La noticia se supo ayer por el mismo Donald Trump. Desde Truth -red social que creó como refugió luego de ser eliminado del resto por desinformar e incentivar a la violencia- escribió: “Estos son tiempos oscuros para nuestra nación, ya que mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”.
Los simpatizantes del exmandatario, cuya gestión se caracterizó por la difusión de “alternative facts” -forma en la que su asesora Kellyanne Conway compartía información falsa-, no tardaron en reclamar. Uno de los primeros fue Kevin McCarthy, líder de los republicanos en la Cámara de Representantes: “El Departamento de Justicia ha alcanzado un nivel intolerable al convertir la política en un arma”.
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¿Cómo fue la intervención? Según CBS, que sustenta su información en una fuente anónima, pocos minutos después de que el juez ordenara el allanamiento, el servicio secreto fue alertado e intervino. Esto se sucedió mientras que Donald Trump estaba en Nueva York.
“Semejante asalto solo podría ocurrir en países quebrados del Tercer Mundo. Lamentablemente, Estados Unidos se ha convertido en uno de esos países”, agregó Trump.
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El analista y profesor en UCLA Octavio Pescador prefiere poner paños fríos a la polémica. “Tengamos en cuenta que el Buró Federal de Investigaciones no puede allanar un domicilio particular sin una autorización judicial previa. Y esa autorización se basó en una posible comisión de delito y una posible eliminación de evidencia”.
Pescador recuerda a El Comercio que el expresidente es investigado por la mala gestión de ciertos registros de los Archivos Nacionales. No es una pesquisa menor: “The Washington Post” denunció que, “tras su derrota en las elecciones de 2020″, Trump se llevó documentos “altamente clasificados”. Y, en febrero de este año, la misma institución anunció la recuperación de “15 cajas de documentos” que se encontraban en su casa de Mar-A-Lago.
La agencia AFP cuenta: “La recuperación de las cajas suscitó dudas sobre el cumplimiento por parte de Trump de las leyes sobre registros presidenciales promulgadas tras el escándalo Watergate de los años 70, que exigen a presidentes preservar los registros relacionados con la actividad de su administración”.
No fue lo único. AFP destaca que algunos trabajadores de la Casa Blanca solían toparse con “fajos de papel que atascaban los inodoros, lo que los llevó a creer que Trump trató de deshacerse de ciertos documentos, según un libro de próxima publicación de Maggie Haberman, periodista del New York Times”.
Octavio Pescador agrega un nuevo ángulo: “También existe la posibilidad de que estén buscando información sobre el asalto al Capitolio. No necesariamente tienen que divulgar a la prensa cómo va el curso de la investigación”.
También es viable, dice el analista, que sea la forma en la que el fiscal general confirma que su institución no es timorata y que aplica la ley sin distinciones. “Y no debemos olvidarnos que, si bien el asunto de los documentos no es un tema tan grave, técnicamente podría derivar en una acusación criminal en contra de Trump, aunque no lo veo factible”.
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Carrera en peligro
Para Pescador es claro que esta es una “acción trascendental en la vida política de Estados Unidos”. “Donald Trump está ganando terreno en términos del control del discurso de la elección que se avecina. Y no solo sobre las intermedias, sino la presidencial. Él ya está haciendo campaña a nivel nacional diciendo que no le han dado más opción que volver a postular”.
Por tanto, el allanamiento podría poner freno a sus intenciones presidenciales “sin necesidad de levantarle cargos criminales”. El problema sería, en todo caso, la repercusión social y política.
“Trump tiene simpatizantes muy fieles que son de armas tomar. Por eso es que este asunto es delicado: si parece que lo sacaron de la carrera adrede, podría haber violencia”, sentencia Pescador.
La intervención del FBI se sucede en paralelo a las investigaciones sobre el asalto al Capitolio. Pero no es la única. El último jueves, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) pidió “una investigación independiente sobre las auditorías a dos exjefes del FBI, destacados adversarios del expresidente Donald Trump”.
¿A qué responde esa solicitud?
James Comey fue director del FBI hasta que Trump lo despidió -”y pidió que lo arrestaran por traición”-. En su reemplazo, asumió Andrew McCabe. Más tarde, ambos fueron investigados por el fisco, lo que llamó la atención de The New York Times.
AFP escribe: “Tan solo unos miles de estadounidenses escogidos al azar deben pasar estas revisiones. Las probabilidades de que le tocara a Comey en 2017 eran de una entre 30.000, mientras que en el caso de McCabe en 2019 eran de una entre 20.000″.
Los resultados indicaron que Comey había pagado en exceso, por lo que recibió US$ 347; mientras que McCabe debía una “pequeña suma”.
Por el momento, el IRS rechaza cualquier insinuación de colusión y por eso mismo su máxima autoridad pidió que una investigación externa. “Es ridículo y falso sugerir que los altos funcionarios del IRS, de alguna manera, se dirigieron a individuos específicos para las auditorías”, declaró su vocera.