La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusó este martes al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de compartir sin consentimiento previo los datos personales de cientos de miles de rohinyás refugiados en los campamentos de Bangladesh.
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ACNUR compartió con el Gobierno de Bangladesh información personal de rohinyás, incluidas fotografías analógicas, imágenes de huellas digitales y otros datos biográficos, denunció HRW en un comunicado.
Según la organización humanitaria, estos datos fueron enviados posteriormente a las autoridades de Birmania (Myanmar), país del que huyeron tras una ofensiva militar, para acordar una posible repatriación.
“Las prácticas de recopilación de ACNUR con los rohinyás en Bangladesh fueron contrarias a las propias políticas de la agencia (de la ONU) y expusieron a los refugiados a nuevos riesgos”, indicó en el escrito la directora de crisis y conflictos de HRW, Lama Fakih.
En este sentido, “ACNUR solo debe permitir que los datos que recopile se compartan con los países de origen cuando haya obtenido el consentimiento libre e informado de los participantes de manera adecuada”, agregó.
ACNUR ha registrado desde 2018 los datos de cientos de miles de refugiados rohinyás residentes en los campamentos de Cox’s Bazar, en el sur de Bangladesh, y el Gobierno del país asiático los ha utilizado para repartir ayudas y organizar servicios esenciales.
Tras entrevistar a 24 miembros de la perseguida minoría, todos menos uno negaron tener constancia de que ACNUR mencionase que los datos serían compartidos con Myanmar para una posible repatriación, según HRW.
Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU negó cualquier tipo de irregularidad o violación de sus políticas.
“Durante los registros, realizados conjuntamente por ACNUR y el Gobierno de Bangladesh, se informa a cada familia sobre el propósito del registro conjunto, que está destinado principalmente a brindar protección, documentación y asistencia a los refugiados rohinyás”, dijo a Efe la portavoz de ACNUR en Cox’s Bazar, Louise Donovan.
“Se pide a todos que den su consentimiento para que sus datos se compartan con los socios en el terreno”, afirmó Donovan, antes de agregar que este ejercicio “se utiliza para conocer la antigua residencia de los refugiados en Birmania y el derecho a regresar”.
Alrededor de unos 738.000 rohinyás huyeron a Bangladesh después de una campaña de persecución y violencia lanzada por el ejército de Myanmar en agosto de 2017 que la ONU describió como un intento de “limpieza étnica”.
Entre 2018 y 2021, el Gobierno de Bangladesh envió al menos 830.000 nombres a Birmania para las evaluaciones de elegibilidad de repatriación, mientras que las autoridades birmanas acordaron el regreso de unos 42.000 rohinyás.
Ambos países han intentado hasta en dos ocasiones repatriar a los miembros de esta minoría principalmente musulmana, pero los refugiados se han negado a regresar hasta que Birmania les garantice su ciudadanía y seguridad en el país.
Sin embargo, el golpe militar del pasado 1 de febrero en Birmania arrojó nuevas dudas sobre la posibilidad de que los rohinyás puedan volver pronto a sus hogares.
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