Venezuela: el chavismo redobla sus agresiones a la prensa crítica

JUAN FRANCISCO ALONSO Desde Caracas para El Comercio

“No van a lograr callar a ‘El Nacional’, tendrían que venir aquí con una tanqueta”. Así de contundente se mostró el viernes pasado Miguel Henrique Otero, editor del diario venezolano, durante el brindis por el aniversario 70 del rotativo. Hacía clara alusión a la medida judicial de congelación de bienes y cuentas que le fue impuesta, y que ha tildado como otro ataque contra la libre circulación de ideas e informaciones en su país.

La acción contra Otero, aunque novedosa, se suma a la larga lista de procesos judiciales y administrativos que funcionarios o ex funcionarios han iniciado contra periodistas y medios en los últimos años. Espacio Público, una ONG dedicada a velar por el derecho a la libertad de expresión en Venezuela, ha contabilizado que 44 comunicadores y empresas periodísticas han sido demandados, enjuiciados o multados desde el 2002 hasta el 2012. Con los casos registrados este año, la cifra llega a 50.

“El bloqueo de las cuentas bancarias a directivos de medios es algo no visto. Seguramente las autoridades han visto que genera un menor costo político y que la sociedad la tolera más que los juicios por difamación o injuria, que las multas o simplemente el cierre de medios como los que vimos en el 2007 con el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV) y en el 2010 con las 32 emisoras radiales. Es un mecanismo sofisticado para golpear y ablandar a los medios”, afirma el director de Espacio Público, Carlos Correa. En su opinión, en Venezuela “hay un patrón de hostigamiento sistemático a los medios”.

En similares términos se pronuncia el presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Tinedo Guía, quien expresó su profunda preocupación “por el uso de la justicia para entorpecer la labor de los periodistas”.

UN AÑO MÁS DIFÍCIL Correa estima que el 2013 va por el camino de convertirse en uno de los peores años para ejercer el periodismo en Venezuela. “Estamos viendo un repunte de acciones contra comunicadores y medios como el que se registró luego del referendo revocatorio presidencial del 2004”, señala.

De hecho, en lo que va del 2013 dos periodistas han sido demandados por un gobernador oficialista por difamación e injuria; asimismo, días antes de la medida contra el máximo directivo de “El Nacional” los tribunales, a solicitud del chavismo, congelaron las cuentas del presidente del semanario “6to Poder”, Leocenis García, a quien acusaron de legitimar capitales mediante esa empresa. Hoy García se encuentra bajo detención preventiva.

La semana pasada también se conoció la noticia de que un tribunal admitió la demanda que un empresario vinculado al chavismo –actualmente encarcelado por corrupción– interpuso contra el editor del diario regional “Correo del Caroní”, David Natera, justamente por publicar información sobre las investigaciones de sus presuntos delitos. El dictamen prohíbe al medio seguir dando cobertura al caso.

Meses atrás a Globovisión la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) le abrió un procedimiento administrativo –el décimo en una década–, por una falla que ocurrió al momento de retransmitir un discurso del presidente Nicolás Maduro y durante las exequias de Hugo Chávez una ciudadana fue detenida por enviar, vía Twitter, unos mensajes redactados en los que se ponía en duda que el cadáver del mandatario estuviera en la capilla ardiente colocada en la Academia Militar.