La guerra contra las pandillas que impulsa desde hace seis meses el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, podría generar hacinamiento carcelario y hasta una reacción violenta de los delincuentes, señaló un informe de la ONG International Crisis Group (ICG) divulgado el martes.
Tras un repunte histórico de homicidios en marzo, Bukele solicitó al Congreso autorizar un estado de emergencia, que suspende algunos derechos constitucionales, para lanzar una ofensiva contra las “maras” que asolan el país centroamericano, una medida respaldada por la amplia mayoría de la población.
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Durante el semestre, la policía y militares han incursionado en barriadas y áreas rurales para capturar a más de 53,000 pandilleros y supuestos colaboradores, generando una ola de críticas por parte de grupos de derechos humanos que denuncian condiciones de hacinamiento, violaciones de derechos humanos y la muerte de decenas de personas bajo custodia del Estado.
Para el ICG, esta política de mano dura podría generar un “efecto bumerán”, ya que la sobrepoblación en las prisiones, las condiciones precarias y los arrestos injustificados podrían alimentar las tensiones, dando lugar a motines, fugas y un reagrupamiento de los pandilleros en libertad.
“Más allá de los costos financieros, humanitarios y reputacionales de más que duplicar la población carcelaria, la campaña podría generar resentimiento y, tal vez, una reacción violenta de los pandilleros que no ven la manera de regresar a una sociedad respetuosa de la ley”, dijo la ONG con sede en Bruselas.
El gobierno salvadoreño, que en la actualidad construye una mega cárcel para albergar a 40,000 presidiarios, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios al informe.
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Surgidas en Estados Unidos tras la guerra civil de El Salvador (1979-1992), las pandillas se extendieron por Centroamérica y parte de México, donde controlan las extorsiones y la venta de droga. En El Salvador, autoridades estiman que más de 70,000 personas integran la Mara Salvatrucha; su rival, Barrio 18; y otros grupos más pequeños.
Desde que Bukele asumió como presidente a mediados de 2019, el número de homicidios en el país se redujo a más de la mitad. Sin embargo, el año pasado se supo que la cifra había sido lograda luego de reuniones furtivas con jefes apresados de las pandillas a cambio de beneficios carcelarios.
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