La estrategia y políticas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enfrentar la crisis de inseguridad que azota su país han reabierto el debate sobre si es posible repetir planes como el suyo en otras naciones de América Latina.
La fórmula del mandatario salvadoreño se sostiene en un estado de excepción, en el cual se permiten detenciones e intervención de las comunicaciones sin orden judicial, jueces sin rostro, entre otras acciones. Además, se construyó una megacárcel de máxima seguridad para delincuentes peligrosos, cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo.
Aunque el plan de Bukele se ha traducido en una notoria mejora en los índices de seguridad en un país golpeado por la violencia de peligrosas pandillas, distintos organismos internacionales han denunciado abusos y violaciones de derechos humanos.
Escenario regional
En Honduras, nación vecina de El Salvador, la presidenta Xiomara Castro también instaló en diciembre pasado un estado de excepción, el cual continúa vigente hasta hoy.
“No estamos ante un fenómeno nuevo, sino ante una variante de la fórmula de la mano dura. La aparición de liderazgos de este tipo es cíclica en la región y resultan atractivas para algunos sectores por los resultados de corto plazo que ofrecen, pues se enfocan en controlar y perseguir el delito, no siempre en cómo prevenirlo”, explica Noam López, docente de Ciencias Políticas en la Universidad Católica.
Por otro lado, el 2024 es un año electoral en algunos países de América Latina. En Argentina, cuyos comicios se celebran el domingo 22 de este mes, la candidata Patricia Bullrich defiende la idea de que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra la inseguridad, mientras que el postulante Javier Milei plantea privatizar las cárceles.
En Colombia, Diego Molano, postulante a la alcaldía de Bogotá en los comicios del 29 de este mes, ha planteado construir una “megacárcel especialmente para los reincidentes”, los reos peligrosos y “las bandas de venezolanos que cometen crímenes contra los colombianos”.