“Puede dar un golpe de Estado”: La polémica por la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad de Trump

El lunes, la Corte Suprema emitió una decisión histórica que concede a Trump inmunidad parcial en el caso de subversión electoral que lleva adelante el fiscal especial Jack Smith por el asalto al Capitolio, dando al expresidente una importante victoria en su intento de ganar las elecciones del próximo 5 de noviembre.

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Los magistrados de la Corte Suprema, de mayoría conservadora, emitieron el veredicto con 6 votos a favor y 3 en contra.

Gracias al fallo, Trump gana tiempo porque es posible que sus tres procesos penales más importantes no empiecen antes de los comicios.

Además, lo decidido por la corte podría arrastrar a otros casos como el del pago a la actriz porno Stormy Daniels, donde el 11 de julio se debía dictar la sentencia, pero el mismo lunes los abogados del magnate pidieron que sea aplazada. El martes, el juez Juan Merchan aceptó la solicitud y la pospuso para el 18 de septiembre.

La mayoría conservadora de la Corte Suprema sostuvo que los expresidentes tienen inmunidad absoluta frente a la persecución por actos oficiales que caen dentro de su “esfera exclusiva de autoridad constitucional”. No gozan de inmunidad por acciones no oficiales o privadas.

“Llegamos a la conclusión de que, en virtud de nuestra estructura constitucional de poderes separados, la naturaleza del poder presidencial exige que un expresidente goce de cierta inmunidad penal por actos oficiales cometidos durante su mandato. Al menos con respecto al ejercicio por parte del presidente de sus principales poderes constitucionales, esta inmunidad debe ser absoluta. En cuanto al resto de sus actos oficiales, también tiene derecho a la inmunidad. En la fase actual del procedimiento en este caso, sin embargo, no necesitamos y no decidimos si esa inmunidad debe ser absoluta, o en cambio si una presunta inmunidad es suficiente”, escribió el presidente del tribunal, John Roberts, en el documento que explica el veredicto.

“El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace es oficial. El presidente no está por encima de la ley”, matizó.

El fallo no permite al fiscal especial Jack Smith proceder con acusaciones significativas. Su caso debe volver a los tribunales inferiores.

Los jueces enviaron el caso del fiscal Jack Smith de vuelta a la jueza de distrito Tanya Chutkan, quien ahora debe “analizar cuidadosamente” si las acusaciones involucran conducta oficial por la cual el presidente sería inmune a ser procesado.

La agencia AP explicó que el fallo de la corte anuló el uso que hizo Smith de las acusaciones de que Trump intentó usar el poder de investigación del Departamento de Justicia para anular los resultados electorales, sosteniendo que sus comunicaciones con funcionarios de la agencia están claramente protegidas del procesamiento.

Además, la corte dijo que no permitirá como prueba ninguna entrevista con personas que trabajaron en la administración, anulando así gran parte de las pruebas reunidas por la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes que investigó los hechos del 6 de enero de 2021, precisó CNN. Tampoco permitirá que un tribunal califique los motivos de un presidente para llevar a cabo una acción.

La corte dejó en manos de la jueza Tanya Chutkan analizar si la insistencia de Trump al entonces vicepresidente Mike Pence para que no certificara el 6 de enero del 2021 la victoria del demócrata Joe Biden constituían actos oficiales o no.

La Corte Suprema también le ordenó un análisis adicional de las diversas publicaciones en la red social Twitter que Trump hizo, así como un discurso que pronunció ante sus partidarios el 6 de enero, previo al asalto al capitolio. Chutkan debe determinar si constituían actos oficiales o no.

Una vez que Chutkan resuelva estas cuestiones jurídicas, es posible que nuevas apelaciones a sus decisiones preliminares vuelvan a poner el caso en suspenso, lo que supondría un retraso considerable. Por ello, los analistas consideran que este caso no llegará a juicio antes del 5 de noviembre y que su futuro es incierto.

En su acusación, el fiscal Smith alega que Trump presionó a funcionarios para revertir los resultados de las elecciones del 2020 que perdió ante Biden, difundió de manera deliberada mentiras sobre el supuesto fraude electoral y trató de explotar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 para retrasar la certificación de la victoria del demócrata y permanecer en el poder.

Por ello, fue acusado de cuatro cargos penales, entre ellos conspiración para menoscabar a Estados Unidos y conspiración contra los derechos de los ciudadanos.

