Así como el 28 de julio de este año, día en que se celebraron las elecciones presidenciales, el 10 de enero del año entrante será otra fecha clave en el calendario político de Venezuela. Ese día debe tomar posesión del cargo el mandatario del país llanero para el período 2025-2031, y lo que menos hay en estos momentos es certidumbre sobre lo que ocurrirá en la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento) en dicha fecha.
En su discurso más reciente, el autócrata Nicolás Maduro ha convocado a los simpatizantes del chavismo a movilizarse “por millones” y salir a las calles el próximo 10 de enero para “jurar por Venezuela, por la independencia y la patria bolivariana”, sin importar que hasta ahora el máximo organismo electoral no haya entregado las actas -más de cuatro meses después de la elección- que demuestren el triunfo en las urnas del que se ufana.
Desde la oposición, Edmundo González Urrutia, ha recalcado que a principios de enero estará de vuelta en Caracas para jurar el cargo y también señaló estar “moralmente preparado” para una eventual detención.
Treinta días faltan para que, si la democracia funcionara efectivamente en Venezuela, Nicolás Maduro le ceda el poder a Edmundo González Urrutia. El mismo líder opositor ha reconocido, sin embargo, que “de momento no existe ninguna disposición de acatar la voluntad ciudadana” por parte del régimen chavista. ¿Y entonces? “Hay que seguir ejerciendo la máxima presión democrática y diplomática para concretar el cambio”, afirma González desde su exilio en España, país al que llegó el 8 de setiembre ante la posibilidad de un inminente arresto.
Es cierto que la presión internacional ayuda y visibiliza el problema, pero esperar que signifique la llave del cambio (con sanciones, multas o retiro de embajadores, por ejemplo) resulta iluso. La presión más útil pasa por abrir espacios de negociación política en los que la oferta de transición a la democracia ofrezca garantías a quienes salen del poder. ¿Garantías de impunidad a los altos mandos militares que siguen atrincherados con Maduro? ¿Algún tipo de incentivos para abrir grietas en el oficialismo? Lo decidirán los interlocutores de cada bando.
Este martes 10 se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos, terreno en el cual Venezuela está en extensa deuda. Durante la última década han pasado por las cárceles venezolanas por razones políticas más de 17.000 personas. Y solamente desde los comicios de julio se ha contabilizado unos 1.900 presos políticos, entre ellos 42 adolescentes y 245 mujeres. Además, desde marzo de este año existe un asedio implacable a la embajada argentina en Caracas, donde están confinados seis activistas ligados a la oposición en calidad de refugiados.
Con las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzosas y la vigilancia de cualquier atisbo de protesta, el aparato represor chavista ha logrado su cometido de enfriar la calle en las últimas semanas. Eso ha envalentonado a Maduro y sus esbirros, pero no significa el final de la lucha. La líder opositora María Corina Machado, quien sería la vicepresidenta si asume González Urrutia, acaba de decir que “muchas tiranías han colapsado cuando menos lo esperaban” y que mantenerse equidistantes del conflicto en su país es “colocarse del lado del mal”.