Un centenar de residentes buscan en los tribunales detener el vertido de Fukushima

En torno a 150 residentes de las prefecturas de Fukushima, Miyagi y alrededores del noreste japonés presentaron este viernes una demanda pidiendo la interrupción del vertido al mar del agua tratada de la accidentada central nuclear de Fukushima.

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La demanda, la primera de este tipo desde que comenzara el vertido a finales de agosto, fue presentada en el Tribunal de Distrito de Fukushima en contra de la empresa propietaria de la planta, Tokyo Electric Power (TEPCO), y el Gobierno central japonés, responsables del plan, según informó la agencia local de noticias Kyodo.

La denuncia pide detener el vertido, alegando que amenaza el derecho de los ciudadanos a vivir de forma segura y que obstaculiza los negocios de los pescadores locales, que se han mostrado abiertamente críticos con el proceder del plan.

Los demandantes buscan también la nulidad de la aprobación por parte del regulador nuclear de las instalaciones construidas para la liberación del vertido y la prohibición en sí del vertido.

El vertido al océano Pacífico del agua contaminada tratada de la central de Fukushima comenzó el pasado 24 de agosto, tras más de un año de preparación y después de obtener el visto bueno del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El Gobierno japonés alega que el vertido es una parte necesaria de las labores de desmantelamiento de la accidentada central, escenario del segundo peor accidente nuclear de la historia en 2011.

Millones de toneladas de agua contaminada ha sido generada en las instalaciones, bien por los trabajos de enfriamiento de los reactores dañados y el combustible fundido o de filtraciones de agua de lluvia en las mismas a lo largo de los años.

Este agua es tratada mediante un complejo sistema de filtrado que elimina la mayor parte de los elementos radiactivos nocivos, menos el tritio, antes de su almacenamiento en tanques para ser vertida.

La central se está quedando sin tanques ni espacio físico para instalarlos, por lo que se ha optado por verter el agua depurada al mar, un proceso que se prolongará al menos durante 30 años.

El Ejecutivo defiende la seguridad del vertido, dado que el agua tratada se diluye para reducir los niveles de tritio presentes a menos de una cuarta parte de la concentración permitida según las normas nacionales de seguridad y dentro de los estándares internacionales que baraja el OIEA.

El organismo ha recordado en varias ocasiones que las centrales nucleares de todo el mundo vierten de forma habitual agua tratada que contiene tritio y otros radionucleidos como parte de sus operaciones normales.