¿El Milei de Centroamérica? Quién es y qué propone el flamante presidente de Panamá

“Aquí empezando a trabajar el primer día con mucho ímpetu siguiéndole su ejemplo”. Con esta frase empezaba el diálogo telefónico entre el nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su par argentino, Javier Milei, a quien considera un ejemplo a seguir durante su mandato.

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Durante la conversación que fue compartida a través de un video publicado en la cuenta de Mulino en la red social X, antes Twitter, el mandatario centroamericano confesó seguir “mucho” el discurso de Milei y lamentó no tener “la capacidad de pasar una ley” como el paquete de reformas económicas aprobado hace pocos días en Argentina.

“Si usted va y le dice a la gente lo que recibió y hace el ajuste, la gente acompaña. Eso es lo que le podría comentar de mi experiencia. Es decir, le hablé a la gente con la verdad desde el primer día y dije ‘voy hacer esto, va a doler’ pero es el camino”, le aconsejó por su parte el líder libertario.

Durante su discurso de asunción este lunes 1, el mandatario de 65 años alertó que recibía un país con una deuda de 50.000 millones de dólares y una preocupante situación fiscal, por lo que prometió reducir el gasto estatal, impulsar las obras públicas, atraer más inversiones y recuperar la reputación del país en los mercados internacionales.

José Raúl Mulino se graduó en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica Santa María La Antigua, y cuenta además con una maestría en Derecho Marítimo por la Universidad de Tulane, Estados Unidos. Inició su vida política como activista contra la dictadura de Manuel Noriega, siendo un destacado miembro de la Cruzada Civilista.

Según la plataforma Voto Informado 2024 de la organización Espacio Cívico, Mulino contribuyó a la fundación y desarrollo del Partido Solidaridad y luego en el Partido Unión Patriótica, antes de su fusión con Cambio Democrático.

Durante el gobierno de Guillermo Endara (1989 - 1994) ocupó los cargos de viceministro y ministro de Relaciones Exteriores. Posteriormente, en la presidencia de Ricardo Martinelli (2009 - 2014) fue nombrado canciller, ministro de Gobierno y Justicia, y posteriormente ministro de Seguridad Pública, un cargo creado durante la gestión de aquel.

Como ministro de Seguridad Pública, Mulino lideró importantes iniciativas de seguridad, incluyendo la controvertida gestión de la crisis del buque norcoreano Chong Chon Gang y la implementación de políticas de seguridad nacional. Sin embargo, su gestión también estuvo marcada por controversias, como las acusaciones de sobreprecios en la compra de radares italianos y la orden de reprimir a un grupo de protestantes en Changuinola, Bocas del Toro, que se oponían a la llamada Ley Chorizo.

La Ley 30, popularmente conocida como Ley Chorizo, fue impulsada en el 2010 por Mulino y contenía controversiales reformas que abarcaban diferentes áreas, incluyendo la laboral, penal, judicial y ambiental. Si bien su intención principal era desarrollar la aviación comercial en Panamá, causó polémica que incluyese la eliminación de la obligatoriedad de las cuotas sindicales y que otorgara amplios poderes a la policía durante las huelgas.

En marzo de este año Mulino fue designado el reemplazante del expresidente Martinelli, luego de que el Tribunal Electoral inhabilitara a este tras una sentencia dictada por la justicia estadounidense que lo condenaba a 10 años de prisión por el delito de lavado de dinero. Dicha sentencia también llevó a que Martinelli se asilara desde entonces en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá.

En su campaña Mulino prometió frenar la migración ilegal que pasa por Panamá a través de la peligrosa selva del Darién, que marca la frontera con Colombia. El candidato de Realizando Metas y Alianza aseguró que este problema “le cuesta a Panamá cerca de 100 millones de dólares al año”, por lo que propuso “cerrar” dicha ruta.

Posteriormente, en una entrevista con la cadena CNN, el ya electo Mulino tuvo que aclarar que su propuesta era “un poquito más filosófica que real”, pues no planeaba construir un muro ni una cerca electrificada en la zona sino “alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para cooperar con Panamá en el proceso de repatriación debidamente verificado y vigilado por los organismos de derechos humanos”.

En esa misma línea, Mulino aseguró que buscará mejorar la cooperación con EE.UU. para enfrentar al narcotráfico y “limpiar” entidades “muy corruptas” que existen en el país. Sin embargo, prefirió no detallar si esto implicaría la presencia de tropas estadounidenses en suelo panameño.

Una de las principales sombras que se ciernen sobre Mulino es su cercanía con Martinelli, lo que ha llevado a que la oposición lo señale como “el títere” o “delfín” del expresidente. El flamante mandatario ha negado que su confesa amistad con su antiguo jefe influya durante su administración y aseguró que esta termina “donde empieza el cumplimiento de la ley”.

En materia exterior, Mulino ha dicho que intensificará el trabajo conjunto con Estados Unidos “para avanzar fuertemente en temas de seguridad, tecnología y comercio internacional”; que avanzará con la vecina Costa Rica “en acuerdos sobre seguridad, comercio, energía e integración en el ámbito centroamericano”, y que espera impulsar un tratado de libre comercio con el Mercosur, entre otros.

En el ámbito económico, finalmente, Mulino busca atajar la “preocupante” situación mediante un plan de austeridad y el incentivo de inversiones en obras públicas. Se espera que la economía panameña crezca entre un 2,5% y un 3,5% este año, una proyección dramáticamente inferior al 7,3% del 2023 y que respondería principalmente a las crisis hídricas que llevaron a restringir el uso del Canal de Panamá.

Mulino plantea mejorar la recaudación de impuestos, eliminar algunos subsidios y combatir de plano la corrupción, lo cual ya parece haber tenido un impacto positivo en el gremio empresarial, que se pronunció a través de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, que agrupa a unas 1.600 empresas de 15 sectores económicos, para asegurar que pretenden “acompañar y trabajar de la mano” del presidente “en todo lo positivo, fiscalizar lo que es negativo” y “denunciar” aquello con lo que el sector privado no esté de acuerdo.