“El fallo paraliza para efectos prácticos los casos federales en contra de Trump, porque ahora la Fiscalía tiene que regresar y tiene que comenzar a reevaluar los cargos que se presentaron en contra del expresidente, eso va a tomar tiempo, así que no va a haber un juicio de aquí a noviembre. Y si Trump gana las elecciones y es juramentado en enero, pues muy posiblemente dará la instrucción para que el Departamento de Justicia retire todas las acusaciones. El fallo es bueno para Trump y se le complica el escenario para el Partido Demócrata”, estimó a CNN Rafael Cox Alomar, abogado por la Universidad de Harvard.

Paul Rosenzweig, que trabajó en la investigación Whitewater sobre Bill Clinton y llegó a ser funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, opinó en el mismo sentido a CNN. “Si Donald Trump gana las elecciones, ningún juicio penal suyo seguirá adelante... No podemos contar con que el sistema de justicia penal nos salve. El sistema electoral es lo que definirá al final cómo nos va”.

El segundo caso penal contra Trump también tiene que ver con las elecciones del 2020 y está enfocado en lo ocurrido en el estado de Georgia, donde el republicano perdió por un estrecho margen.

Trump y otras 18 personas están acusadas de conspirar criminalmente para revertir aquella derrota por medios ilícitos. Una de las columnas vertebrales de la investigación es una llamada telefónica filtrada en la que el magnate pidió al principal funcionario electoral del estado que le “encontrara 11.780 votos” para revertir los resultados.

El tercer caso es el de los documentos clasificados de la Casa Blanca que el exmandatario habría llevado a su residencia de Mar-a-Lago después de dejar el cargo. En este caso se investiga también si obstruyó los esfuerzos del FBI para recuperar los archivos, así como el manejo de los mismos, pues se le señala de haber mostrado documentos confidenciales a terceros que no tenían autorización para verlos.

La mayoría de los cargos en este caso son por retención intencional de información de defensa nacional, algo que está recogido en la Ley de Espionaje.

Los abogados de Trump también pueden ampararse en lo señalado por la Corte Suprema para que se decida primero si las actuaciones del expresidente en ambos casos eran oficiales o no.

En el sustento del fallo, el juez Roberts explicó por qué el presidente debe tener un trato especial ante la ley.

“Como cualquier otra persona, el presidente está sujeto a enjuiciamiento en su capacidad no oficial. Pero, a diferencia de cualquier otra persona, el presidente es una rama del Gobierno, y la Constitución le confiere amplios poderes y obligaciones. Tener en cuenta esa realidad —y garantizar que el presidente pueda ejercer esos poderes enérgicamente, como previeron los Forjadores— no le sitúa por encima de la ley, sino que preserva la estructura básica de la Constitución de la que deriva esa ley”, señaló.

Con respecto a las advertencias acerca de un presidente que estará por encima de las leyes, Roberts las calificó como “alarmismo basado en hipótesis extremas”.

“Los disidentes pasan por alto la perspectiva más probable de un Poder Ejecutivo que se canibaliza a sí mismo, con cada presidente sucesivo libre para procesar a sus predecesores, pero incapaz de desempeñar sus funciones con audacia y sin miedo por temor a ser el siguiente. [...] El debilitamiento de la Presidencia y de nuestro Gobierno que resultaría de tal ciclo de lucha entre facciones es exactamente lo que los Forjadores pretendían evitar”, dice Roberts en su fallo.

La jueza suprema Ketanji Brown Jackson, que votó en contra de darle inmunidad a Trump, dijo que con su decisión sus pares conservadores han descartado el principio general de derecho de larga data que dice que “nadie está por encima de la ley”.

“Ese principio fundamental ha impedido durante mucho tiempo que nuestra nación caiga en el despotismo”, manifestó Jackson. “La corte ahora opta por bajar las barreras protectoras de la ley para una categoría extremadamente poderosa de ciudadanos: cualquier futuro presidente que tenga la voluntad de burlar los límites establecidos por el Congreso”, agregó.

“Incluso un presidente hipotético que admite haber ordenado los asesinatos de sus rivales o críticos políticos o uno que indiscutiblemente instiga un golpe fallido, tiene buenas posibilidades de obtener inmunidad bajo el nuevo modelo de responsabilidad presidencial de la mayoría”, lamentó la jueza.

Randall Eliason, profesor de derecho de la Universidad George Washington y exfiscal de corrupción pública, le dijo al diario The Wall Street Journal que tras el fallo, “un presidente con malos motivos y mal carácter puede fácilmente encubrir malas acciones bajo el desempeño de su cargo y no temer ser procesado”.

“Es un fallo legal que realmente abre más resquicios que cualquier otra cosa, no hay un punto de resolución. Creo que lo que se está argumentando acá es que el presidente puede tener conversaciones con sus subordinados para cometer cualquier acto de provocación o criminal y no va a ser sometido ante la justicia”, manifestó a CNN el analista político Robert Valencia.

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