Una decisión de la Corte Suprema da esperanzas a migrantes amenazados con la deportación en EE.UU.

Hace apenas unos meses, Lucio Pérez salió de la iglesia del oeste de Massachusetts en la que había vivido más de tres años para evitar la deportación.

Las autoridades migratorias concedieron en marzo una suspensión temporal de su proceso de expulsión mientras el guatemalteco, de 40 años, pide que se reconsidere su caso.

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Ahora Pérez espera que un fallo reciente de la Corte Suprema le ayude a despejar ese último obstáculo y conseguir una autorización oficial para quedarse en el país que ha llamado hogar durante más de dos décadas.

“En este momento me siento muy optimista de que todo está en el buen camino”, dijo hace poco desde su casa en Springfield, Massachusetts. “Ya no tengo ese miedo a la deportación. Ahora me siento más seguro”.

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Pérez es uno de docenas de inmigrantes que confían en que su deportación se cancele porque las citas judiciales no se les notificaron adecuadamente.

La Corte Suprema concluyó en abril en el caso Niz-Chavez contra Garland que el gobierno federal debe proporcionar en una única notificación toda la información requerida a los inmigrantes que afrontan un proceso de expulsión.

Durante años, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) ha informado a los inmigrantes sobre sus procesos de deportación en dos partes: un aviso inicial de que comparezcan ante un tribunal y notificaciones posteriores con la fecha, la hora y el lugar de la vista.

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Pero el juez Neil Gorsuch, en su opinión mayoritaria, criticó esa estrategia de dividir la información y afirmó que no está amparada por las leyes federales.

La clave, alegó, está en la palabra más breve: una ley migratoria de 1996 indica que el gobierno debe entregar “un” aviso para la citación, lo que implica que el Congreso pretendía que las personas en riesgo de deportación recibieran un único documento.

“Hasta cierto punto, la disputa de hoy puede parecer semántica, centrada en una sola palabra, y una pequeña además”, dijo Gorsuch, un juez conservador nombrado por el expresidente republicano Donald Trump. “Pero las palabras son la forma en que la ley limita el poder”.

Activistas y abogados especializados en inmigración, que se habían quejado durante años por el proceso de notificaciones, señalan que el fallo tiene implicaciones en decenas de casos.

“Es un bombazo”, dijo Jeremy McKinney, un abogado de Carolina del Norte que es presidente electo de la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos. “Es la segunda vez en menos de tres años que la corte ha tenido que recordar al Gobierno que una citación a comparecer tiene que citar a una persona para que comparezca en un momento y un lugar”.

El alto tribunal, señaló, ya ofreció un fallo similar sobre el tema en el caso Pereira contra Sessions, aunque esa decisión de 2018 tenía un alcance algo más limitado.

Los activistas afirman que el proceso actual del ICE hace que demasiados inmigrantes se pierdan sus vistas judiciales, ya que pueden pasar meses entre la primera citación y las siguientes. Algunos, señalan, ni siquiera se enteran hasta años más tarde de que tenían una vista sobre su deportación y un juez ordenó su expulsión del país.

Podrían pasar meses hasta que se aprecie el impacto real de la decisión en el caso de Niz-Chavez, pero McKinney y otros expertos creen que sin duda añadirá más casos a un sistema judicial migratorio ya sobrecargado.

Como mínimo, la decisión reaviva casos en los que los inmigrantes no fueron informados adecuadamente, nunca se presentaron a sus vistas y finalmente recibieron orden de abandonar el país, señaló.

También es probable que beneficie a cualquiera que reciba en el futuro un aviso de deportación sin los detalles pertinentes. En lugares como Cleveland, Ohio, y Arlington, Virginia, los jueces de inmigración ya conceden peticiones de desestimar los procesos de deportación si un inmigrante recibió una notificación sin una fecha, hora o lugar para la vista preliminar, según abogados de inmigración.

Matt Benson, un abogado con sede en Cincinnati, estimó que sólo su firma ha presentado más de dos docenas de peticiones similares, y los jueces aceptaron la gran mayoría.

“La corte se está viendo inundada con estas peticiones”, dijo. “Ahora esto es un importante recurso para evitar una orden de expulsión contra un cliente”.

El ICE, que ha alegado ante la Corte Suprema que su proceso de notificación es suficiente, dijo el viernes que proporciona la información requerida en un único aviso desde enero de 2019.

También mencionó un comunicado interno de junio en el que indicaba que los abogados del ICE “ejercerán su discreción de procesamiento” a la hora de decidir si presentan alegaciones contra los inmigrantes que intenten reabrir sus casos tras el fallo del Supremo.

Entre tanto, Augusto Niz-Chavez, el guatemalteco de 30 años que protagonizaba el caso en el alto tribunal, dijo que está a la espera de que su caso vuelva al tribunal de inmigración en Detroit.

Dice estar ansioso por resolverlo. Su esposa fue deportada a Guatemala el año pasado y él está criando a los tres hijos de la pareja en Detroit mientras intenta buscar un equilibrio con su trabajo en una fábrica local de palés.

“Mi prioridad ahora es quedarme con mis hijos”, dijo hace poco en una entrevista por videoconferencia. “Si puedo conseguir la residencia permanente legal en el futuro, me interesaría encontrar una vía legal para que mi esposa regrese a los Estados Unidos”.

En Massachusetts, Perez, que tiene cuatro hijos, espera conseguir un resultado similar en los tribunales.

Llegó al país de forma ilegal a los 17 años, en 1999. En 2011 recibió una citación para una vista en una corte de inmigración que no incluía la fecha ni el día, explicó su abogado, Glenn Formica.

“Esto es todo lo que necesita Lucio para conseguir una segunda oportunidad en su caso”, dijo.

Por ahora, Perez regresa a la vida que dejó en suspenso los últimos tres años mientras estuvo en la Iglesia de la Primera Congregación de Amherst, con apoyo del Centro de Trabajadores de Pioneer Valley y de cientos de voluntarios que el grupo ayudaba a coordinar.

Tras una larga experiencia como jardinero, le gustaría abrir una tienda para vender comida y ropa guatemalteca si consigue la residencia permanente.

“Antes me sentía como un pájaro enjaulado”, dijo Perez. “Ahora estoy fuera de la jaula y de vuelta a mi vida. Puedo salir de la casa, ir a la tienda, ir a trabajar. Estoy muy agradecido por eso”.

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