¿Cómo el asesinato de Shinzo Abe escapa a las estadísticas de Japón, uno de los países más seguros del mundo?

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No se trata de una cifra aislada. Japón se jacta de ser una nación con muy baja criminalidad por lo que las balaceras son rarísimas. En el 2017, las 22 que hubo dejaron tres fallecidos, y la tendencia fue a la baja. Al año siguiente, se registraron ocho y dos muertes; el 2019 consignó 13 y 4; y el 2020, 17 y 4. La mayoría de ellas estuvo vinculada a la Yakuza.

La BBC explica cómo es que el país del sol naciente tiene “uno de los índices de crímenes por arma de fuego más bajos del mundo”. Una primera razón es el difícil acceso a las armas de fuego. Hay que llevar clases, aprobar test de drogas y de salud mental, un examen escrito y una prueba en el polígono. Los postulantes que lleguen a la última etapa y hayan demostrado no tener antecedentes criminales o vínculos con extremistas, deberán tener “más de 95% de aciertos” al blanco. Finalmente, no se permite portar armas de mano, solo “escopetas y rifles de aire comprimido”.

Si los ciudadanos consiguen la licencia, deberán sortear otros problemas. Primero deberán informar a las autoridades dónde guardan las armas y demostrar que están bajo llave. No es lo único. Para el 2019, en Japón se permitía solo tres tiendas de armamento por municipio y, para comprar municiones nuevas, es requisito devolver el cartucho usado. Y, al cabo de tres años de tener el permiso, se debe volver a postular desde cero.

A pesar de las restricciones y de ser “la primera nación del mundo en promulgar una ley de control de armas”, es imposible evitar todos los atentados. Se recuerda el asesinato del alcalde de Nagasaki, Itcho Ito. En el 2007 y en medio de la campaña para reelegirse, Shiro Tetsuya -miembro de la Yakuza y condenado a muerte al año siguiente- le disparó. El motivo: además de que la mafia estaba vinculada con las obras públicas, Tetsuya tuvo un accidente de auto y acusó a la ciudad de una mala señalética, pero los tribunales no le dieron la razón.

Similar suerte corrió uno de los predecesores de Ito en el cargo. En enero de 1990, Hitoshi Motoshima fue acribillado por un extremista de derecha enojado porque el alcalde acusó al emperador Hirohito de causar la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial.

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Un combo especial

Además de limitar el acceso a las armas de fuego, Japón aplica castigos importantes, políticas de prevención y desarrolla actividades para sus comunidades. Según la CNN, portar un arma y ser parte del crimen organizado, puede significar 15 años de cárcel. Manejar más de dos, también un máximo de 15. Y, claro, disparar en un espacio público, hasta cadena perpetua.

También han funcionado bien los kōban, que la BBC define como “pequeños puestos donde residen y trabajan de dos a tres policías cuya labor es ofrecer un servicio a la comunidad”, institución que data de 1874. Esto incluye temas de seguridad o consultas sobre objetos perdidos. Para el 2019, hubo más de 6.600 en todo Japón.

El medio también da cuenta de una educación escolar acompaña de “actividades con la policía”, lo que incluye charlas sobre drogas, comportamiento vial, etc.

También juega a favor de la tranquilidad japonesa la colaboración de los ciudadanos. “En muchas casas y tiendas hay una pegatina que dice ‘Kodomo 110ban en el Ie’ en la puerta. Eso indica que el lugar puede ser utilizado como refugio para niños que se encuentren en alguna situación de peligro. Además, durante los primeros seis años de educación primaria, los alumnos llevan colgando de la mochila una alarma que activan en situación de peligro”, escribe la BBC.

Pero la sociedad japonesa dista de ser perfecta. Hacia el 2017, hubo 17.006 crímenes cometidos por extranjeros. Y ni hablar de la presencia de la Yakuza. La BBC recuerda: “En los peores momentos del crimen organizado en el país, en 1963, llegaron a contabilizarse 184.000 miembros, número que logró reducirse gracias a la ‘ley anti-Yakuza’”.

La legislación data de 1991, pero se fue volviendo más punitiva. En la actualidad, es ilegal negociar con la mafia o sus miembros; en tanto que las personas que no denuncien que son víctimas de extorsión, son considerados cómplices.

Los últimos magnicidios

El asesinato de Shinzo Abe se suma a una larga lista de líderes políticos que, alejados del poder, fueron asesinados en los últimos 50 años. La agencia EFE recuerda a Aldo Moro, exprimer ministro de Italia (1963-1968 y 1974-1976). En 1978, él fue secuestrado por las Brigadas Rojas y, 55 días después, asesinado. Su cuerpo fue hallado dentro de un coche estacionado en Roma.

Otro ejemplo es Anastasio Somoza Debayle, hijo del dictador nicaragüense, quien gobernó entre 1967 y 1979. Luego de ser derrocado por los sandinistas y exiliarse en Paraguay, el 17 de setiembre de 1980 fue abatido por guerrilleros argentinos.

Por su lado, Rajiv Gandhi, exprimer ministro indio (1984-1989), fue víctima de un ataque de los Tigres de Liberación de la Patria Tamil. El 25 de mayo de 1991, en Sriperumbudur, falleció por “una bomba oculta, al parecer, en un ramo de flores”.

La lista continúa: Benazir Bhutto, exministra de Paquistán (2007, acribillada); Rafik Hariri, exprimer ministro del Líbano (2005, coche bomba); Salim Khan Yandarbiyev, expresidente checheno (2004, coche bomba); Burhanuddin Rabbani, expresidente de Afganistán (2011, atentado suicida); Abdul Saboor Farid Kuhestani, exprimer ministro de Afganistán (2007, acribillado); y Ali Abdalá Saleh, expresidente de Yemen (2017, granada propulsada por cohete y armas de fuego).