La ejecución de cuatro activistas pro democracia el pasado fin de semana en Myanmar “marca un mayor deterioro en el pésimo estado de los derechos humanos en Myanmar”, dijo hoy el secretario general de la ONU, António Guterres, en un comunicado.
Guterres recordó, de entrada, que se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia, y reclamó además “la inmediata liberación de todos los presos detenidos arbitrariamente”, incluyendo el presidente depuesto por la junta militar, Win Myint, y la consejera de Estado y premio nobel de la paz, Aung San Suu Kyi.
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La junta militar birmana que se impuso en el poder tras el golpe de hace un año y medio mandó ejecutar a cuatro activistas prodemocracia acusados de “actos terroristas”, los primeros en ser llevados al patíbulo en décadas en el país asiático.
Entre los ejecutados se encuentran al antiguo parlamentario de la Liga Nacional para la Democracia Phyo Zeya Thaw y el activista Ko Jimmy, condenados en enero por cargos de terrorismo a raíz de sus actividades contra la junta.
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Los otros dos son Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, acusados de haber matado a una mujer por ser supuestamente confidente de los militares.
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