En Ecuador, un país de frecuentes emociones encontradas, los grandes sucesos que ocupan la atención de sus ciudadanos nunca ocurren solos. A inicios de noviembre del 2022, cuando la selección ecuatoriana alistaba los últimos detalles para jugar el partido inaugural del Mundial de Qatar, y mientras los ecuatorianos no hablaban de otra cosa que no fuera fútbol, se vivió uno de los días más violentos que se recuerden.
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En poco más de 24 horas, la violencia se desató de la peor forma posible. Grupos criminales hicieron explotar coches-bomba en un grifo y una sede policial en Guayaquil, una de las ciudades más importantes del país, y la más poblada; horas después, fueron atacadas varias comisarías y postas médicas, también en las localidades de Esmeraldas y Durán; todo eso sucedió el 1 de noviembre. Al día siguiente, otra vez en Guayaquil, la ferocidad se trasladó a las cárceles, donde dos presos murieron y al menos ocho agentes de seguridad quedaron heridos tras una serie de motines. Por unos días, el fútbol pasó a un segundo plano.
Otra temporada de crisis paralelas se vivió seis meses después. El 23 de mayo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, activó la ‘muerte cruzada’, disolviendo de manera abrupta la Asamblea Nacional y convocando a elecciones generales anticipadas, en medio de un juicio político en su contra del cual parecía que iba a salir bastante mal parado. Incluso para un país acostumbrado a que sus presidentes terminasen su mandato antes de tiempo, la medida tomó por sorpresa a un amplio sector de la población.
La crisis política se desató cuando los ecuatorianos todavía no digerían lo que había sucedido apenas unas semanas antes en el puerto de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia. Allí, un comando de 30 hombres fuertemente armados llegó en una lancha y un vehículo y asesinó a nueve pescadores artesanales; algunos fueron baleados cuando se habían lanzado al agua para esquivar los disparos. Esta matanza fue la demostración más aberrante de la lucha de poderes que protagonizan los grupos de delincuencia organizada (GDO), como los llama el gobierno.
Lucha de poderes
Hay varios factores que explican este violento fenómeno que se vive en el vecino del norte, pero el mínimo común denominador es el mismo: el narcotráfico. Ubicado entre los dos principales productores de cocaína en la región, Colombia y Perú, Ecuador fue durante las últimas décadas un país de tránsito de la droga.
En los años recientes, en gran parte debido a la fuerte presión de las fuerzas del orden en los países vecinos, y el ‘efecto globo’ generado, Ecuador pasó de ser un lugar de paso a convertirse en un importante centro de acopio de los cargamentos de droga. Desde la costa ecuatoriana, en particular de los puertos ubicados en las regiones de Guayas, Manabí y Esmeraldas, la cocaína se ‘exporta’ hacia Estados Unidos o Europa, principalmente.
Este fenómeno puede resumirse en cifras: Ecuador es el tercer país donde se decomisa más droga, después de Colombia y Estados Unidos. En el 2021 fueron incautadas 210 toneladas, pero en el 2022 aumentaron a 300, con tendencia al alza.
Pero el fenómeno tiene algunas particularidades. Un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), quizá el observatorio más grande sobre el narcotráfico en el mundo, explica que, aunque hay grandes cárteles mexicanos involucrados –el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación–, estos han ‘tercerizado’ los roles entre grupos delictivos locales. Son estas bandas las que, en su afán por controlar territorios, han desatado estas interminables batallas en las calles y también en las cárceles.
También esto puede ser resumido en cifras: en el 2021, se tenía una tasa de 13,7 muertes violentas por cada 100 mil habitantes; solo un año después, en el 2022, se registraron 25 casos por cada 100 mil habitantes. En total hubo 4.603 muertes violentas el año pasado, la enorme mayoría relacionadas a estas guerras entre subgrupos del narcotráfico.
“Los ecuatorianos tenemos un enemigo común contra el cual debemos estar unidos, contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, admitió en febrero el presidente Lasso.
Extraña calma
Después de aquellas jornadas trágicas de abril y mayo, parecía que la violencia había amainado luego de alcanzar sus picos máximos. Y aunque algunos especialistas coinciden en que en estos momentos puede haber una cierta calma (ver entrevista), lo cierto es que el fenómeno del narcotráfico es un problema de plazos largos, como se ha visto en Colombia y también en el Perú.
En las últimas semanas, la criminalidad organizada no ha descansado. El 11 de junio, en Durán, una localidad cercana a Guayaquil, el fiscal Leonardo Palacios fue acribillado cuando conducía su auto al salir de una audiencia. Alrededor del vehículo se encontraron 40 casquillos de bala, el lenguaje común de los sicarios del narcotráfico.
Ese mismo día, la fiscal general Diana Salazar recibió por WhatsApp una amenaza directa de muerte, otro gesto inconfundible de los grandes cárteles.
Una semana después, en Guayaquil, un enfrentamiento entre grupos armados dejó seis muertos y ocho heridos de bala. Antes de que terminara el mes, otra balacera entre bandas criminales, esta vez en la localidad de Santo Domingo de los Tsáchilas, dejó ocho muertos y cinco heridos.
El domingo 20 de agosto serán las elecciones generales en Ecuador (la segunda vuelta sería en octubre). Las fuerzas del orden se preparan para enfrentar un muy probable escalamiento de la violencia en ese contexto. En el país vecino, los grandes sucesos nacionales nunca vienen solos.
Julio Echeverría
Politólogo
- ¿Diría que la violencia ya alcanzó su pico máximo y que se estaría reduciendo?
Creo que se llegó a una meseta, para hablar en términos estadísticos. Se estabilizó un poco, hubo una disminución del fenómeno, pero de ninguna manera se puede avizorar un escenario en el que la violencia esté bajando. Las acciones que ha tomado el Gobierno han sido eficaces, hasta un cierto punto. Cuando hablamos de medidas del Gobierno, nos referimos a la colaboración entre Fuerzas Armadas y policía.
- ¿Es exagerado decir que hay el riesgo de que Ecuador sea un narcoestado?
El narcoestado hace referencia no solamente a la presencia del narcotráfico en el territorio, sino también a la penetración en las instituciones públicas, particularmente en la administración de justicia. Allí sí es preocupante porque estamos frente a una penetración significativa, especialmente entre los jueces, donde hay un exceso de recursos garantistas, como hábeas corpus para liberar a prisioneros sin ninguna regulación.
- ¿Y hay una vinculación en el ámbito político?
Es más difícil establecer esas vinculaciones con firmeza. Se ha afirmado que el mismo expresidente Rafael Correa ha tenido serias vinculaciones con cárteles del narcotráfico, pero no se ha llegado a demostrar fehacientemente.