resultados electorales: “Solo quiero encontrar 11.780 votos”, dijo el entonces presidente al principal funcionario electoral del estado, quien es republicano y resistió el pedido telefónico.
Los demócratas también lograron en Georgia el control del Senado federal.
Pero los republicanos de ese estado han aprobado una reforma electoral a fin de marzo que bien podría inclinar la balanza en las próximas elecciones.
Entre otras medidas, la nueva ley reduce el tiempo para que los votantes soliciten sufragar en ausencia (por ejemplo, por correo o de forma personal anticipadamente) y crea requisitos específicos para ello.
Un cuarto de los electores de Georgia votaron de ese modo el año pasado, y dos tercios de quienes lo hicieron apoyaron a Biden.
Además, la nueva ley le quita al secretario de estado de Georgia su poder como principal autoridad electoral, que pasa a ser designado por la legislatura estatal (con mayoría republicana).
También agrega requisitos de identificación para solicitar votos por correo y considera un delito menor que alguien ajeno al personal electoral ofrezca agua o comida a quienes hacen fila para votar.
Defensores del derecho al voto sostienen que esto afectará especialmente a zonas urbanas con mayor densidad de población y menor poder adquisitivo, donde votan más personas de color y latinos en filas que pueden tardar horas.
Los republicanos argumentan que estas medidas darán más seguridad a un sistema electoral en el que muchos desconfían, sobre todo tras las denuncias infundadas de fraude que ellos mismos lanzaron desde noviembre.
El propio Trump felicitó a Georgia por su nueva ley en un comunicado donde sostuvo que “aprendieron de la parodia de las elecciones presidenciales de 2020, que nunca se puede permitir que vuelva a ocurrir”.
Biden, en cambio, ha tachado le ley de Georgia como “un ataque flagrante a la Constitución” y una “atrocidad” que comparó con las leyes Jim Crow que imponían la segregación racial en el sur del país.
“Esto es Jim Crow en el siglo XXI, debe terminar”, dijo el presidente y señaló que el Departamento de Justicia analizaba los pasos a seguir.
Cobb explica que lo que ocurre en Georgia es apenas un capítulo de una disputa mayor, con la mira puesta primero en las elecciones de mitad de período de 2022, que volverán a decidir el control del Congreso.
Batalla a futuro
Las elecciones de noviembre marcaron un récord histórico de participación en EE.UU., con 158,4 millones de votos emitidos, equivalente a cerca de dos tercios de los posibles votantes.
Esto ocurrió en buena medida porque varios estados ampliaron las posibilidades de votar por correo en medio de la pandemia de covid-19.
Pero ahora legisladores republicanos buscan restringir el voto por correo en estados péndulo como Pensilvania y Arizona, donde propusieron borrar de la lista de votación anticipada a quienes se salteen dos ciclos electorales consecutivos.
En Florida, algunos republicanos quieren seguir el camino de Georgia con proyectos para catalogar como delito menor ofrecer agua a votantes en la fila, o eliminar los buzones especiales para depositar votos en ausencia sin necesidad de ir al correo.
En otro de los estados péndulo, Wisconsin, las propuestas presentadas por republicanos incluyen exigir certificados médicos a electores que declaren estar confinados en sus hogares, algo que según críticos podría suponer costos para votantes discapacitados y desalentar su participación.
Defensores de derechos civiles ya han iniciado acciones legales contra la ley que restringe el voto en Georgia y se movilizan contra los proyectos en otros estados, incluso con protestas callejeras.
En otra señal de la dimensión nacional que adquirió esta lucha, la organización de las Grandes Ligas del béisbol de EE.UU. (MLB) retiró el viernes su Juego de las Estrellas de Georgia en castigo por la nueva ley estatal, una decisión que el gobernador Brian Kemp dijo que responde a “temores y mentiras de activistas liberales”.
A contramano de los proyectos republicanos, el estado de Virginia gobernado por demócratas adoptó una legislación que amplía las posibilidades de votar por correo, declara feriado el día de la elección y busca proteger el acceso a lugares de votación.
Las autoridades de Virginia presentaron esto como una reacción a un fallo de la Corte Suprema que ocho años atrás anuló parte de la ley Derecho al Voto de 1965 y acabó con el monitoreo federal de normas estatales que pudieran ser racialmente discriminatorias.
El presidente Biden ha urgido al Congreso a aprobar dos proyectos de ley “para facilitar el acceso de todos los estadounidenses elegibles a las urnas y evitar ataques al sagrado derecho al voto”.
Sin embargo, aún es incierto cómo podrán los demócratas contener las acciones de republicanos en estados donde éstos tienen el control de la legislatura y el Ejecutivo.
“Los demócratas están analizando una legislación nacional que tal vez imponga algún tipo de reglas uniformes en todos los estados para proteger el derecho al voto; no sé si van a tener éxito en aprobarla”, dice David Kimball, un profesor de ciencia política en la Universidad de Missouri-St. Louis experto en administración electoral, a BBC Mundo.
“Habrá más desafíos legales si otros estados aprueban leyes para restringir el derecho al voto y no está claro qué resolverán los tribunales”, agrega. “Así que la batalla sobre esto seguirá en el futuro cercano”.
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