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Arthur Napoleon Raymond Robinson y Hugo Chávez eran presidentes de Trinidad y Tobago y Venezuela cuando esos países abandonaron el Pacto de San José. (Foto: AFP)
Si Perú llegara a retirarse del Pacto de San José, como ha propuesto la bancada de Unión por el Perú (UPP), se convertiría en el tercer país en dejar el sistema interamericano que, en esencia, vela porque las naciones que lo integran respeten las libertades y derechos humanos.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos -también llamada Pacto de San José- fue suscrita tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978.
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Según indica un documento oficial del organismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos se define como “un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados partes”.
Asimismo, la Convención establece que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) son los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados que integran la Convención y regula su funcionamiento.
Aunque 25 países suscribieron la Convención, solo 23 países integran ahora el Pacto de San José: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.
Trinidad y Tobago denunció a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 26 de mayo de 1998, mientras que Venezuela lo hizo el 10 de setiembre del 2012. Finalmente, ambos países abandonaron el sistema interamericano un año después de haber presentado sus denuncias.
Perú ratificó el pacto el 9 de setiembre de 1980 y el 20 de octubre siguiente reconoció formalmente la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero el país tuvo un alejamiento de la Convención después de que en julio de 1999, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, retirara su "declaración de reconocimiento de la cláusula facultativa de sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Sin embargo, según consta en documentos de la Comisión, esa decisión fue revocada por el Gobierno Peruano en enero del 2001 y el país reiteró que el “reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, efectuada por el Perú el 20 de octubre de 1980, posee plena vigencia y compromete a todos sus efectos jurídicos al Estado peruano”.
A continuación, explicaremos cómo se dio el proceso de abandono del Pacto de San José por parte de Trinidad y Tobago y de Venezuela.
Trinidad y Tobago
El Pacto de San José establece que los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien debe informar a las otras partes.
Además, indica que “dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto”.
Trinidad y Tobago ratificó el Pacto de San José en mayo de 1991, pero 7 años después, específicamente el 26 de mayo de 1998, denunció la Convención Americana de Derechos Humanos. El motivo fue la imposición de la pena de muerte.
El país caribeño tiene vigente desde 1925 la Ley de Delitos contra la Persona que permite imponer la pena de muerte por homicidio intencional, aspecto que incluyó como “reserva” cuando se adhirió a la Convención.
Las tensiones escalaron luego de que diversos casos sobre violación a los derechos humanos de parte de Trinidad y Tobago, vinculados a la pena de muerte, empezaron a ventilarse cada vez con más frecuencia ante la Comisión y la Corte.
La denuncia de Trinidad y Tobago hacia la Convención entró en vigencia el 26 de mayo de 1999. La Comisión y la Corte continuaron atendiendo denuncias contra esa nación hasta esa fecha.
Amnistía Internacional reveló que en el 2019, por undécimo año consecutivo, Estados Unidos siguió siendo el único país que llevó a cabo ejecuciones en América. En el resto del continente, Barbados eliminó ese año de su Constitución la pena de muerte obligatoria.
Trinidad y Tobago fue el único país que la conservó para los casos de asesinato. Según Amnistía Internacional, un estudio realizado en ese país, a lo largo de un periodo de 50 años no hubo una conexión significativa entre los homicidios y el encarcelamiento, las condenas a muerte o las ejecuciones.
Venezuela
Venezuela denunció a la Convención el 10 de setiembre del 2012 a través de un comunicado enviado al secretario general de la OEA. La denuncia surtió efecto a partir del 10 de setiembre del 2013, fecha desde la que el país llanero salió del sistema interamericano.
“Tenemos bastantes argumentos para justificar nuestra actuación, nuestro principio ético, nuestra conducta moral”, dijo en el 2012 el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, quien por ese entonces buscaba en las urnas su tercer mandato consecutivo de seis años.
Chávez, que llevaba años de ignorar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a la que acusaba de estar bajo el mando de EE.UU., estaba decidido a llevar adelante la denuncia contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, primer paso para que se formalizara su salida de la Corte IDH.
El chavismo acusaba al sistema interamericano de ser “un brazo del imperio para agredir a Venezuela” y de apoyar a terroristas.
Entre los varios ejemplos que el entonces mandatario usó para afirmar que la Corte IDH actuaba contra Venezuela estaba que el organismo había responsabilizado al Estado de “tratos inhumanos” a Raúl Díaz Peña durante sus seis años de reclusión en Venezuela por participar en los atentados con bomba contra sedes diplomáticas de España y Colombia en el 2003.
La decisión del Gobierno de Venezuela desató fuertes críticas de ONG y organismos defensores de los Derechos Humanos dentro y fuera del país, en momentos en que el régimen chavista ya era cuestionado por la comunidad internacional.
Cabe destacar que aunque salir de la Convención implica dejar de estar bajo la jurisdicción de la Corte IDH, para retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no hay otra opción que salirse definitivamente de la OEA, la única organización continental que agrupa plenamente a 34 países en la actualidad.
Por ello, desde que Venezuela abandonó el Pacto de San José las víctimas de violaciones a los DD.HH. contaban en el ámbito internacional con el sistema de protección de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana (CIDH), inherente a su pertenencia a la OEA.
Pero Venezuela ya por ese entonces venía ignorando las resoluciones de la CIDH y las sentencias de la Corte IDH. La situación empeoró aún más cuando el 27 de abril del 2019 Venezuela abandonó formalmente la OEA, un acontecimiento histórico pues ningún Estado hasta ahora se ha retirado de ese organismo hemisférico.
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