En un evento sin precedentes, Donald Trump se convirtió este jueves en el primer expresidente de Estados Unidos en ser fichado como delincuente en medio del proceso judicial que se sigue en su contra en Georgia donde es acusado de haber intentado revertir los resultados electorales del 2020 en dicho estado.
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Pero esta infame fotografía es apenas una de las múltiples particularidades que tiene este proceso contra Trump, el cuarto iniciado en su contra en menos de un año.
El magnate neoyorquino de 77 años aterrizó en Atlanta, capital del estado, promediando las 7:30 pm (hora local) y a diferencia de los otros casos en los que acudió a juzgados, esta vez se dirigió a la superpoblada e insalubre prisión conocida como Rice Street Jail para que le tomen las huellas dactilares y le hagan su fotografía oficial bajo arresto. Trump permaneció en el reclusorio por veinte minutos y fue liberado tras pagar una fianza previamente pactada en 200 mil dólares.
El expresidente habló ante los medios poco después de ser liberado y dijo que “lo que ha ocurrido aquí es una parodia de la justicia. No hicimos nada malo. Yo no hice nada malo y todo el mundo lo sabe (...) Lo que están haciendo es una interferencia electoral”.
Por otro lado, la acusación de la fiscal del condado de Fulton, Fanni Willis, no solo contempla a Trump como individuo sino como presunto miembro de una “organización criminal” que involucra a otros 18 sospechosos. Uno de ellos, el exalcalde de Nueva York y abogado del magnate, Rudy Giuliani, se presentó un día antes para su respectivo fichaje.
En tercer lugar, se trata de un proceso judicial estatal y no federal, esto quiere decir que incluso en caso de llegar a la Casa Blanca en el 2024 no tendría capacidad de indultarse a sí mismo pues sus poderes serían a nivel federal más no estatal. Cabe resaltar que esta particularidad también aplica para el proceso que se sigue en su contra en Nueva York.
En cuarto lugar, dentro de los 13 cargos presentado por la fiscal Willis contra Trump se incluye la violación a la Ley RICO de Georgia. Conocida como la ley para combatir a la mafia y a las pandillas, RICO tiene la particularidad de poder enviar al infractor a entre 5 y 20 años de cárcel incluso si el acusado solo ha ordenado crímenes, pero no los ha ejecutado.
Luego de su presentación en Rice Street Jail, Trump deberá acudir ante la corte local el 5 de septiembre para anunciar si se declara culpable o no. El juicio en su contra está programado para iniciar el 4 de marzo del 2024; sin embargo, el mismo jueves la fiscal Willis presentó una solicitud para adelantar el proceso al próximo 23 de octubre.
Investigación en Nueva York
El 30 de marzo de este año, Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales. Este amargo hito histórico lo alcanzó luego de un gran jurado de Nueva York aceptara un proceso en su contra en el que se investiga el pago de US$130 mil durante la campaña del 2016 para presuntamente silenciar a la actriz porno Stormy Daniel sobre un amorío que habrían mantenido en el pasado.
Trump se declaró no culpable de los 34 cargos presentados en su contra en este caso, donde el más grave es que el pago a Daniels se habría registrado como un gasto de negocios configurando una falsificación de gastos corporativos ante el estado de Nueva York.
El tribunal neoyorquino ha fijado el inicio del juicio para el 25 de marzo del 2024.
Investigación en Florida
Tras dejar la Casa Blanca, la Administración Nacional de Archivos y Registros solicitó al expresidente Trump que devolviera los documentos clasificados que había extraído durante sus funciones en cumplimiento de la Ley de Registros Presidenciales.
Trump envió 15 cajas de registros en enero del 2022, pero se detectó que faltaban 92 documentos secretos y otros 25 ultrasecretos. A partir de entonces comenzó un periplo judicial que involucró al Archivo Nacional, el FBI y la defensa legal de Trump, hasta que finalmente el 8 de agosto del 2022, agentes federales llegaron a su residencia de Mar-a-Lago e incautaron los 102 documentos clasificados que hasta entonces no se habían devuelto.
Esto llevó a que Trump sea acusado por el fiscal especial Jack Smith de un total de 40 cargos penales por “retener intencionadamente información de la defensa nacional”. Este juicio está programado para iniciar el 20 de mayo del 2024, solo seis meses antes de las elecciones presidenciales.
Investigación en Washington
El 2 de agosto un gran jurado de Washington DC imputó con cuatro federales al expresidente Trump en el marco de la investigación que se sigue en su contra por intentar revertir los resultados de las elecciones del 2020, donde resultó victorioso el demócrata Joe Biden.
En la acusación, presentada también por el fiscal especial Jack Smith, Trump es acusado de conspiración para defraudar a EE.UU., conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos. En su conjunto estos delitos podrían sumar hasta 55 años de prisión para el exmandatario.
Al igual que en los otros procesos en su contra, Trump se declaró no culpable y la jueza Mozilla Upadhyaya fijó una nueva audiencia para el 28 de agosto.
“Legalmente, este es el caso con más posibilidades de que Trump acabe condenado”
La principal diferencia de este caso con respecto a los anteriores es que es estatal, no tiene las características de un juicio en la jurisdicción federal, sobre todo en cuanto al aspecto del indulto. El expresidente parece estar manejando la tesis de que él va a retrasar lo más posible todos estos juicios porque una vez en la presidencia -confía en que va a ganar- él puede auto indultarse. Pero en este caso en particular se trata de una legislación estatal en contra del tráfico de influencias. Es una ley que se ha usado, generalmente, en contra de la mafia y pandillas, y ataca el crimen organizado. Al tratarse de un crimen de en la jurisdicción estatal, si es encontrado culpable, el expresidente, que, por cierto, se enfrenta a una sentencia mínima de cinco años, no tendrá posibilidad de posponer la pena ni de indultarse.
Trump tuvo la suerte de que antes fue tratado con una deferencia que no tiene un ciudadano promedio, pero en este caso la justicia del condado donde fue fichado dijo que no habría un trato preferencial con nadie.
Todos los casos contra Trump son graves. El de los documentos clasificados, por ejemplo, es bastante delicado, pero, legalmente, este es el caso con más posibilidades de que Trump acabe condenado a una pena porque hay mucha evidencia. Están los electores falsos, los videos sobre eso, las grabaciones y además los testigos. El secretario de Estado de Georgia, que era el secretario de Estado en ese momento y que fue al que Trump le pidió miles de votos, acaba de ser citado por la fiscal a presentarse el lunes a dar testimonio. Entonces, aunque algunos dicen que es muy difícil de probar, me parece que en este caso hay muchísimas pruebas y son contundentes.
Pese a esto, Trump va a volver a verse beneficiado entre su base. Esto le va a reportar indudablemente un beneficio desde el punto de vista de la recaudación de fondos porque cada vez que él tiene una acusación su base lo recompensa. Está previsto que él se entreguen en la noche. Lo va a hacer en prime time, en una hora en que todas las televisoras lo van a cubrir. Él va a hacer de eso un espectáculo, como tiene acostumbrado a este país, pero eso se limita a su base republicana. Fuera del Partido Republicano, esa es otra historia.
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